El Gobierno de Extremadura propone al Ejecutivo central la elaboración de la que sería la primera ley antisoborno de España, con el objetivo de "limpiar" al país de la corrupción, "caiga quien caiga".
La propuesta, que está compuesta por nueve puntos para "combatir" la "lacra" de la corrupción en España, será defendida en el Parlamento extremeño a través de una propuesta de pronunciamiento para la que el Ejecutivo autonómico espera contar con el "acuerdo" del "conjunto" del arco parlamentario.
Entre otras medidas, el Gobierno regional apuesta por que la citada ley estatal incluya la expulsión "inmediata" a los acusados de soborno como "obligatoria" en partidos políticos, patronal y sindicatos; así como que contemple que los condenados por corrupción deban responder patrimonialmente con "todos" sus bienes personales hasta devolver la cantidad afectada por el soborno.
En la misma línea, el Ejecutivo extremeño plantea que el soborno en España esté penado hasta con 10 años de cárcel como en Reino Unido; así como que el plazo de la prescripción del soborno se amplíe de los cinco años actuales a 10 años.
De este modo lo ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico celebrado este martes en Mérida la vicepresidenta extremeña, Cristina Teniente, quien ha avanzado que el Grupo Popular registrará la propuesta de pronunciamiento en cuestión en el Parlamento regional en las próximas horas.
Tras apuntar que "la corrupción no es sólo una cuestión de los partidos políticos" sino que "hay que erradicarla del conjunto de la sociedad", Teniente ha añadido que la ley antisoborno de España sería "totalmente compatible" con la Ley de Transparencia actual y con las "muchas medidas" que "está preparando" en la materia el Ejecutivo nacional, así con las iniciativas que están elaborando también "otros" grupos políticos.
"Debemos dar un paso más allá del Código Penal que ya tipifica el delito de cohecho. Debemos entre todos limpiar a España de la corrupción desde la raíz, caiga quien caiga y debemos dotar para ello de los instrumentos con los que cuentan los países más desarrollados en el mundo para hacerlo", ha añadido.
Según ha dicho, el objetivo de la iniciativa es "atacar la corrupción desde el origen" para "cercar a los corruptos" y "limpiar la sociedad de la corrupción" entre "todos", a través de una normativa "contundente" que defina "claramente" medidas "antisoborno".
Ha considerado así que el de la lucha contra la corrupción es "un asunto de estado" en el que hay que trabajar "de forma contundente", al tiempo que ha incidido en que para hacer todas las medidas propuesta "posible" el poder judicial "necesita de financiación adecuada, de los medios materiales y humanos para dar mayor celeridad a las causas contra la corrupción".
Como medidas concretas para "combatir" la corrupción en España a través de una Ley Antisoborno, el Gobierno extremeño plantea la expulsión "inmediata" a los acusados de soborno en partidos políticos, patronal y sindicatos.
En el caso de instituciones públicas, asociaciones, fundaciones y empresas, según ha apuntado Teniente, es necesario habilitar un sistema "ágil" y "eficaz" para apartarles de manera "preventiva" de sus funciones, manteniendo sus derechos laborales hasta que haya condena "firme". Asimismo, en el caso de que la justicia resuelva en favor del acusado, se le restablecerá su situación en los ámbitos de los que haya sido apartado.
De igual modo, el Ejecutivo regional defiende que todas las instituciones públicas, partidos políticos, patronal, sindicatos, asociaciones, fundaciones, entes, organismos, sector público y sector privado deben definir e implementar "integralmente" un plan antisoborno que obligue a "todas" las personas de su organización y sea aprobado por el máximo órgano de gobierno de la misma. Además, entiende que deberán crear un órgano o departamento especializado en el control, el seguimiento y la evaluación.
También, según la propuesta de la Administración extremeña, todos los trabajadores, desde los máximos representantes hasta el último empleado, de las entidades incluidas en la ley antisoborno deberían firmar una "declaración responsable". Con su firma, además de comprometerse a cumplir la ley, tendrán la obligación de contactar para cualquier duda o sospecha de algún posible caso con el departamento legal u organismo competente.
Además, apuesta por que el soborno declarado por sentencia firme conlleve la anulación de los contratos o subvenciones públicas en la parte afectada por el delito.
Igualmente, defiende el Gobierno autonómico que todas las instituciones públicas, partidos, patronal, sindicatos, asociaciones, fundaciones, entes, organismos, sector público y privado asuman la responsabilidad del delito si se demuestra que no han llevado a cabo los controles y mecanismos adecuados para evitar el soborno.
Asimismo, plantea que la financiación ilegal de partidos políticos, patronal, sindicatos, asociaciones o fundaciones debe tipificarse como un soborno y debe incluirse en el Código Penal también con penas de hasta 10 años de cárcel para los responsables de la misma.