La prensa de EEUU ha ganado la batalla judicial a la FED. Un tribunal federal dictamina que la Reserva Federal deberá hacer públicas las ayudas concedidas a los grandes bancos y compañías de EEUU que han participado en su programa de rescate financiero.
La juez Loretta Preska rechazó el argumento esgrimido por la FED, consistente en que la divulgación de estos datos podría perjudicar a las empresas que fueron auxiliadas por el banco central
La FED lleva meses ocultando el nombre de los beneficiarios de su programa de rescate, así como el importe de los préstamos y ayudas concedidas o los activos que han servido de colateral para el otorgamiento de tales créditos extraordinarios, bajo la excusa de que la publicación de estas cifras podría inquietar a los accionistas de las entidades beneficiadas e, incluso, provocar una pánico bancario (retirada de depósitos) en EEUU.
Por el contrario, la agencia de noticias Bloomberg alegó que, tras emplear un volumen de recursos públicos sin precedentes para rescatar a empresas y bancos, la ciudadanía tenía "derecho a conocer" en detalle el rescate financiero aplicado por la FED desde 2007, mediante sus diversos programas de inyección de liquidez al sistema, y que asciende a más de 2 billones de dólares.
La polémica saltó a finales de 2008, cuando el entonces secretario del Tesoro de EEUU, Henry Paulson, y el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, defendieron ante la Cámara de Representantes su plan inicial de auxilio financiero de 700.000 millones de dólares (el conocido como Plan Paulson).
Bloomberg denunció entonces a la FED y al Tesoro de EEUU por negarse a identificar a los beneficiarios de los casi 2 billones de dólares de los contribuyentes estadounidenses que repartió el banco central.
La agencia denunció el pasado 7 de noviembre a la Reserva Federal en virtud del principio de Libertad de Información para que aportara todos los detalles sobre sus 11 programas de crédito extraordinario puestos en marcha desde el inicio de la actual crisis. Sin embargo, los organismos públicos dieron la callada por respuesta, imponiendo una Ley del Silencio que, ahora, ha sido tumbada por un tribunal federal.