El director general de la Policía, Ignació Cosidó, descartó este martes que la nueva Ley de Seguridad Privada, que ha generado cierta polémica en las últimas semanas por el apartado en el que habilita la posibilidad de que los vigilantes privados pueden detener a personas, para poner inmediatamente a disposición policial, en zonas comerciales, sirva para compensar la disminución de efectivos en la plantilla de la Policía Nacional.
"No es una sustitución sino una colaboración", dijo el máximo responsable de la Policía a preguntas de los medios de comunicación, tras lo que aseguró que en España hay una clara mejor de la seguridad en los últimos años, lo que demostraría los datos de delincuencia de 2013, en el que el número de delitos está previsto que desciendo un 4 por ciento respecto al año anterior.
Minutos antes, en un acto con unos 150 representantes de empresas vinculadas a la recepción y gestión de alarmas y asociaciones de empresas de seguridad privada, celebrado en el Complejo Policial de Canillas, en Madrid, defendió el proyecto de ley sobre Seguridad Privada que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.
"Tenemos un sistema que funciona, pero queremos seguir avanzando en esta senda de potenciación, mejora y garantía pública. Con esta nueva ley, la seguridad pública, servicio prestado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, resulta beneficiada y reforzada aún más si cabe por la acción profesional de la seguridad privada, cuyos servicios serán siempre complementarios, subordinados y sometidos a la preeminencia de la seguridad pública", dijo el máximo responsable de la Policía.
"Queda pues reforzada en este proyecto de ley que tramita en estos momentos el Parlamento la subordinación de la seguridad privada a la seguridad pública, sumando servicios y capacidades, con el fin de ofrecer una respuesta eficaz no sólo a los peligros tradicionales sino a los nuevos retos y desafíos de los actuales escenarios globales. Todos los servicios que podrá prestar la seguridad privada estará siempre previamente comunicados a la seguridad pública y, en su caso, autorizados por la Policía Nacional y, por supuesto, sometidos en todo momento al imperio de la ley", continuó.