No hay reformas sin convicción

La polémica entorno a la huelga general del 20-J, el encierro de los inmigrantes ilegales en una Universidad sevillana, el desmantelamiento de la estructura de Al Qaeda en EE UU y los planes de esta organización terroristas de atentar desde Ceuta y Melilla son, junto al atentado terrorista del día en Israel y la eliminación de Francia en el Mundial de Fútbol, algunos de los asuntos informativos más abordados en las portadas de prensa de este miércoles.

La huelga del 20 J es el telón de fondo de los principales titulares de portada de tres diarios: El Mundo, que publica un foro de debate sobre la huelga, destaca el reproche que el Gobierno ha dirigido contra los sindicatos a los que acusa de poner en riesgo la recuperación económica. El País informa de la convocatoria del Ecofin efectuada por Rato para el día de la huelga en Madrid y destaca la afirmación de Aznar de que “el Estado de bienestar no está para ayudar a quien no busca empleo”. La portada de La Razón vuelve a dedicarse a destapar el entramado financiero de los sindicatos al informar que cargos de UGT participan en empresas privadas para captar subvenciones. Este diario asegura que varios dirigentes y ex responsables del sindicato socialista reciben fondos millonarios de las administraciones autonómicos al amparo de la formación de los parados y que algunos de ellos están imputados por fraude en los cursos para desempleados.

El editorial de El Mundo vuelve por enésima vez a cuestionar la huelga por la vía de asegurar que las divergencias que ha generado la propuesta no justifican una huelga pues el Gobierno accede a negociar y modificar su propuesta de reforma del subsidio de desempleo. Lo cierto es que con esa estrategia fracasada lo que queda absolutamente injustificado en el editorial de El Mundo es la reforma propuesta por el Gobierno.

En primer lugar, El Mundo empieza a hablar de la supresión de los salarios de tramitación: El Mundo erradamente da la razón a los sindicatos en los dos reproches que dirigen al Gobierno: “que los trabajadores que son despedidos de forma improcedente pierden dinero al recibir desde el primer día el subsidio y no el salario y que, además, el periodo de cobertura del desempleo se ve acortado al empezar a contabilizarse desde la fecha del despido”.

Ambas afirmaciones son absolutamente falaces. El Mundo habla de los trabajadores que “son despedidos de forma improcedente”, pero ¿quien dice que efectivamente han sido despedidos de forma improcedente?. Eso lo deciden los tribunales y lo que es injustificado es que, hasta entonces, el despedido no cobre el subsidio de desempleo y siga cobrando el salario, como si los tribunales ya hubieran fallado efectivamente a su favor. Esta circunstancia es un incentivo para que todo trabajador, por justificado que esté su despido, presente recurso de improcedencia o amenace con hacerlo para forzar al empleador a entregarle una injustificada indemnización en un acuerdo en la conciliación. Aunque el empresario sepa que está justificado el despido, evitará el litigio pues, mientras lo mantiene, está obligado a seguir pagando el salario. Con la reforma presentada por el Gobierno, ninguna persona que haya sido despedida efectivamente de forma improcedente perderá ingresos. Sólo los perderán quienes los tribunales decidan que fueron prcedentemente despedidos. Los que fueron legalmente despedidos ya no podrán aprovecharse de la dilación judicial para someter al empresario a unas cargas que estos trabajadores no merecen y que disuaden al empresario a la contratación. Sin embargo, los sindicatos, como al parecer el editorialista de El Mundo, desconocen una lección básica del análisis económico como es que “las barreras de salida son barreras de entrada”. Las injustificadas cargas que encarecen el despido son cargas que encarecen y disuaden la contratación.

Más injustificado, con todo, es que El Mundo dé la razón a los sindicatos cuando dicen que el “periodo de cobertura del desempleo se ve acortado” argumentando que “ahora empezará a contabilizarse desde la fecha de despido”. Esta memez ya no se comprende ni aunque tengamos en cuenta la incultura económica. ¿Desde cuando se acorta el periodo de algo cuyo fecha de finalización se adelanta en la misma proporción que lo hace la fecha de su comienzo?. Según esta absurda observación de El Mundo, si los trabajadores despedidos, en lugar de empezar a cobrar el subsidio desde el primer momento, como pretende el Gobierno, tuvieran que esperar quince años para hacerlo, “su periodo de cobertura” se alargaría por años...

Por el contrario, en esta, como en la otra gran cuestión de discrepancia cómo es la definición de lo que es una “oferta de empleo adecuada”, lo que hace El Mundo es quitarle importancia por el escaso número de trabajadores a los que afecta. Además de decir que “serán unos pocos miles de trabajadores los que tengan que renunciar al subsidio por no aceptar una oferta de empleo adecuada, El Mundo asegura que "esto ya está sucediendo desde hace años”. En primer lugar, no hay forma de saber cuantos trabajadores van a rechazar de forma injustificada un empleo y, como consecuencia, a perder el subsidio de desempleo. Lo que el Gobierno pretende es que nadie rechace de forma injustificada un empleo y, en ese caso, absolutamente ningún parado perderá su subsidio.

Por otra parte, resulta chocante que si las reformas son tan irrelevantes, cuando no corregibles, como las presenta El Mundo, el gobierno haya accedido a sufrir una huelga general por llevarlas a cabo. Aunque El Mundo aparentemente critica la huelga, la claudicante prioridad que otorga al consenso y su falta de defensa especifica de la reforma va a facilitar el éxito del paro del 20-J. Con defensas como esta, el Gobierno no necesita oposición.

Aznar, por el contrario, parece dispuesto a corregir esta estrategia en la que aun insisten ciegamente varios dirigentes del PP y algún ministro, y a defender abiertamente la necesidad de estas reformas. Si el otro día el presidente dejó patente su determinación de “ganar el partido” a los sindicatos y de no tolerar que “las pancartas tuerzan la política económica del Ejecutivo”, ayer insistió en esa línea al afirmar tajantemente que “el Estado de Bienestar no está para ayudar a los que no buscan empleo”.

Esperemos que siga así, pero no sería la primera vez que por el deseo de consenso, el Gobierno ocultara su convicción. En este caso, no es de extrañar que al final no lograsen ni una cosa ni la otra.