Las normas municipales de Barcelona son un reflejo de las consignas de la Generalidad, pero la obsesión nacionalista llega a tal extremo que el consistorio nacionalista de la capital de Cataluña prohíbe la exhibición en la vía pública de bandeloras publicitarias de películas que no se hayan rodado en catalán o, en su defecto, que no promocionen la ciudad. Con esta norma, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona en diciembre de 2014, el consistorio nacionalista pretende contribuir al programa de la administración regional para erradicar el idioma español.
Las reglas admnistrativas municipales son tan severas como concretas, de tal manera que la regulación para el procedimiento de la colocación de banderolas públicas está constreñida en el punto 11 del decreto que establece los "criterios y procedimientos para la autorización o denegación de colocación de banderolas en la vía pública".
De su aplicación, que se lleva a cabo de forma estricta, se infiere la desaparición de las calles de los carteles y anuncios de películas españolas y/o extranjeras de los paneles y soportes publicitarios de dominio público, de modo que sólo en las fachadas de los cines se pueden publicitar las cintas que no estén rodadas en catalán o que no estén localizadas en Cataluña. La normativa es tajante al respecto de la publicidad sobre el cine no catalán, prohibido en los soportes publicitarios dependientes del Consistorio.
La normativa ha sido revelada y denunciada por el PP de Barcelona, cuyo presidente, Alberto Fernández considera que la norma, más allá de la tradicional discriminación lingüística y vulneración legal de los derechos individuales, pone de manifiesto la "doble vara" del Ayuntamiento. La propaganda local o en soporte municipal sólo es posible en catalán mientras que las campañas de recaudación e impuestos, los avisos y las multas se ciñen a un escrupuloso bilingüismo. De hecho y según Alberto Fernández, "el ayuntamiento sólo utiliza el catalán y el castellano cuando se dirige a los ciudadanos para que paguen sus impuestos o multas y se vuelve monolingüe, en catalán, cuando se trata de informar o dar servicios a los barceloneses".
En su opinión, "la administración tiene la obligación de dirigirse a las personas en las dos lenguas oficiales". Además, Fernández ha recordado que "los barómetros municipales reflejan que los barceloneses utilizan tanto el catalán como el castellano". El último sondeo, datado, como la norma, en diciembre de 2014, muestra que el 45% de los encuestados indican que su lengua habitual es el castellano frente el 50,5% que señala el catalán.