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Susana Díaz ve "razonable" que la Junta pague la defensa de los imputados

La consejera ha señalado que serán "los servicios jurídicos los que tienen que responder individualmente en cada caso".

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La consejera de la Presidencia y de Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha afirmado este miércoles que "lo razonable y lo lógico" sería que el Gobierno autonómico abonara la defensa jurídica de aquellos altos cargos de la administración que "resultaran inocentes" al final del proceso que la juez Mercedes Alaya tiene abierto por el caso de los ERE irregulares, informa Europa Press.

En declaraciones a los periodistas, Díaz, que ha inaugurado el Centro de Ingeniería e Innovación Aerospacial en La Rinconada (Sevilla), ha señalado que serán "los servicios jurídicos los que tienen que responder individualmente en cada caso".

La consejera socialista se ha pronunciado así sobre la referencia que este martes hizo tras el Consejo de Gobierno el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, a la existencia de una norma que regula la asistencia jurídica a las "autoridades y personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía".

La norma referida es el Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, según indica la Oficina del Portavoz del Gobierno en un comunicado.

Así, según la disposición adicional segunda del citado decreto, "los letrados de la Junta de Andalucía podrán representar y defender a las autoridades y personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, cualquiera que sea su categoría, en toda clase de procedimientos judiciales que se dirija contra ellos, siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores, y que se conceda la autorización correspondiente, previo informe del Gabinete Jurídico, por el titular de la Consejería de quien dependa el afectado".

Igualmente, ha apuntado que en su artículo 3, dicha disposición, establece literalmente que "en los casos en los que, resultando procedente la defensa de las autoridades y personal de la Administración de la Junta de Andalucía por los Letrados de la Junta de Andalucía, pudiera existir incompatibilidad material por la posición procesal de la Comunidad Autónoma haya de mantener en el mismo o en otros procedimientos, la Consejería competente, previo informe del Gabinete Jurídico, podrá contratar los servicios de profesionales que se encarguen de la defensa de aquel personal".

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