LD (EFE)
La comparecencia de Meroño, solicitada por PSOE, CiU y PNV, tendrá lugar ante la comisión de Economía y Hacienda de la Cámara Baja a las 10.30 horas, después de que el Consejo de Administración de la CNE acordase el pasado 30 de abril no autorizar la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola, al considerar que la operación ponía en peligro las inversiones en actividades reguladas del sector energético. La decisión de la CNE fue respaldada por seis de los nueve consejeros de este organismo, entre ellos su presidente Pedro Meroño.
Según el organismo regulador, la eventual fusión entre Gas Natural e Iberdrola hubiera recortado en 222 millones de euros, más de un 12 por ciento, las inversiones en redes de distribución previstas por la eléctrica para el periodo 2003-2006, lo que "podría poner en peligro la favorable evolución de la calidad del servicio ofrecida por Iberdrola a los usuarios eléctricos".
La resolución de la CNE señalaba también que "existe un riesgo significativo" en el desarrollo futuro de las actividades reguladas por la posible transferencia de rentas desde los negocios regulados a los liberalizados. Además, el organismo regulador sostiene que la integración de las actividades de distribución de gas y electricidad en una única empresa " podría provocar un desarrollo no homogéneo" de las redes y "reducir la transparencia " en ambos negocios.
En el capítulo financiero, la CNE afirma que "no dispone ni puede disponer con certeza" de la estructura económico-financiera de la empresa resultante de una eventual fusión. Esta " indeterminación en el grado de endeudamiento que se prevé financiar con el patrimonio regulado hace cuestionarse la viabilidad de la operación", ya que los activos regulados no deben asumir ninguna responsabilidad.
Según el organismo regulador, la eventual fusión entre Gas Natural e Iberdrola hubiera recortado en 222 millones de euros, más de un 12 por ciento, las inversiones en redes de distribución previstas por la eléctrica para el periodo 2003-2006, lo que "podría poner en peligro la favorable evolución de la calidad del servicio ofrecida por Iberdrola a los usuarios eléctricos".
La resolución de la CNE señalaba también que "existe un riesgo significativo" en el desarrollo futuro de las actividades reguladas por la posible transferencia de rentas desde los negocios regulados a los liberalizados. Además, el organismo regulador sostiene que la integración de las actividades de distribución de gas y electricidad en una única empresa " podría provocar un desarrollo no homogéneo" de las redes y "reducir la transparencia " en ambos negocios.
En el capítulo financiero, la CNE afirma que "no dispone ni puede disponer con certeza" de la estructura económico-financiera de la empresa resultante de una eventual fusión. Esta " indeterminación en el grado de endeudamiento que se prevé financiar con el patrimonio regulado hace cuestionarse la viabilidad de la operación", ya que los activos regulados no deben asumir ninguna responsabilidad.