Lo que niega la nota de los fiscales Fungairiño y Gordillo

La nota señala que "no es cierto que el fiscal del caso, Ignacio Gordillo, recibiera un dictamen elaborado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en el que, según el libro, se dijera que la querella contra Sogecable es inviable porque de los hechos denunciados no se desprende la existencia de delito". Destaca que "dicho dictamen nunca existió" y recuerda que "así lo declaró el fiscal general del Estado en el Congreso de los Diputados el 30 de junio de 1998 y así se lo comunicó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".

En la nota de la Fiscalía se niegan además los siguientes puntos:

- Que el fiscal Gordillo se reuniese con las partes del proceso con el fin de designar al letrado Manuel Murillo abogado de una de las acusaciones particulares ni que el juez Javier Gómez de Liaño -instructor del caso- pidiese a Ignacio Gordillo un dictamen en el que le interesase el secreto parcial de las actuaciones".

- Que el fiscal Gordillo 'se ufanase ante algunos colegas de que su postura representaba lo que el Gobierno de Aznar quería en el tema Sogecable'. Tal afirmación constituye una acusación tan infundada como grave”

- Que "el vicepresidente del Gobierno Francisco Alvarez Cascos dijese a Gordillo 'una semana antes que iban a cesar al fiscal general Ortiz Urculo".

- Que el fiscal Gordillo, según se cita en el libro "jugó en la trastienda. El supo siempre que éste era un caso político".

- Que disfrutaran de blindaje por parte del Gobierno. Cuenta el libro que las "indisciplinas" de Gordillo "no le acarrean sanción alguna. Tampoco al fiscal Fungairiño. Sin duda –cita el libro- ambos tienen el mejor de los blindajes: están en la línea que interesa al Gobierno". La nota recuerda que el fiscal Gordillo fue denunciado por los abogados de Sogecable ante la Fiscalía General del Estado, denuncia que fue archivada por el fiscal general al considerar que ninguna actuación de Ignacio Gordillo supuso vulneración de sus deberes estatutarios ni procesales.

Explica que "como el fiscal general del Estado manifestó en el Congreso de los Diputados, todas las actuaciones del fiscal del caso Sogecable estuvieron visadas por la Fiscalía, incluidos el informe en favor de que se mantuvieran la fianza de 200 millones de pesetas impuesta a Jesús de Polanco -presidente del grupo PRISA- para garantizar su libertad provisional y el dictamen oponiéndose al archivo del caso Sogecable".

Añade que "todo lo que Baltasar Garzón manifiesta en el referido capítulo de su libro fue objeto de investigación en la causa especial 2.790/97, instruida en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y que concluyó con el archivo por no haberse acreditado ninguno de los hechos denunciados".