No hubo sorpresas en la comparecencia de este sábado de los tres peritos que exoneraron de delito alguno a la Infanta. La inspectora de la Agencia Tributaria en Cataluña, encargada de investigar al instituto Nóos y a la sociedad Aizoon, se reafirmó en su informe provisional emitido a principios de 2013, cargando de todas las culpas a Iñaki Urdangarin y a su exsocio Diego Torres. La funcionaria ha asegurado que nadie le dio directriz alguna durante la realización del informe y que las conclusiones del mismo están basadas en los acontecimientos del caso.
Por su parte, la inspectora de Grupo de Delincuencia Económica de la Policía, que investigó los pagos realizados por los duques de Palma para la reforma de su vivienda de Barcelona, ha descartado que la Infanta blanqueara dinero, obtenido ilegalmente de Nóos, para realizar gastos personales con fondos de Aizoon. Y por último, los otros dos inspectores de la Agencia Tributaria, que acudieron en calidad de peritos, no vieron prueba alguna de ningún delito fiscal cometido por la Cristina de Borbón. Como se esperaba, el único que sí ve indicios de fraude por parte de la Infanta fue el perito propuesto por Manos Limpias.
La actitud de Hacienda es coherente con lo que han defendido desde el principio del proceso. Y concuerda con la postura de la fiscalía. No están solos. Gobierno y oposición creen que hay que evitar la imagen de doña Cristina en el banquillo. Libertad Digital contaba hace unos días cómo el Ejecutivo estaba trabajando para limitar en lo posible los daños a la institución. Lo primero era evitar la fotografía de la infanta yendo a declarar, algo que no se ha conseguido. Ahora, el objetivo es que no se siente en el banquillo. El propio Mariano Rajoy declaraba, el pasado lunes, en la entrevista que le hicieron en Antena 3: "A la Infanta le irá bien". En este caso, el PSOE apoyó al Gobierno. Parece que todos se han unido para proteger a la hija del Rey.
La estrategia
Por eso, en su edición de este domingo, El País titula "Objetivo: salvar a la Infanta". En su artículo, el diario del grupo Prisa defiende la existencia de una estrategia implacable, pero discreta, por parte del Estado para evitar a toda costa que un miembro de la familia real se siente en el banquillo de los acusados. De esta manera, los ministerios de Interior, Hacienda, Justicia y la propia Fiscalía del Estado participarían en una estrategia en torno al fiscal Pedro Horrach para defender a Cristina de Borbón, y todo ello respaldado por el principal partido de la oposición.
El diario entiende que la línea que actualmente lleva la defensa de la Infanta, el despacho de Miguel Roca, es tratar de aislar lo máximo posible los intereses de Cristina de Borbón de los de su marido, Iñaki Urdangarín.
El País opina que han existidos diversos hechos no demasiado claros promovidos desde el poder político, para respaldar a la Infanta. Como ejemplo de todo ello, el diario menciona el relevo de la abogada que representaba los intereses del Gobierno balear, Mari Ángeles Berrocal, por otra jurista de conocida militancia en el PP, Antonia Perello. A su vez, el reciente relevo de Beatriz Viana al frente de la Agencia Tributaria, quien se responsabilizó de la atribución a la Infanta de la venta de trece fincas por valor de 1,43 millones de euros, por otro más cercano a la Monarquía como es Santiago Menéndez, constituye otra prueba más para el diario, que apunta que su hermano, Adolfo Menéndez, es secretario general de la Fundación Príncipe de Asturias.
Condena social
Por su parte, el diario El Mundo opina que a pesar del sepulcral silencio que impera en la Casa del Rey, al abstenerse de comentar la imputación de la Infanta, las paredes hablan. La Corona está convencida de que es imposible que el juez Castro pueda demostrar que Cristina de Borbón cometió delito alguno. Otra cosa, manifiesta el diario, es la condena social; de eso no hay quien la salve.
El diario de Pedro J. entiende que la Casa Real, al igual que al presidente Rajoy, sabe que a la Infanta le irá bien y que únicamente se limitará a declarar como imputada, evitándo el juicio oral. La estrategia que mantiene ahora la Casa Real es la de alejarse lo máximo posible del caso Nóos, no emitiendo juicio, ni comunicación oficial alguno.