Tal día como hoy, 8 de septiembre, pero de 2010, Libertad Digital contaba en su portada la campaña que lanzó por segundo año los supermercados Caprabo con descuentos para productos catalanes en sus establecimientos de la comunidad autónoma. Algunos de los proveedores del supermercado propiedad de Eroski no estaban de acuerdo porque se sentían discriminados con la medida. Los productores del resto de España alegaron que "los productos no catalanes" estarían presentados de forma secundaria en el supermercado.
El proyecto de la Generalidad de Cataluña contaba con 485 referencias de más de un centenar de proveedores y de 170 marcas, y con una rebaja en los precios de hasta el 50%. Las campañas anteriores resultaron exitosas, lo que supuso incrementar en un 38% las ventas de esos productos.
El Departamento de Agricultura llegó a un acuerdo con la cadena de supermercados Caprabo para que vendiera más baratos los productos catalanes. Para ello, iba a destinar 300.000 euros de los bolsillos de los contribuyentes. El que fuera consejero de Agricultura, Alimentación y Acción Rural, el socialista Joaquín Llena, defendió la medida porque "nos encontramos en una época difícil, de crisis, nuestros productos necesitan protección". Según él, en etapas de vacas flacas lo mejor es utilizar dinero de los contribuyentes para salvar la cara a las empresas.
La Comisión Nacional de la Competencia abrió una investigación de oficio para aclarar si la Generalidad de Cataluña había incurrido en posibles prácticas ilegales y esclarecer si esa ayuda podría haber vulnerado la normativa europea. La legislación comunitaria establecía que cualquier subvención para la promoción de productos agrícolas que superara los 200.000 euros debía tener antes el visto bueno de Bruselas. El entonces consejero de Comercio catalán, Joseph Huguet, anunció que el Gobierno catalán se iba a plantear las ayudas ante la gran polémica que se desató.