El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo tiene claro: la reforma de la justicia universal aprobada con los votos del Partido Popular podría ser inconstitucional.
En un auto, en el que el instructor incoa sumario por los crímenes cometidos en Guatemala en los años setenta y ochenta donde murieron miles de personas entre ellas cuatro españoles, Pedraz explica que de momento no cabe plantear cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional por la reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial aunque señala, sin embargo, que la misma podría estar "viciada de inconstitucionalidad".
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 sostiene que esos visos de inconstitucionalidad se basarían fundamentalmente en tres cuestiones:
- La primera en el artículo 10.2 de la Constitución Española: En razón al denominado "control de convencionalidad" que establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. El juez Santiago Pedraz entiende que con la reforma de la denominada justicia universal España podría "incumplir" esas obligaciones asumidas en los textos internacionales.
- En segundo lugar, el instructor cree que la reforma vulneraría el artículo 24 de la Carta Magna que versa del principio de igualdad en relación a la tutela judicial efectiva. Pedraz afirma que la reforma legal da un trato "desigual" a las víctimas según se trate del delito. El magistrado manifiesta que "gráficamente" una víctima española de terrorismo encontrará amparo judicial en España mientras que una víctima española de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra o torturas "no".
- Por último, el juez de la Audiencia Nacional subraya que la reforma de la justicia universal podría ser incompatible con tener un "proceso judicial con todas las garantías".
En el auto dictado este martes Pedraz rechaza archivar la causa en la que investiga el genocido de la población maya provocado por el Ejército de Guatemala entre los años 1978 y 1984, que dejó más de 250.000 víctimas, y el asalto a la Embajada de España en el país, que causó 36 muertos, porque señala que la Audiencia Nacional tiene "jurisdicción" para investigar estos hechos porque "hubo víctimas españolas".
El magistrado argumenta que se trata de posibles "delitos de terrorismo" que además serían "conexos" a otros de genocidio, lesa humanidad, torturas, asesinato, crímenes de género y detenciones ilegales.