ACS

ACS ha obtenido un beneficio neto de 607,5 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 38 por ciento respecto al mismo periodo de 2005. Sólo con las participaciones que la compañía de Florentino Pérez tiene en Unión Fenosa, Abertis y, hasta el momento, en Urbis Inmobiliaria, proporcionaron 262 millones al beneficio por puesta en equivalencia.

Repsol YPF cerró la sesión de este martes con una caída del 6,03% por la dificultad de que prospere ahora una OPA hostil a la petrolera tras la compra de parte de su capital por parte de la constructora Sacyr Vallehermoso. Sacyr Vallehermoso también cerró la sesión en negativo, aunque con un descenso más moderado que Repsol YPF, al dejarse un 1,07%. Sus títulos terminaron en 40,78 euros, tras alcanzar un nivel máximo de 41,82 euros y un mínimo de 40,64 euros. El volumen de negocio alcanzó los 27,59 millones de euros.

Sacyr Vallehermoso (SyV) se ha hecho con participación del 9,2 por ciento del capital social de Repsol YPF, porcentaje que presenta un valor en bolsa de unos 3.340 millones de euros a cierre de la sesión de este lunes. El grupo de construcción y servicios que preside Luis del Rivero ha tomado parte de esta participación de forma directa con la compra de acciones y otra parte a través de opciones. Sacyr pretende alcanzar una participación del 10 por ciento para entrar en el Consejo de Administración de la petrolera. Las acciones de Repsol ganaron este lunes en bolsa un 4,55 por ciento.

El grupo constructor y de servicios ACS ha pedido a la Comisión Nacional de la Energía que levante la limitación del 3 por ciento de sus derechos políticos en Iberdrola, empresa en la que tiene una participación del 10 por ciento. El artículo 34 del Real Decreto-Ley 6/2000 impide que una sociedad ejerza derechos políticos superiores al 3 por ciento en dos empresas consideradas operadores principales del sector energético. El grupo presidido por Florentino Pérez tiene participaciones significativas tanto en Iberdrola (10 por ciento) como en Unión Fenosa (35 por ciento), y ha pedido permiso a la CNE para aumentar su porcentaje en la primera hasta un máximo del 24,9 por ciento.

El presidente de ACS, Florentino Pérez, ha elevado hasta el 10,02 por ciento su participación en el capital social de la empresa, tras comprar en el mercado un paquete de 1,72 millones de títulos representativos de un 0,48 por ciento de su accionariado, por un importe de unos 65 millones de euros, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

ACS ha pedido permiso a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para hacerse con el 10 por ciento del capital de Iberdrola, dado que la empresa ya tiene una participación importante en Unión Fenosa, según han informado fuentes del organismo regulador de los mercados energéticos. ACS cuenta con un 35,1 por ciento del capital de Unión Fenosa, con lo que al adquirir el 10 por ciento de Iberdrola se han disparado los rumores sobre una posible fusión entre las dos eléctricas.

El grupo constructor y de servicios ACS ha aumentado su participación en Iberdrola hasta alcanzar el 10 por ciento del capital social de la eléctrica, con la compra de un paquete del 3,69 por ciento. El pasado miércoles, ACS anunció la compra del 6,31 por ciento del capital social de Iberdrola a un precio de 37 euros por acción. Aunque el grupo presidido por Florentino Pérez posee un 35 por ciento de Unión Fenosa, ACS ha afirmado que no ha tomado "decisión alguna para promover la fusión" con Iberdrola.

Aunque el vicepresidente Solbes y el secretario de Estado de Economía afirmaron el miércoles que el Gobierno estudia la posibilidad de modificar la legislación para evitar que las eléctricas españolas tengan desventajas respecto a las extranjeras a la hora defusionarse, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo ha desmentido y ha asegurado que "a día de hoy, no hay ningún elemento que permita hablar de reflexión sobre modificación de la legislación".

El Gobierno ha admitido la posibilidad de reformar la legislación para evitar que la eléctricas españolas tengan desventajas frente a las extranjeras al acometer fusiones con otras competidoras nacionales. Las eléctricas españolas han criticado en numerosas ocasiones que los grandes grupos extranjeros pueden comprar empresas españolas sin problemas, mientras que una eventual fusión entre compañías españolas está abocada a desinversiones por su impacto en el mercado nacional.