L. D. / EFE.-
El Tribunal Supremo comenzó pasadas las diez y media de la mañana de este jueves la vista pública de los recursos presentados contra la sentencia que condenó al general Enrique Rodríguez Galindo y a otros acusados por los asesinatos, en 1983, de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. La Audiencia Nacional condenó a Rodríguez Galindo y al ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga a 71 años de prisión; al teniente coronel Angel Vaquero a 69, y a los ex guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo a 67 años y ocho meses.
Los recursos han sido presentados por todos los condenados, que alegan su inocencia; por las acusaciones, que piden que sean condenados también por pertenencia a banda armada, y el abogado del Estado, que se opone a la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración.
El abogado de Galindo, José María Fuster Fabra, aseguró que su cliente “no tuvo nada que ver con los hechos”, en relación con los secuestros, torturas y asesinatos en 1983 de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. José María Fuster Fabra comentó que “hay un hombre que es la persona que más ha hecho por la lucha antiterrorista con la hoja militar de servicios más limpia y que su única obsesión es perder la condición de militar” en caso de que se confirme la condena.
Para Fuster Fabra, la sentencia de la Audiencia Nacional tiene elementos contradictorios y explicó que no tienen relación muchos de los hechos probados con los fundamentos jurídicos. Además, restó credibilidad a los testimonios prestados por los testigos y en el caso de la declaración del ex guardia civil Felipe Bayo consideró que su testimonio inicial, que fue incriminatorio, no fue sometido a contradicción, y recordó que luego se desdijo.
Jorge Argote, abogado de Vaquero y Dorado, alegó que si se hubieran practicado todas las pruebas que solicitaron y que les fueron denegadas se habría demostrado la inocencia de sus clientes. Criticó la instrucción del juez Javier Gómez de Liaño, del que consideró que no era el más idóneo para investigar el caso, y al presidente del Tribunal que celebró el juicio en la Audiencia Nacional, Siro García, de quien dijo que había perdido su imparcialidad. Por último, Francisco Lozano, abogado de Elgorriaga, estimó que la sentencia condenatoria “carece de la precisión y concreción” para declarar a su cliente autor de los delitos por los que fue condenado.
Durante la sesión, el fiscal y las acusaciones se opusieron a todos los recursos de los condenados y al del abogado del Estado, al estimar que la Audiencia Nacional tenía suficientes pruebas y que tanto la instrucción como el juicio fue correcto. Iñigo Iruin acusó a los abogados de las defensas de realizar una “lectura errónea e interesada de la sentencia” y defendió la instrucción del juez Javier Gómez de Liaño y en concreto consideró correcto el secreto del sumario que acordó el magistrado y las declaraciones que llevó a cabo.
Además, avaló la credibilidad del testimonio del ex guardia civil Felipe Bayo frente al argumento de las defensas que intentaron desacreditarlo alegando que aunque inicialmente su declaración fue inculpatoria luego se retractó. Por su parte, la abogada de la acusación popular, María Angeles López, coincidió en que la sentencia de la Audiencia es “clara y está motivada” y consideró que “da igual si las víctimas eran de ETA o no porque no se está juzgando a los muertos”.
Los recursos han sido presentados por todos los condenados, que alegan su inocencia; por las acusaciones, que piden que sean condenados también por pertenencia a banda armada, y el abogado del Estado, que se opone a la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración.
El abogado de Galindo, José María Fuster Fabra, aseguró que su cliente “no tuvo nada que ver con los hechos”, en relación con los secuestros, torturas y asesinatos en 1983 de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. José María Fuster Fabra comentó que “hay un hombre que es la persona que más ha hecho por la lucha antiterrorista con la hoja militar de servicios más limpia y que su única obsesión es perder la condición de militar” en caso de que se confirme la condena.
Para Fuster Fabra, la sentencia de la Audiencia Nacional tiene elementos contradictorios y explicó que no tienen relación muchos de los hechos probados con los fundamentos jurídicos. Además, restó credibilidad a los testimonios prestados por los testigos y en el caso de la declaración del ex guardia civil Felipe Bayo consideró que su testimonio inicial, que fue incriminatorio, no fue sometido a contradicción, y recordó que luego se desdijo.
Jorge Argote, abogado de Vaquero y Dorado, alegó que si se hubieran practicado todas las pruebas que solicitaron y que les fueron denegadas se habría demostrado la inocencia de sus clientes. Criticó la instrucción del juez Javier Gómez de Liaño, del que consideró que no era el más idóneo para investigar el caso, y al presidente del Tribunal que celebró el juicio en la Audiencia Nacional, Siro García, de quien dijo que había perdido su imparcialidad. Por último, Francisco Lozano, abogado de Elgorriaga, estimó que la sentencia condenatoria “carece de la precisión y concreción” para declarar a su cliente autor de los delitos por los que fue condenado.
Durante la sesión, el fiscal y las acusaciones se opusieron a todos los recursos de los condenados y al del abogado del Estado, al estimar que la Audiencia Nacional tenía suficientes pruebas y que tanto la instrucción como el juicio fue correcto. Iñigo Iruin acusó a los abogados de las defensas de realizar una “lectura errónea e interesada de la sentencia” y defendió la instrucción del juez Javier Gómez de Liaño y en concreto consideró correcto el secreto del sumario que acordó el magistrado y las declaraciones que llevó a cabo.
Además, avaló la credibilidad del testimonio del ex guardia civil Felipe Bayo frente al argumento de las defensas que intentaron desacreditarlo alegando que aunque inicialmente su declaración fue inculpatoria luego se retractó. Por su parte, la abogada de la acusación popular, María Angeles López, coincidió en que la sentencia de la Audiencia es “clara y está motivada” y consideró que “da igual si las víctimas eran de ETA o no porque no se está juzgando a los muertos”.