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Interior activa el Plan de Protección de Infraestructuras Críticas en toda España

El ministro se muestra partidario de la creación del fichero informático de pasajeros de la Unión Europea.

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La Secretaría de Estado de Seguridad, que depende del Ministerio del Interior, ha puesto en marcha en la mañana de este jueves el Plan Nacional de Infraestructuras Críticas y ha ordenado al Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC) la activación de los protocolos de seguridad correspondientes al Nivel 3 de intensidad baja, el nivel de alerta antiterrorista al que se subió ayer tras los atentados en París contra la revista satírica Charlie Hebdo.

Según explicaron fuentes del Ministerio del Interior, estos protocolos consisten en remitir a los cuerpos policiales competentes en cada área de influencia, ya sea a nivel estatal o a nivel autonómico, el listado con las infraestructuras críticas que tienen bajo su protección y que podrían ser susceptibles de sufrir un atentado terrorista.

Se ha contactado asimismo con los operadores críticos afectados a fin de que extremen las medidas de seguridad en torno a sus instalaciones, que permanecen en contacto permanente con el CNPIC y monitorizadas por los cuerpos policiales respectivos, que han establecido sus planes de contingencia y apoyo a los diferentes operadores.

Además, se ha activado el equipo de respuesta ante emergencias informáticas Computer Emergency Response Team (CERT) de Seguridad e Industria, competente para la protección de las infraestructuras críticas ante las amenazas provenientes del ciberespacio que está alertado ante la posibilidad de ataques cibernéticos.

Según datos a los que ha tenido acceso de Libertad Digital, la lista principal de insfraestructuras críticas con la que trabaja habitualmente el Departamento de Seguridad Nacional, que depende del Ministerio de la Presidencia, está conformado por cerca de 3.700 instalaciones, de las que aproximadamente un 80 por ciento pertenecen o están gestionadas en su día a día por empresas privadas.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha especificado que el acceso del personal civil a las infraestructuras críticas se mantendrá tal y como estaba hasta ahora, y que las restricciones de acceso a las mismas sólo tendrán lugar de forma específico en las zonas donde se haya producido o exista un riesgo inminente de producirse algún tipo de atentado.

Sobre el aumento de dotaciones en la calle de agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, ha vuelto a evitar por segundo día consecutivo cuantificar el número de efectivos de más que estarán en la calle, aunque sí ha indicado que "el despliegue se irá viendo en función de las necesidades" y " se dedicarán únicamente "a la vigilancia y control salvo hechos excepcionales".

Durante una pausa de la primera reunión de la Junta de Gobierno de la Policía Nacional, el ministro ha insistido en que "no hay motivo para alarmas", porque no ha aumentado el nivel de amenaza por los atentados de ayer y esta mañana en París y ha recordado que ahora ha que tener cuidado con el efecto emulación, que hizo que un perturbado entregase ayer miércoles varios paquetes sospechosos en redacciones como la de Libertad Digital, El País, El Economista y 20 Minutos.

En esta línea, el máximo responsable del Ministerio del Interior se ha mostrado partidario de la puesta en marcha del denominado Registro de Nombres de Pasajeros (PNR por sus siglas en inglés), en el que se incluirían los datos personales, itinerarios y formas de pago de todos los viajeros que transiten en medios de transporte por el espacio Schengen, de libre circulación de viajeros por la Unión Europea.

"Tenemos el firme deseo de que se apruebe esta directiva", ha dicho Jorge Fernández Díaz, quien ha recordado que no hay Consejo Europeo en el que no esté a debate esta iniciativa que "España defiende e impulsa desde hace más de tres años", pero que no ha sido aprobado en el Parlamento Europeo porque muchos parlamentarios de todo tipo de partidos políticos consideran que puede ser una vulneración de los derechos de los ciudadanos.

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