Sexismo liberticida e inconstitucional

La prensa de este jueves no ofrece un claro denominador común en sus portadas, con la excepción de los zulos en los que los etarras escondían en Valencia 131 kilos de explosivos y la victoria de España sobre Sudáfrica que llevará a nuestra selección a enfrentarse a Irlanda en octavos de final. El País y La Vanguardia dedican su principal titular a lo primero, mientras La Razón da prioridad al Mundial de Fútbol. El Mundo, sin embargo, dedica su titular más destacado a las investigaciones que la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional han abierto entorno a la compra de Endemol por parte de Telefónica y las “stock options”. ABC opta por dar prioridad al acuerdo político por el que el Congreso aprobará la próxima semana el derecho de los españoles a decidir que no se prolongue su vida artificialmente. El cerco policial del campus de Sevilla ocupado por inmigrantes ilegales sigue ocupando un hueco en varias portadas, tras la detención de un argelino y el centenar de inmigrantes que se han sumado al encierro. La decisión de Bono de obligar por ley a la paridad de sexos en las listas al Parlamento castellano-manchego es destacada en varias portadas y objeto de comentario en varios editoriales.

A esta última noticia dedican un editorial El Mundo y ABC. Sin duda ambos comentarios son críticos con la medida de Bono, pero quizá no en la medida que lo merece la disparatada y liberticida propuesta del presidente castellano-manchego, quien pretende obligar a todos los partidos a situar el mismo número de hombres y de mujeres en sus listas, ocupando los de un sexo los puestos pares y los del otro los impares.

De hecho El Mundo califica de "oportuna" la inclusión en el preámbulo del nuevo texto legal de una cita de Averrores: “Nuestro estado social no deja ver lo que de sí pueden dar las mujeres...y de ahí proviene la miseria que devora nuestras ciudades”. Incluir estas palabras dichas hace casi diez siglos por el célebre filósofo cordobés hubiera sido oportuno incluirlas en una ley que rompiera una prohibición integrista de participar a las mujeres en política –tanto para ser elegidas como para elegir- o para acabar con cualquier discriminación legal como las que durante tanto tiempo han sufrido las mujeres o como las que siguen sufriendo en los regímenes islámicos. Sin embargo, es una falacia reivindicarla cuando lo que se pretende no es acabar con privilegios ni garantizar la libertad de todos, sino, por el contrario, imponer cupos por razón de sexo. Ya es ridículo que un partido libremente decida hacerlo así, pero lo que pasa a ser una liberticida agresión a la autonomía de los partidos es que ese esperpento se pretenda imponer a los demás.

ABC y El Mundo, además de argumentar en su contra, cuestionan la viabilidad jurídica de esa medida. Dada su evidente inconstitucionalidad, no es para menos, aunque ciertamente el patio judicial no está como para poner la mano en el fuego por él.


Sólo con permiso de trabajo o con invitación de rectores

Basta leer el editorial de El País para saber hasta que punto está acertado el de La Razón cuando insinúa que el encierro de inmigrantes ilegales en la Universidad sevillana está organizado para crear otro foco de inestabilidad y de incomodidad para el Ejecutivo. El País culpa al Gobierno de la situación, a la vez que censura una posible solución como es someter a esos inmigrantes ilegales al Estado de Derecho y de la Ley: “Una entrada policial a la brava en la Universidad en vísperas de la cumbre de la UE no es exactamente la mejor forma de culminar el semestre de presidencia española.”. Aunque El País trate de abortar esa solución apelando a los complejos de la derecha, la ley pierde todo su sentido sino se hace cumplir, si es necesario, por la fuerza. Hay, no obstante, una circunstancia que sí podría desaconsejar esa medida como es la connivencia de la rectora –simpatizante del PSOE— con los ilegales encerrados en su Universidad.

Si, como el ministro Rajoy ha dicho, la policía no va a sacar a ningún ilegal de ningún recinto en el que esté “invitado”, que de verdad impere ese principio y que el Gobierno no asuma los costes de las medias tintas en las que está instalado. Que no impida la entrada de nuevos inmigrantes a donde voluntariamente se les acoge y se les alimenta. Lo deseable no es sólo que acudan más, sino que se encierren alli todas las personas que ilegalmente están esparcidas por nuestro país. Evidentemente, el Gobierno tiene el deber de repatriar a todos los inmigrantes ilegales que salgan o sean expulsados de esa universidad. Pero si los inmigrantes ilegales están conformes en recluirse en el campus y la rectora está dispuestos a acogerlos, no nos precipitemos en ver problemas en donde aun no los hay y, sobre todo, esperemos a ver, cuando surgan, quien es el que los tiene.

Si el ministro otorga a la dirección de esa Universidad títulos de propiedad sobre el campus, y supedita la expulsión de los inmigrantes ilegales a la voluntad del propietario del recinto donde se instalan... muy bien, que lo haga, pero de verdad. En ese caso su deber de intervención, solo le será exigible cuando se agote la hospitalidad del anfitrión. Pero ni un minuto antes. Mientras, lo mejor es que cunda y dure el ejemplo de esa rectora.

Además de acoger a esas pobres gentes que están ilegalmente en nuestro país, otras Universidades podrían también invitar a encerrase en su campus a los delincuentes nacionales a los que aun no ha atrapado la policía. Ahorrarían a los agentes muchos esfuerzos de búsqueda mientras que las instituciones penitenciarias sólo tendrían que hacerse cargo de los delincuentes que no quisieran recluirse en la universidad o los que fueran expulsados por sus rectores.

Para lo que se enseña en muchas universidades sería poco lo que se perdería. Y con lo que se ahorra en viajes de repatriación, en cárceles y en policía habría dinero de sobra que entregar a las instituciones que de verdad quieran dedicarse a la enseñanza.