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Ruz dice que el PP dio "cobertura a una facturación oficial ficticia"

Envió a la Policía a Génova para recabar documentación y elementos relacionados con los apuntes contables.

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"La actividad presuntamente delictiva investigada puede calificarse de grave, tanto en atención a la penalidad de las conductas investigadas, como desde el punto de vista de la trascendencia social de las mismas", asegura el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en referencia a la presunta contabilidad B del PP.

En el auto donde el magistrado ordenó este jueves entrar en la sede nacional del Partido Popular -registro llevado a cabo por el secretario judicial y los agentes de la UDEF que se prolongó durante 14 horas - asegura que los responsables de los departamentos de Tesorería y la Gerencia del PP dieron "cobertura a una facturación oficial ficticia" de las obras realizadas en su sede entre los años 2005 y 2011, en coordinación con la empresa del arquitecto Gonzalo Urquijo.

Según Ruz, esta facturación "sería liquidada con fondos existentes en el sistema económico vía cheque contra presentación de facturas y el abono de la parte restante de los trabajos ejecutados mediante fondos ajenos". En la resolución, el juez explica que estos fondos guardarían "correspondencia con las anotaciones contables reflejadas en los denominados 'papeles de Bárcenas'" en los que constan donaciones de empresas constructoras que superaban los límites establecidos por la ley en aquellos años.

El instructor del denominado 'caso Bárcenas' manifiesta que los hechos investigados pueden ser constitutivos de "delitos contra la Administración Pública", en concreto de cohecho o tráfico de influencias. El juez de la Audiencia Nacional explica que a lo largo de la instrucción se ha comprobado la "realidad indiciaria" de varios apuntes contables y recuerda que fue el propio abogado del PP, Alberto Durán, quien entregó el pasado 2 de diciembre "nuevos documentos de relevancia para la presente instrucción".

Documentación relevante

Ruz se refiere a 17 documentos fotocopiados sobre facturación o pagos de la empresa Unifica S.L -encargada de las obras de remodelación de Génova 13- que se entregaron al fiscal Antonio Romeral pero no al Juzgado Central Número 5 de la Audiencia pese a que en julio el togado reclamó "el expediente completo" de dichas obras. Al conocer el juez que el PP contaba en su poder con esos documentos decidió ordenar a la Policía Judicial el requerimiento de los mismos. Lo consideraba una diligencia "proporcional, necesaria e idónea a los fines de la investigación".

En concreto, el magistrado solicitó que se obtuviera la documentación relacionada con las obras de reforma que llevó a cabo entre 2005 y 2011 en la sede del partido pero también todos los "elementos que pudieran estar relacionados con los apuntes contables" que se atribuyen a la supuesta caja B del extesorero Bárcenas. Pablo Ruz ordenó al PP "la entrega de la totalidad de la documentación de cualquier género que obrara en los departamentos de Tesorería, Gerencia, Contabilidad, Caja y Auditoría Interna relacionada con las obras llevadas a cabo por Unifica, así como la información adicional en soporte papel o digital que guarde relación con los hechos".

Durante las 14 horas que estuvo la comisión judicial en la sede nacional del PP los agentes han escaneado documentación y accedido a varios ordenadores situados en la planta sexta del edificio, donde se encuentran los departamentos de gerencia, tesorería e informática. Fuentes jurídicas aseguran que los representantes legales del PP han colaborado con los agentes de la UDEF.

Una vez que el magistrado analice toda la documentación incautada ordenará previsiblemente la práctica de nuevas diligencias.

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