Además de con sus planes de celebrar una consulta separatista el próximo 9 de noviembre -planes que, según ha dicho, siguen intactos-, Artur Mas llegó a Moncloa con un documento de 23 puntos, con propuestas y peticiones de Cataluña dirigidas al Gobierno central. Las propuestas, según fuentes catalanas, estaban centradas en la economía, las finanzas públicas de la región, la sanidad, la dependencia y las infraestructuras. Fuentes de Moncloa ha confirmado que las 23 peticiones, que según Mas no eran una "lista de agravios", se refieren sobre todo a infraestructuras como accesos portuarios y aeroportuarios, y asuntos como becas y gasto sanitario. La mayor parte de ellas, según las mismas fuentes, habrían sido planteadas ya a Hacienda por parte de la consejería de Economía que dirige Mas-Colell.
A falta de conocer en detalle qué le ha pedido Mas a Rajoy, el comunicado de Moncloa está dedicado, en su mayor parte, a la economía. En tono conciliatorio, la nota afirma que el presidente expresó su "compromiso con el bienestar y el futuro de los catalanes" en una clara alusión al auxilio económico que ha prestado el Gobierno central a las finanzas catalanas, prácticamente en bancarrota.
Moncloa detalla en la nota que Rajoy trasladó el "compromiso" a Mas de que mantendrá el "correcto funcionamiento de los servicios públicos esenciales". Y repasa toda la ayuda prestada en el pasado: los Fondos de Liquidez Autonómica y Proveedores de los años 2012, 2013 y 2014 y la reciente reestructuración de la deuda del FLA para aliviar el pago de los intereses. En total, subraya Moncloa, "las administraciones de Cataluña han recibido financiación por valor de 38.691 millones de euros".
¿Y Pujol?
Sobre el futuro, el Gobierno también da un mensaje tranquilizador: afirma que Cataluña "resultará muy beneficiada con las próximas reformas que prepara el Ejecutivo y añade, sobre las propuestas de Mas, que el presidente "se ha comprometido a estudiarlas con ánimo constructivo".
Llama la atención que la consulta en sí sólo ocupe ocho líneas en todo el comunicado. En él, el Gobierno reitera su mensaje: "La consulta es ilegal" y "por lo tanto, ni se puede celebrar, ni se va a celebrar". No hay mención al tema que ha sacudido los cimientos de CiU: la confesión de su fundador, Jordi Pujol, sobre su capital en Andorra aunque parece poco creíble que el tema no se tocara en la larga reunión, de más de dos horas. Desde Moncloa no aclaran si se habló de él. Se "ciñen", dicen, a la nota.