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El exdirector de la Guardia Civil intenta librarse de su imputación por prevaricación

La Unión de Oficiales insiste en su acusación y aporta nueva documentación a la causa judicial.

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La Unión de Oficiales insiste en su acusación y aporta nueva documentación a la causa judicial.

Francisco Javier Velázquez, quien fuera director general de la Policía y la Guardia Civil durante tres años y medio, con Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho al frente del ministerio del Interior, está intentando librarse de su imputación por un posible delito de prevaricación y otro contra el ejercicio de los derechos civiles por su gestión al frente del Instituto Armado.

La causa se encuentra en el juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, cuya titular es la jueza Belén Sánchez. Allí recayó la denuncia presentada por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) en la que se acusa al que fuera máximo responsable de la Benemérita de maniobrar para que el Consejo de la Guardia Civil no eligiese a los miembros del mismo que deben formar parte del órgano de gobierno de la Asociación Pro-huérfanos.

UO apuntaba directamente a los hechos sucedidos durante la celebración de varias reuniones del Consejo, exactamente las que se celebraron el 27 de noviembre de 2009, el 14 de octubre de 2010 y el 28 de abril de 2011. Una causa por la que el ex alto cargo de Interior ya tuvo que comparecer ante la jueza.

La defensa de Velázquez ha solicitado el sobreseimiento argumentando que "no existe el derecho de los vocales del Consejo de la Guardia Civil a acceder al órgano de gobierno" de la asociación según lo que recogería la Ley de Derechos y Deberes de la Guardia Civil y los propios estatutos de la Asociación Pro-huérfanos, y que se limitó a pedir la solicitud de un informe jurídico sobre si tendrían cabida o no y si se habían modificado los estatutos de la asociación para dar entrada a los mismos.

Al mismo tiempo, resta importancia al papel que tenía el exdirector general de la Guardia Civil como presidente del Consejo del cuerpo, diciendo que actuaba "en el mismo por delegación del ministerio del Interior, pero no tiene funciones ejecutivas de ningún tipo", según la petición de la Abogacía del Estado –que defiende en la causa al ex alto cargo de Interior– a la que tuvo acceso Libertad Digital.

UO insiste en la acusación

Sin embargo, la acusación que lleva a cabo la Unión de Oficiales ha recordado a la jueza que los miembros del Consejo no sólo tienen derecho a elegir a tres miembros del órgano de gobierno de la asociación de huérfanos, sino que además el reglamento de la propia asociación estaba convenientemente modificado para que el Consejo los pudiese nombrar cuando así quisiese.

Como prueba de ello, entregan a la magistrada un extracto del Boletín Oficial de la Guardia Civil del 29 de mayo de 2009 –un mes después de la llegada de Velázquez al cargo– en el que se da fe de la modificación de los estatutos de la asociación para dar entrada a los representantes del Consejo. Una modificación que también se añade en la copia de los estatutos que figura en la propia página web de la Asociación Pro-huérfanos.

También hacen referencia a una respuesta del Gobierno Zapatero a una pregunta parlamentaria del PP en el Senado, en la que la propia asociación responde por correo electrónico a la Unidad de Coordinación de la Dirección General de la Guardia Civil para que el Ejecutivo pueda responder a la citada pregunta, y en la que se afirma textualmente:

"El Consejo de Gobierno y Administración de Gobierno de la Asociación Pro- Huérfanos de la Guardia Civil, ha venido adaptándose puntualmente a la legislación vigente ( incluida la L.o. 11/ 2007, Reguladora de los Derechos y Deberes de los miembros de Guardia Civil), de forma que hoy día, el referido Consejo de Gobierno y Administración acoge a los miembros de todas las escalas del Cuerpo, así como a una representación del anterior Consejo Asesor de Personal, hoy Consejo de la Guardia Civil, (se encuentra en trámite la designación de dos de sus miembros)".

Tras esto, solicitan a la jueza Belén Sánchez, en un documento al que tuvo acceso este periódico, que continúe con "la práctica de las diligencias de prueba pendientes solicitadas en la querella admitida a trámite, necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados".

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