LD (José Carlos Rodríguez) El diario Expansión incluye este jueves un reportaje en el que hace mención de algunos de estos enfrentamientos. Carmen Calvo abrió el camino con su propuesta de rebajar el IVA en los discos del 16 al 4 por ciento y de los libros del 4 al 1 por ciento. La respuesta de Pedro Solbes fue inmediata y clara: por ahí no se va. Pero era sólo la primera cuenta de una larga serie de enfrentamientos con otros ministros. Jesús Caldera propuso, en diciembre de 2004, actualizar automáticamente el salario mínimo interprofesional de acuerdo con la inflación. Para 2005 prometió una subida "bastante por encima del objetivo de la inflación para 2005 con el fin de hacer justicia social". Pedro Solbes, que entonces tenía peso en el Gobierno, le ordenó retirar la propuesta.
Solbes también paró una de las promesas electorales del PSOE. El PP introdujo en el Gobierno la deducción de 1.200 euros anuales en el IRPF para las madres trabajadoras con hijos menores de tres años. Los socialistas prometieron durante la campaña extender esta paga a las madres desempleadas, pero Solbes dijo no, y el Gobierno tuvo que anunciar que abandonaba la propuesta.
Hay un asunto en el cual Pedro Solbes ha tenido que enfrentarse con dos ministras, aunque las dos del mismo despacho, el de vivienda, ocupado sucesivamente por María Antonia Trujillo y Carme Chacón. Se trata de la propuesta de ambas de introducir una desgravación fiscal a los inquilinos, con el objetivo de favorecer el alquiler frente a la compraventa de pisos.
Pedro Solbes, que ya había rechazado las ayudas directas al alquiler, le paró los pies a Trujillo en lo que se refiere a las desgravaciones del alquiler. La sucesora de la extremeña, Carme Chacón, volvió a la carga y las volvió a plantear. Pedro Solbes no tardó más que unas horas en decirle elegantemente que no las habrá.
El entonces ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, más tarde sustituido por Elena Salgado, hizo una propuesta de rejuvenecimiento de la Administración. Sin llegar a lo que considera "excesos" de las empresas privadas, Sevilla propuso un plan de prejubilaciones podría aplicarse a los empleados de entre 58 y 64 años –unas 25.000 personas–. El número dos de Economía fue el encargado, en esta ocasión, de dar el no.
Otro de los enfrentamientos de Solbes con los demás miembros del Gobierno, no recogido por el reportaje del diario Expansión, es el que mantuvo con el entonces ministro de Industria José Montilla, a cuenta del asalto por Gas Natural de la primera eléctrica española: Endesa. Montilla, hoy presidente de la Generalidad, hablaba entonces de "campeones nacionales", sugiriendo una defensa de la unión de las dos empresas frente a las pretensiones de la alemana E.On. Sin referirse exactamente a su colega, Solbes mostró "sus dudas" sobre la figura de los campeones nacionales.
Pero si Solbes había ido ganando prácticamente todas las batallas, la situación parece haber cambiado. Ahora que los nuevos ministros quieren ganarse cierta notoriedad en el breve período que les queda antes de que se celebren elecciones generales y que las propuestas electoralistas son especialmente bien recibidas, es cuando más falta haría la mayor solvencia de Solbes. Pero es precisamente ahora cuando su posición es más débil.
Todo parece haber cambiado desde su oposición a la medida propuesta por el propio presidente del Gobierno de otorgar 2.500 euros por nacimiento o adopción de hijo. Solbes adelantó sus dudas de que se pudiera asumir su coste anual, cifrado inicialmente en 1.200 millones de euros por año. Una cantidad que crecería con cada ejercicio. El remate del desencuentro de Solbes con su presidente pudo llegar cuando Solbes trastocó la gira de Zapatero por Cataluña.
Se ha visto con claridad en la trifulca a cuento de la propuesta de Manuel Chaves de una Ley del Derecho a la Vivienda por la cual las autoridades garantizarán que el esfuerzo para comprar no supere un tercio de los ingresos familiares ni una cuarta parte en caso del alquiler. La Comunidad lo garantizará, dice, para quienes ganen menos de 3.100 euros mensuales.
Carme Chacón, ministra de vivienda, se sumó con entusiasmo a la propuesta de Chaves y animó a todas las Administraciones Públicas, "al margen de colores políticos", a que adopten medidas similares. Pero Pedro Solbes salió con la jarra de agua fría diciendo desde los micrófonos de la Cadena SER que "son cosas que suenan bien, pero luego hay que aplicarlas, y aplicarlas significa restricciones económicas". El propio Chaves salió en defensa de su propuesta diciendo que "los ministros de Economía, y he conocido a muchos, cuando se trata de aumento del gasto social se ponen un poco a la defensiva". Pero ya no hay oposición del ministro a una medida electoralista que pueda tener efecto. La vicepresidenta primera del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, guardiana de la política de Zapatero, también salió en defensa de la medida de Chaves.
El otra ocasión sería el propio Rodríguez Zapatero el que se suma a una de sus ministras, Carme Chacón, frente Solbes, que vuelve a quedarse sólo. Zapatero concede una entrevista al diario El País en la que levita sobre la realidad, al menos desde el punto de vista económico. Dice que "no hay ninguna repercusión directa" de la crisis de EEUU por las hipotecas subprime "en el mercado inmobiliario y en el sistema financiero español" y que "los tipos de interés y el Euribor deben haber tocado techo". Chacón insistía en la expresión "tocar techo" referida a los tipos de interés al día siguiente. Solbes intenta enfriar el triunfalismo de la ministra y del presidente, y es este último quien insiste, dejando otra vez al ministro de Economía al margen.
Pero la desautorización de Solbes por De la Vega no es un hecho puntual. Ello quedaría claro en el siguiente y hasta el momento último enfrentamiento del ministro con sus colegas, el que ha tenido con el titular de Sanidad por la gratuidad de la atención dental desde los 7 a los 15 años. Solbes plantea dos dificultades: No hay memoria económica que diga cuánto va a costar eso, y "la invasión de competencias de las comunidades autónomas". Da igual. No ya Bernat Soria, el promotor de la idea, le adelanta, como si estuviese ya decidido, que la medida "irá adelante". Es la propia Fernández de la Vega quien también le desautoriza.
Soria y De la Vega llaman "transparencia" al hecho de que los ministros estén frecuentemente a la gresca. Pero lo que se transparenta es que cada ministro tira por su negociado. El PP ha aprovechado para declarar, por boca de Eduardo Zaplana, que "lo que pone de manifiesto es que no estábamos tan desacertados cuando decíamos que había aquí un gobierno sin proyecto".