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Las posibilidades de que Bolinaga vuelva a ingresar en prisión

La Fiscalía pide 29 años de cárcel para el terrorista. Las víctimas denunciaron que la excarcelación fue "política".

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La Fiscalía pide 29 años de cárcel para el terrorista. Las víctimas denunciaron que la excarcelación fue "política".
Bolinaga (izda), junto al Diputado General de Guipúzcoa (centro) y el alcalde de San Sebastián (dcha). | Archivo

El terrorista de ETA Josu Uribetxeberria Bolinaga tendrá que volver a sentarse en un banquillo de la Audiencia Nacional. Un informe elaborado por la Guardia Civil afirma que el etarra asesinó al agente Antonio Ramos en junio de 1986, cuando este salía de un bar en la localidad guipuzcoana de Mondragón. Habría sido el encargado de abrir fuego con una metralleta contra el guardia civil y el vehículo particular en el que estaba subiendo.

La investigación, en la que se incluyeron los datos sobre dicho asesinato y las pruebas recabadas -no se conoce por qué no fueron remitidas tras la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara- junto con las pertinentes diligencias de instrucción, llevó al juez Ismael Moreno a enviarlo a juicio. La Fiscalía solicita ahora para él 29 años de cárcel.

Lo que no está claro ahora es si el terrorista de ETA podría volver a ser detenido e ingresar en prisión. El aparente problema que existe es que, según han denunciado de manera reiterada las principales asociaciones de víctimas del terrorismo, la excarcelación de Josu Uribetxeberria Bolinaga fue una decisión política tomada desde el Gobierno y no una cuestión médica. De hecho, el propio presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, mostró su apoyo a la excarcelación a preguntas de los ciudadanos durante un programa de televisión en septiembre de 2012.

"Ha estado quince años en prisión y, según he leído en algunos medios de comunicación, lleva cincuenta días en el hospital y apenas pesa 47 kilogramos", dijo, para añadir posteriormente que "las leyes no quieren que nadie muera en la cárcel". Olvidó entonces el presidente del Gobierno que el terrorista de ETA había pasado quince días haciendo una huelga de hambre y su extrema delgadez era a causa de esto y no de su cáncer.

También el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quince días antes que su jefe, exactamente a finales de agosto de ese mismo año, había apoyado durante el debate público generado en los medios de comunicación y en la sociedad la excarcelación del terrorista de ETA. Llegó a decir, incluso, que mantenerlo en prisión podría ser constitutivo de un delito de prevaricación.

Precisamente, apenas unas horas después de que el titular de la cartera de Interior diese su apoyo a la excarcelación, la médico forense de la Audiencia Nacional Carmen Baena había entregado un informe al juez en el que aseguraba que el secuestrador de Ortega Lara "no se encuentra en fase terminal" y que la sintomatología que presentaba era compatible con su tratamiento por parte de los servicios médicos penitenciarios, pese a que tuviese que ir a un hospital para someterse a radioterapia.

Añadía también que su extrema delgadez se debía a la huelga de hambre que acababa de llevar a cabo. Este informe contradecía la tesis del elaborado por la cárcel alavesa de Zaballa, en el que se decía que el etarra no podía ser atendido en un centro penitenciario "porque en las prisiones hay enfermerías que son como centros de atención primaria", y en el que se decía que tenía muchas posibiliades de morir antes de un año.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, asumiendo el contenido del informe de la médico forense, pidió que Josu Uribetxeberria Bolinaga no fuera excarcelado porque "carece en el momento actual de sintomatología que permita incluirlo en una situación claramente terminal, por lo que no se encuentra en el último período de su vida" y además "no ha sido sometido a ningún tratamiento terapéutico de radioterapia o quimioterapia, elemento importante para valorar las auténticas expectativas de vida del interno".

A pesar de que la médico forense se ratificó en un segundo informe en que la situación del etarra no era terminal, el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, -ya en su puesto, pues su compañero Ismael Moreno le había sustituido durante su periodo de vacaciones- le dejó en libertad alegando que existía "riesgo patente de muerte".

Los informes de la médico forense Carmen Baena supusieron para ella "importantes presiones", entre las que se incluyó una denuncia interpuesta ante el Colegio de Médico de Madrid por parte de Jaiki Hadi, una asociación de personal sanitario "dedicada a prestar asistencia a cualquier persona que haya sufrido, o esté sufriendo, la violencia política en Euskal Herria por parte de los Estados español y francés", según explica la misma asociación en su página web. La institución médica madrileña confirmó que el informe de la médico forense de la Audiencia Nacional era correcto, lo que obligó al Juez de Vigilancia Penitenciaria a solicitar un nuevo informe sobre la salud del etarra.

Sin embargo, esta vez, el informe ya no fue encargado a la misma experta de la Audiencia Nacional, sino a otro equipo de médicos, también del tribunal, designados según los propios criterios del juez, que le realizaron un texto que apoyaba la tesis de la excarcelación del preso. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) terminó denunciando ante los tribunales a ambos forenses (Vidal Santos y Leonor Ladrón de Guevara) porque no reconocieron a Josu Uribetxeberria Bolinaga, sino que se limitaron a acompañarle a un visita médica al Hospital Donostia de San Sebastián.

Más de dos años después, el caso de Josu Uribetxeberria Bolinaga vuelve a la Audiencia Nacional. El etarra lleva más tiempo excarcelado que la esperanza de vida que le daban los informes médicos favorables a su excarcelación, y cuyo estado de salud no parece "terminal" cuando sale a caminar o de vinos por las calles de Mondragón.

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