En este momento procesal, ya no hay duda de que el meollo de la guerra de los ERE es el enfrentamiento directo y visceral entre el PSOE, no el de Andalucía, sino todo el PSOE, contra la juez Alaya. Le intentaron quitar el procedimiento para remansarlo en aguas más tranquilas para sus intereses, el Supremo y/o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía según los casos, pero, a la vista de que la juez no ha entrado al trapo y sigue instruyendo sin imputar a aforados, que es lo deseado por el PSOE para arrebatarle el caso de sus manos, sólo queda el enfrentamiento decisivo: el de la interpretación de los hechos ocurridos de modo que todo lo que se ha hecho, batallitas de intrusos, comisiones y demás mordidas al margen, se ha hecho desde la legalidad.
Según El País, erigido en intérprete oficial del PSOE andaluz y nacional, la batalla final de la guerra está bien próxima. Ha sido la juez Alaya la que ha decidido plantearla y por ello emitió su auto "cualitativamente diferente" imputando a 20 altos cargos, entre ellos a Magdalena Álvarez, varios viceconsejeros, muchos directores generales e incluso dos Delegados de la Junta en provincias. Las corruptelas, trinques, sisas y otros robos ya están en el juzgado y caben pocas iluminaciones nuevas. Lo que queda por comprobar es si la Junta, sus altos cargos y, muy especialmente, José Antonio Griñán, va a ser imputado por delitos que afecten a la honorabilidad de sus carreras políticas. La juez dio el paso de señalar el camino y la Junta, el PSOE y su inteligencia judicial y académica, ya han dado respuesta.
Mercedes Alaya, con la Guardia Civil y la UCO en la mochila, defiende que la Junta, gobernada por el PSOE en solitario o en coalición con un Partido Andalucista que no tocó bola en este juego, son los autores de un diseño inteligente y delictivo para disponer de fondos en su provecho electoral y político sin el control de la Intervención General. Dicho de un modo más preciso, la juez Alaya considera que el sistema ideado de "transferencias de financiación", al margen de la Ley de Subvenciones e instrumentado a través de IFA y de la Agencia IDEA, es claramente ilegal y por tanto, los responsables de haberlo puesto en marcha y haberlo aplicado con conocimiento de causa, deben ser procesados.
No quiere perder el caso
Es por ello que la juez dio origen al auto de imputación de 20 altos cargos que no estuvieron a la altura moral y penal de sus responsabilidades y o bien idearon el sistema dejaron o permitieron hacer al antojo de quienes luego se lucraron con el dinero público destinado a la ayuda a empresas y a parados andaluces. Para que el caso no vuele de sus manos hasta otro nido judicial, la juez ha tenido exquisito cuidado con no imputar a todos los consejeros de la Junta implicados que son aforados y al propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Podría haber imputado por estos hechos a Francisco Vallejo, a José Antonio Viera, a Carmen Martínez Aguayo y a algún otro, además de a Griñán con toda seguridad y, tal vez a Manuel Chaves, que fue presidente de la Junta desde 1999 a 2009.
La respuesta del PSOE y de la Junta no se ha hecho esperar. Lo más llamativo ha sido un recurso a la totalidad del último auto de Mercedes Alaya, compuesto desde una posición de acusación particular que se ha erigido en defensa abierta de los últimos imputados, por lo que debería ser expulsada del procedimiento como lo fue el PP del caso Bárcenas y por el mismo motivo.
Según la Junta, la juez Alaya está total y constitucionalmente extraviada. Es más, la acusa de subversión del sistema democrático imperante en España porque pone en cuestión la Ley de Presupuestos. Esto necesita explicación. Las "transferencia de financiación" son el instrumento de pago que hace la Junta a sus organismos y empresas públicas, el IFA y la agencia IDEA o el propio Canal Sur incluidos. Pero esas transferencias de financiación se incluían en la Ley de Presupuestos y eran debatidas en el Parlamento andaluz, a veces con correcciones. O sea, que había una ley de Presupuestos que establecía o permitía ese diseño y otorgaba cobertura legal.
El PSOE y la Junta van a insistir en que la juez cuestiona, inconstitucionalmente, las leyes de Presupuesto aprobadas por el Parlamento donde se incluyó año tras año el llamado fondo de reptiles de los ERE, a la vista de todos y sin protestas de nadie.
Lo que para la juez es un método ilegal conscientemente planeado para eludir controles y beneficiarse políticamente para la Junta y el PSOE fue un método legal del que algunos hicieron un mal uso sin que dicho mal uso fuese adecuadamente advertido por la Intervención General de la Junta, por lo que los altos cargos no tienen responsabilidad penal. El diseño era legal, aunque era mejorable y por ello la Junta lo ha modificado dos veces desde 2009.
El interventor general de la Junta, en un artículo de este lunes en El Mundo, dice, de nuevo, que no podía advertir más que como lo hizo y que carecía de atribuciones en el caso porque, deliberadamente, se hicieron las cosas de modo que no las tuviera. Sin embargo, el catedrático pro PSOE de la Universidad Carlos III de Madrid, Luciano Parejo, insiste en que la Intervención tenía la obligación de formular sus reparos
Para concluir, lo que la Junta quiere es convertir el proceso penal en una batalla jurídico-intelectual sobre la legalidad del procedimiento puesto en marcha por la Junta que ha dado origen al mayor caso de corrupción institucionalizada de la historia reciente de España. Por tanto, será, antes o después, el Tribunal Constitucional quien deberá decidir quién lleva razón sobre el fondo de la guerra. La juez quiere ultimar su instrucción sin un error ni un resquicio para demostrar el carácter penalmente punible de lo ocurrido en Andalucía con el caso de los ERE.