Denunciados 10 altos cargos de la Junta por marginar a los funcionarios de carrera

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha interpuesto en los Juzgados de Sevilla una denuncia en vía penal contra diversos Altos Cargos y Jefes de Servicio tanto de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por presuntos delitos de prevaricación, usurpación de potestades públicas, incumplimiento de resoluciones judiciales y malversación de caudales públicos. Entre los denunciados se encuentran la actual Directora Gerente de la AGAPA, su antecesora en el cargo, la Secretaria General de Agricultura y Alimentación, el Director General de la Producción Agrícola y Pesquera, el ex Director General de Inspección, Control y Análisis de la AGAPA, y el Delegado Territorial en Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

En concreto son los siguientes: 

- DON RAFAEL OLVERA PORCE, Director General de la Producción Agricola y Pesquera de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

- DOÑA JUDIT ANDA UGARTE, Secretaria General de Agricultura y Alimentación

- DOÑA CATALINA MADUEÑO MAGDALENO, Directora Gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucia

- DOÑA ISABEL LIVIANO PEÑA, ex Gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía

- DON MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GARCíA, ex Director General de Inspección, Control y Análisis de la AGAPA

- DON JOSÉ CARMONA DURÁN, Jefe del Servicio de Inspección Agroalimentaria de la AGAPA

- DOÑA MARíA DEL MAR ANGUITA ARJONA, Jefa del Servicio de Control y Certificación de la AGAPA

- DON VICENTE FERNÁNDEZ MOLERO, Jefe del Departamento de Inspección Ganadera de la AGAPA

- DON FRANCISCO ZURERA ARAGÓN, Delegado Territorial en Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

- DON PABLO SOTO HERMOSO, Jefe de Servicio de Agricultura, Ganaderia, Industria y Calidad de la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,

El origen y razón de ser de la denuncia se encuentra en la atribución indebida de potestades administrativas reservadas a funcionarios de carrera a personal de la extinta sociedad mercantil DAPSA (Desarrollo Agrícola y Pesquero S.A), en concreto, las potestades de inspección y control de condicionalidad, higiene de la producción primaria y bienestar animal en explotaciones agrícolas y ganaderas, inspecciones de cuyo resultado depende la concesión o mantenimiento del 100% de las ayudas comunitarias y fondos de la UE vinculadas a la PAC, la aplicación de reducciones del 20% del importe global de las ayudas, del 15% o incluso del 100%.

Esto es, lo que se denuncia en cada caso es la usurpación de las funciones de la Administración de la Junta por la Administración paralela impuesta por el PSOE a la Junta. 

Todos eludieron la reserva funcionarial para determinadas gestiones y han ordenado, consentido y permitido que, existiendo numerosos cuerpos de funcionarios de carrera a quien corresponden estas funciones, personal externo bien con contratado de forma indefinida, bien contratado con carácter fijo discontinuo, realice directamente un altísimo porcentaje de los controles de campo que se han desarrollado en las explotaciones ganaderas y agrícola. Por poner un ejemplo, en la OCA "Pedroche I" de Pozoblanco (Córdoba), una de las más grandes de Andalucía, este personal ha realizado en torno a 220 inspecciones.

Con ello, se vulneran los artículos 9 del Estatuto Básico del Empleado Público y 5 del Decreto 99/2011, de 19 de Abril, por el que se aprueban los Estatutos de la AGAPA, que exigen que las actuaciones que impliquen el ejercicio directo o indirecto de potestades públicas se reserven en todo caso a personal funcionario, considerando expresamente este último precepto como potestades administrativas las de inspección, control, sancionadora y subvencionadora. 

La Junta no cumple las sentencias

Además, SAF considera que tales comportamientos representan un desprecio absoluto al Estado de Derecho y a sus principales garantes, los órganos judiciales, dado que numerosos pronunciamientos judiciales han declarado nula de pleno Derecho la integración del personal de la extinta DAPSA en la AGAPA en procesos iniciados por este sindicato y diversas Asociaciones de EEPP como las Asociaciones Al-Andalus y Defiendo Mi Derecho, pronunciamientos entre los que citan la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Sevilla de 10 de mayo de 2012, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, con sede en Granada, de 30 de abril de 2012, o la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Sevilla, de 21 de Diciembre de 2012, que confirma la del citado Juzgado, y que ya es firme en vía judicial.

Para hacerse una idea cabal hay que tener presente el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Sevilla de 2 de marzo de 2012. Especialmente llamativo es este auto que, ante la situación caótica y catastrófica que según la Junta de Andalucía podría producirse si se suspendía cautelarmente la integración, señalaba que "es la Administración Andaluza la que ha dado los pasos para llegar a esta situación, y es esa Administración la que ha integrado como empleados de la AGAPA a nada menos que 1852 trabajadores laborales de la empresa DAPSA sin pasar por ningún concurso u oposición, sin someterse a la transparencia de unas pruebas públicas sobre mérito y capacidad. Y en consecuencia si la Junta de Andalucía es la única e inequívoca responsable de la situación, será ella igualmente la única responsable de las calamidades que anuncia...".

El propio TSJ de Andalucía, en sentencia de 10 de mayo de 2011, y en otras posteriores, ha declarado que el ejercicio de funciones de inspección de cuyo resultado dependa el percibo de subvenciones vinculadas a fondos europeos es una clara potestad administrativa manifestando que "la acción de fomento mediante el otorgamiento de una subvención por parte de una administración pública implica el ejercicio de potestades públicas e igualmente supone el ejercicio de potestades públicas la comprobación del cumplimiento de las condiciones y finalidades para las que se otorgó la subvención, y el reintegro de las mismas", no pudiendo ser encomendadas a personas que carezcan de dicha condición, careciendo de eficacia los controles efectuados por personal no funcionario".

Pero a pesar de que la Junta de Andalucía es perfecta conocedora de esta sentencia, y que algunos de los Delegados Territoriales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, como los Córdoba, Sevilla y Granada, habían sido advertidos expresamente antes del inicio de las inspecciones que esta atribución indebida de funciones podría ser constitutiva de los delitos que ahora sustentan la denuncia, no hicieron caso alguno. 

SAF considera que se dan los presupuestos necesarios para apreciar los posibles delitos no sólo de prevaricación, usurpación de funciones y desobediencia a resoluciones judiciales, sino también malversación de caudales públicos dada la gran cantidad de dinero público que se está utilizando de forma innecesaria, para pagar los sueldos de este personal por desempeñar funciones que corresponden a funcionarios de carrera, funcionarios que existen y están presentes en las OCAs (Oficinas Comarcales Agrarias) de toda Andalucía, y para pagar dietas de viaje y gasolina de los vehículos utilizados, casi diariamente, para que el personal de la extinta DAPSA pueda desplazarse desde las capitales hasta los numerosos pueblos de Andalucía con explotaciones agrícolas y ganaderas, cuando precisamente en esos pueblos deben residir legalmente los funcionarios de carrera adscritos a las OCAs, aportando el SAF numerosas pruebas que demuestran este ilícito proceder y recabando la práctica de otras por los órganos judiciales.