El Gobierno de José Ramón Bauzá ha manifestado, a través de un comunicado, su "satisfacción" ante la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la Ley de función pública de las Islas Baleares, cuya modificación fue aprobada por el Parlamento autonómico en julio del 2012, y que establece que el catalán deja de ser un requisito para acceder a la función pública para pasar a ser un mérito.
"Esta es una buena noticia que demuestra una vez más que hay una actitud por parte de la oposición de judicializar todo lo que sucede en la vida política. Respetamos la decisión del Tribunal Constitucional, y seguimos trabajando", ha declarado Bauzá.
Para la consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Ejecutivo autonómico, del PP, Núria Riera, la sentencia pone de manifiesto que la definición estatutaria del catalán como lengua propia no ha de interpretarse en el sentido de que sea "preferente" sobre el otro idioma oficial, que es el castellano. "La sentencia del TC demuestra que no existe ninguna discriminación, se respetan los derechos de todos los ciudadanos y las dos lenguas están en situación de igualdad", ha añadido la consejera.
Casos en los que será obligatorio el catalán
En su comunicado, el Gobierno balear recuerda que la modificación de la ley aprobada en julio de 2012 prevé algunas salvedades a la exención de la obligación de conocer el catalán, como en los casos del personal docente, los lingüistas al servicio de la administración y los funcionarios que ocupen puestos de atención al público. Fuentes de la Consejería que dirige Riera han explicado a Libertad Digital que serán los Ayuntamientos o Consejos los que, en estas excepciones, decidan si incluir el catalán como requisito o mérito. Tendrán "libertad" para hacerlo, aunque también "deberán que argumentar por qué piden ese requisito". Para el Gabinete de Bauzá esto supondrá "abrir el abanico" cuando se convoquen oposiciones: cualquier ciudadano residente en cualquier punto de España podrá optar a plaza y no será discriminado por no conocer el catalán, explican.
El Ejecutivo ha recordado que la reforma de la Ley de Función Pública se hizo para cumplir con la sentencia de 2010 del TC, referida al Estatuto de Cataluña, en la que se establecía que aunque el catalán fuera "lengua propia" no tenía que ser "lengua preferente" respecto al otro idioma oficial.
Insultos al TC: "partidista", "anticatalanista"...
Los socialistas de Baleares, que impulsaron el recurso a través del grupo del PSOE en el Senado, han asegurado tras conocer la resolución judicial que "seguirán luchando" para que en año y medio, con ocasión de las elecciones autonómicas, salga de las urnas una nueva mayoría social que cambie el color político del Gobierno balear y se vuelva al consenso lingüístico vigente en los últimos 25 años. La portavoz regional del partido, Pilar Costa, ha expresado su respeto por la sentencia, pero ha hecho hincapié en que cuenta con votos particulares de cuatro magistrados contrarios al fallo mayoritario, según recoge la agencia Efe.
La que ha arremetido sin miramientos contra el Alto Tribunal ha sido la coalición nacionalista MÉS, que lo ha tildado de "partidista" y ha tachado "anticatalanista confeso" a su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, mientras que ha lamentado que TC avale "las agresiones" al catalán del presidente Bauzá.
No obstante estas declaraciones de los socialistas y nacionalistas han sido contestadas por la portavoz parlamentaria del PP balear, Mabel Cabrer, quien ha asegurado que la sentencia del Constitucional es "una bofetada" contra el PSOE balear y, más en concreto, contra su líder, Francina Armengol. En opinión de la portavoz popular, Armengol debería "pedir perdón a los ciudadanos por engañarles" cuando dijo que el decreto del Ejecutivo autonómico, que fijaba el catalán como un mérito y no como un requisito, era inconstitucional.