Las diligencias de la juez Alaya respecto al contrainforme de los expertos de José Antonio Griñán y Manuel Chaves han dado unos frutos inesperados. Los peritos del Estado, además de denunciar los errores del contrainforme de los expresidentes de la Junta, han afirmado rotundamente que los consejos de gobierno de la Junta, esto es presidentes, consejeros e incluso viceconsejeros de la Junta, que actuaron a lo largo de la implantación y funcionamiento del caso ERE, conocían perfectamente el mecanismo fraudulento que se aplicaba.
Es más, es que la juez Alaya se lo preguntó a los peritos expresamente. A la cuestión de si era que "altas jerarquías de la Junta de Andalucía" conocían todas las irregularidades del sistema, los técnicos afirmaron que las conocía la Intervención General de la Junta, el consejero de Hacienda, el consejero de Empleo, el de Innovación, los consejillos -viceconsejeros- y todo el Consejo de Gobierno, presidentes incluidos.
Curiosamente, El País omite esta información subrayada por ABC, El Mundo y el grupo Joly. En su lugar, defiende la tesis oficial de la Junta de que la responsabilidad era, sobre todo, de la Consejería de Empleo, en parte, de Hacienda y de la agencia IDEA. Dice el diario de Prisa: "Los interventores -Jesús Ruiz Ayúcar, Eduardo Vilaseca, Ángel Turrión y Rosa Hernández Antón- estiman que la responsabilidad del sistema de pago del fondo, dotado con 855 millones entre 2001 y 2010, debe recaer sobre los responsables de las Consejerías de Empleo y Hacienda, y de la agencia pública Idea -pagadora de las ayudas-, sin matizar nombres ni cargos concretos. Alaya ya ha señalado a la inmensa mayoría de altos cargos de ambas consejerías y de la agencia pública, entre ellos los exconsejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera, Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán. "La intervención de todos ellos -los responsables- era necesaria y precisa para constituir esa realidad del uso presupuestario", manifestaron ante la juez, según fuentes presentes en la declaración.
El Mundo, por su parte, recoge naturalmente la responsabilidad del Consejo de Gobierno y añade que en el año 2004 la Intervención General de la Junta ya puso de manifiesto que ni tan siquiera se podía emplear el término de transferencias de financiación, sino el de "crédito para la concesión de subvenciones". Y, por si fuera poco, señalaron que en ninguno de los planes de control financiero permanente aprobados por el Consejo de Gobierno se acordó una regulación para tramitar las ayudas. Pero no se olvide que al menos dos anteproyectos para regular ese tipo de subvenciones llegaron a los ‘consejillos’ presididos por Gaspar Zarrías procedentes de la Dirección General de Trabajo y que fueron desechados sin llegar al Consejo de Gobierno.
Chaves y Griñán, más señalados que nunca
La vista del miércoles para la ratificación de la evaluación de los peritos de la Intervención del Estado, que duró 12 horas, ha resultado ser un grave traspiés, sobre todo, para José Antonio Griñán porque la consejería de Economía y Hacienda que él dirigió durante los años anteriores a su proclamación como presidente, fue claramente implicada en el diseño del presunto fraude.
El abuso fraudulento de la figura de las transferencias de financiación hasta armar un sistema ilegal sería responsabilidad del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía -IFA, actual Agencia Idea-, la Consejería de Empleo –en la que la Junta está intentando ahora residenciar toda las responsabilidades– y también la de Economía y Hacienda, por "su intervención necesaria y precisa para que esta realidad se pueda constituir".
El Mundo cree que de este modo se "señala con el dedo" a José Antonio Griñán, Tampoco sale bien parado el ex presidente Chaves de la declaración de los peritos del Estado porque consideran que el contrainforme de sus catedráticos se trata "de un informe de parte, con los sesgos e interpretaciones que tiene un informe de parte" que, encima, contiene "muchos errores".
El principal error es defender que el uso que se hizo de las transferencias de financiación en la fase de presupuesto y de ejecución era "inadecuado conforme a la ley". Los peritos explicaron que el sistema irregular condujo a la anomalía de que siete de cada diez de las ayudas investigadas en el caso ERE no eran sociolaborales y que el resto "no tenían nada que ver" con el auxilio económico para trabajadores andaluces afectados por el cierre inminente de sus empresas.
Ante el problema surgido para su defensa, el abogado de Griñán, José María Mohedano, pidió inmediatamente la nulidad de esta prueba pericial alegando que se le ha causado una "gravísima indefensión" a su defendido y que los dos catedráticos aludidos no han podido defender su trabajo ante Alaya. Pero hay que recordar que Mohedano recurrió al Supremo para que no se enviara a la juez la contrapericial que aportó al Alto Tribunal y que el instructor Alberto Jorge Barreiro ordenó lo contrario.