LD (EFE)
Un juzgado madrileño ha ordenado en un auto que las entidades financieras se abstengan de reclamar judicial o extrajudicialmente los créditos concedidos a los alumnos de las academias de Opening y Aidea, que cerraron el año pasado, según informó la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE). El auto dictado por la titular del juzgado de primera instancia número 17 de Madrid resuelve las medidas cautelares solicitadas en el caso.
Según explica ADICAE, esta decisión responde a la ampliación de la demanda presentada en enero por la asociación en representación de seiscientos afectados contra Opening y Aidea y las entidades financieras Pastor Serfin, BSCH, Eurocrédito, Finanzia BBVA, Caja Madrid y Banesto. La juez, añade la organización, ha ordenado también a los bancos que no cedan datos de los alumnos a registros de morosos o de insolvencia patrimonial y que excluyan de los mismos a las personas que ya se encuentran inscritas en las listas de impagados, medidas que han sido comunicadas a la Agencia de Protección de Datos y al Banco de España.
Los bancos y las cajas de ahorro demandados deberán hacerse cargo de las costas judiciales, según señala ADICAE, que destaca la importancia de un auto que ampara a los alumnos asociados a ADICAE de toda España, siempre que no hayan iniciado individualmente otros procedimientos judiciales. En los próximos días se celebrarán las vistas para que la justicia adopte las medidas cautelares solicitadas por ADICAE en el caso Opening de Zaragoza, por el cierre de Wall Street Institute en La Coruña y por el caso Oxford en Barcelona, donde la organización confía en lograr los mismos resultados que en Madrid y en Sevilla, donde se dictó un auto similar.
Según explica ADICAE, esta decisión responde a la ampliación de la demanda presentada en enero por la asociación en representación de seiscientos afectados contra Opening y Aidea y las entidades financieras Pastor Serfin, BSCH, Eurocrédito, Finanzia BBVA, Caja Madrid y Banesto. La juez, añade la organización, ha ordenado también a los bancos que no cedan datos de los alumnos a registros de morosos o de insolvencia patrimonial y que excluyan de los mismos a las personas que ya se encuentran inscritas en las listas de impagados, medidas que han sido comunicadas a la Agencia de Protección de Datos y al Banco de España.
Los bancos y las cajas de ahorro demandados deberán hacerse cargo de las costas judiciales, según señala ADICAE, que destaca la importancia de un auto que ampara a los alumnos asociados a ADICAE de toda España, siempre que no hayan iniciado individualmente otros procedimientos judiciales. En los próximos días se celebrarán las vistas para que la justicia adopte las medidas cautelares solicitadas por ADICAE en el caso Opening de Zaragoza, por el cierre de Wall Street Institute en La Coruña y por el caso Oxford en Barcelona, donde la organización confía en lograr los mismos resultados que en Madrid y en Sevilla, donde se dictó un auto similar.