La radio y la televisión públicas andaluzas, conocida como Canal Sur, fueron concebidas, desde su gestación en los equipos políticos de José María Rodríguez de la Borbolla, como un potente instrumento mediático al servicio directo del PSOE andaluz y dentro de él, naturalmente, al servicio del sector borbollista, por entonces enfrentado ya con el sector guerrista. Tal enfrentamiento, poco visible desde el exterior, tuvo lugar ya en el centro regional de la RTVE donde los guerristas tenían colocados a algunos periodistas afines y los borbollistas controlaban la línea informativa en contacto directo con el Palacio de Monsalves, sede entonces de la presidencia de la Junta de Andalucía. Finalmente, Manuel Chaves la puso totalmente al servicio de su gobierno y su partido durante más de 18 años, línea mantenida hasta el momento. Más que una radiotelevisión pública, ha sido una televisión partidista desde su fundación.
La importancia del nuevo medio fue vista inmediatamente por algunos aventureros de la comunicación y por un grupo de periodistas ambiciosos, deseosos de medrar económica, social y profesionalmente. De la nueva estructura de comunicación los guerristas fueron casi totalmente excluidos y la erección del más importante tinglado de la comunicación andaluza fue encomendada a estos aventureros y/o periodistas, fieles servidores del poder, primero de Pepote y luego, tras la derrota del borbollismo, de Manolo, Manuel Chaves González y su fiel pretoriano, el incombustible Gaspar Zarrías.
Desde el principio, hubo tres líneas maestras diseñadas para la ocupación del nuevo instrumento "público", entendiendo por "público", naturalmente, lo relativo a los intereses del PSOE-A.
La primera fue la que conducía a la determinación de qué personal y de qué calidad ideológica y moral era necesario para no preocuparse siquiera en el futuro de la línea política del medio. Desde el principio estuvo claro que la mayoría de los trabajadores de Canal Sur TV y Radio deberían ser ideológicamente de izquierdas y, por tanto, todo tipo de prueba selectiva imparcial debía ser mirada con desconfianza o, en todo caso, eficazmente orientada para producir los resultados esperados. Esta línea ha permanecido vigente hasta la actualidad. El método ha solido ser el mismo que el practicado en la Administración andaluza y las empresas públicas: los hechos consumados. Primero se contrata a las personas previamente decididas de manera temporal y sin control y luego, o bien se hacen fijos sin más o bien se hacen oposiciones a la medida para los "elegidos".
La segunda fue la construcción de un sector económico audiovisual ligado al conjunto de la RTVA en el que los "promotores amigos" del PSOE y de la izquierda en general tuvieran la máxima relevancia. Se trataba y aún se trata, con algunas que no muchas excepciones, de que periodistas y productores amigos del PSOE estuviesen en condiciones de servir las necesidades de la programación y, además, se aprestasen a neutralizar cualquier proyecto de programación si ésta no procedía de los dictados del PSOE.
Este segundo paso fue dado con no pocas chapucerías y arbitrariedades, pero con tal firmeza que básicamente la estructura de las productoras consideradas "pata negra" ha seguido intocable después de más de veinte años de funcionamiento del ente supuestamente público. Nada ha importado la competencia, el pluralismo ni la prueba evidente de las audiencias. Se trataba de, además de controlar el presente, controlar el porvenir. Con tal estructura sería imposible que algún partido político diferente del PSOE en el futuro, en caso de salir vencedor en las elecciones, pudiera siquiera llegar a controlar un trocito de la televisión andaluza.
Aunque es difícil precisar quiénes son las productoras "pata negra" porque su definición es inconcreta nadie duda que las productoras iniciales, la de Joaquín Petit, la de Jiménez Filpo, la de Antonio Pérez y José Luis Vázquez, cuando menos, y las de los ex directivos del Ente, Cervantes, Domínguez, Durán, Lobatón y otros, fueron incuestionablemente "pata negra".
Este paso se dio acompañado de otro, no de menor trascendencia, pensado para establecer relaciones de lealtad y fidelidad inquebrantables entre los sucesivos directivos de la RTVA y los dirigentes políticos del PSOE mediante la concesión de programas, productoras y privilegios.
El tercer y simultáneo paso fue el control ideológico y político de los informativos de manera férrea mediante el nombramiento de unos directores generales libres de todo control parlamentario eficaz, imponiendo la mayoría absoluta conseguida por el PSOE en las sucesivas elecciones como método despótico de control. Incluso cuando recientemente se ha aceptado que esta dirección general fuera nombrada por una mayoría cualificada del Parlamento, la nueva mayoría absoluta del PSOE en las elecciones de 2008 ha permitido que, en caso de desacuerdo, se aplique nuevamente la mayoría absoluta, es decir, que siga siendo nombrada por el Partido Socialista.
El huevo de la serpiente
En este capítulo de la serie, largo pero creemos del máximo interés, nos limitaremos a resumir los inicios de este ente, ruinoso para las arcas andaluzas desde su nacimiento y desde el principio caracterizado por el partidismo y en el enchufismo, con unos protagonistas esenciales, su primer director general y el primer director de Canal Sur TV. Para conocer en profundidad todo lo ocurrido tiene que leer la documentación que se aporta junto con este artículo.
El primer escándalo de la RTVA fue el nombramiento de su primer director general, Salvador Domínguez, que fue anteriormente Director General de Comunicación Social de la Junta. Desde esa instancia, Domínguez trabajó para la nueva Canalsú y en diciembre de 1987, Domínguez asumió el cargo de Director General de RTVA. Lo que ocurrió después fue que Domínguez, su lugarteniente Paco Cervantes y un grupo de amigotes se hicieron ricos, unos antes y otros después, tras su paso por la RTVA. El dispendio monumental se justificó oficialmente por las prisas emanadas de Pepote Rodríguez de la Borbolla por inaugurar la tele, artefacto político que podría salvarle de la hoguera alimentada por Guerra y sus secuaces y por el bajo presupuesto obtenido para su puesta en marcha. La salvaje succión del dinero público se achacó a la inexistencia de profesionales, pero en realidad se debió a la inmensa voracidad demostrada por los amigotes "filosocialistas" de la dirección a la hora de fijar precios y condiciones. La evolución posterior de sus empresas hace inconcebible pensar que Domínguez y Cervantes no estuvieran de acuerdo con ese proceder. Lo únicamente razonablemente coherente es que lo animaron, alimentaron e incluso, en algún caso, organizaron.
¿Quién era Salvador Domínguez Martín?
Afiliado al PSOE según las crónicas oficiales en 1974, ya en 1979 aparecía como concejal de Málaga y miembro del equipo director de la Diputación provincial. Casi desde el principio – la primera nota alarmante de su biografía que dio fue la falsificación de su expediente y la manipulación de su ficha de afiliado para poder formar parte de la Ejecutiva Regional del PSOE-A, entonces Federación Socialista Andaluza -, manifestó una curiosa relación con el dinero de los demás por cuanto algunos militantes socialistas de Málaga le denunciaron, ya en 1979, por irregularidades en las cuentas de la campaña electoral. No fue la única vez ni sería la última.
En 1980, Salvador Domínguez, Salvi para los amigos, presentó querella criminal contra los cinco firmantes de un escrito enviado al consejo de administración de la Caja Provincial de Ahorros de Málaga, del cual formaba parte y en el que se hacían contra él numerosas acusaciones de tipo económico y moral.
Al año siguiente, según recogía el diario Sur y difundió EFE, un militante comunista de Málaga, envió una carta al gerente del Hospital Civil de Málaga, en la, que se afirmaba que el concejal diputado provincial Salvador Domínguez Martín incluía en su cuenta corriente particular fondos provenientes del Ayuntamiento. Este Hospital no le gustaba nada a Domínguez puesto que en 1982, siendo vicepresidente de la Diputación, fue objeto de un auto de procesamiento por haber sido, junto con otro, presunto autor de un delito de injurias graves a los facultativos del hospital. La querella criminal fue interpuesta por el Colegio de Médicos.
Daba a entender que era licenciado en Ciencias Económicas y así aparecía en su currículum oficial, pero en realidad no pasó de primero de carrera como publicó ABC. Sí parece que estuvo dedicado a la gerencia de una empresa de congelados, pero su afición política le condujo a ser nombrado gobernador civil de Cádiz en 1982 tras el triunfo del PSOE y en vísperas de la reconversión naval, nombramiento sorprendente dados sus antecedentes conflictivos y su enclenque formación académica.
En 1983 fue declarado persona non grata por el Ayuntamiento gaditano de Bornos y se pidió, por vez primera, su cese. Este don Guido de izquierdas, atraído por la juerga y el dinero, convivió con los carnavales gaditanos, de los que se hizo casi un "profesional" del Coro mientras Cádiz se convertía en la ciudad de España con más atracos a Bancos por kilómetro cuadrado. Más de veinte atracos a entidades bancarias sufrió Cádiz en 1983, atracos ligados sobre todo al tráfico incesante de drogas, desde el hachís a la heroína y la cocaína.
Pero fueron los escándalos personales los que provocaron el cese de Domínguez al frente del gobierno civil de Cádiz. Uno de ellos, el reconocer que fumaba porros de vez en cuando, cosa que denunció incluso el diario El País. Otro, enfrentarse directamente con los sindicatos policiales de la provincia que criticaban duramente actitudes y frases supuestamente adoptadas y pronunciadas por el gobernador gaditano. Por ejemplo, el PUP decía que el gobernador de Cádiz "se tomaba con frivolidad los asuntos serios y seriamente las frivolidades", mientras que el SUP le acusó, durante la Feria de la Manzanilla, de haber llamado "cosacos" a dos policías a quienes había invitado a una copa en la caseta que vigilaban.
Salvador Domínguez ordenó la apertura de expedientes a los posibles autores. Negó haber llamado "cosacos" a los policías y también negó todas las alusiones que se hacían sobre su vida privada. Terminaba El País su crónica diciendo con ironía que "el gobernador de Cádiz se encuentra en las proximidades del Rocío, en Doñana, para, según una fuente del Gobierno Civil, coordinar el Plan Romero 84".
Por si fuera poco, durante su mandato tuvieron lugar intervenciones policiales durísimas, incluso haciendo uso de armas de fuego contra los jornaleros gaditanos de Puerto Serrano, uno de los cuales perdió un ojo.
Los primeros escándalos de RTVA
Antes de comenzar su andadura burocrática, la nueva televisión ya fue acusada de "suciedad" en los procedimientos y el sector de las empresas electrónicas denunció irregularidades en el concurso de equipamiento de la televisión y la radio andaluza. En un informe llegado a ABC, se decía: "Este concurso ha sido preparado en forma absolutamente anormal, con unas intenciones parciales y dirigido claramente hacia un específico adjudicatario (...). Creemos que sólo el desconocimiento de lo que han preparado personas a nivel de director general e inferiores, permite que se corra el riesgo de meterse en un asunto que puede alcanzar resonancia a nivel nacional e internacional".
Incluso El País, en cuyo archivo digital no aparecen apenas noticias sobre los escándalos de Canal Sur, reconocía que desde el principio la cosa olía a "cueva de ladrones", olor del que huía sin éxito la Junta de Andalucía. Pero la Junta debía responder de las acusaciones de "supuestas irregularidades en la tramitación y convocatoria del concurso, por valor de unos 800 millones de pesetas. Alianza Popular pidió la revisión del asunto tras la difusión de un escrito, en el que empresarios que no se identificaban "denunciaban defectos en la convocatoria para favorecer a una determinada empresa, según indicó a este periódico Manuel Ponce, representante de AP en el Consejo de Administración de la Empresa Pública de Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)".
Lamentablemente, nadie interpuso recurso contra este concurso de equipamientos cuyo proyecto se encargó a dedo al ingeniero de telecomunicaciones Fernando Pardo, al que se atribuían relaciones con PESA, empresa controlada por el INI que sería supuestamente la beneficiada por las condiciones fijadas. Y así fue. El concurso fue adjudicado en su mayor parte a la empresa PESA y a otras dos, favorecidas con pequeños lotes.
Domínguez afirmaba que tenía un informe que respondía a todas las dudas, pero no asistió a la primera reunión del consejo de Administración de la RTVA donde iba a presentar el "contrainforme", "rebatiendo punto por punto", las acusaciones. Fue una amigdalitis, se dijo, la que impidió a un chungo Salvador Domínguez dar la cara. El informe no se vio e incluso se albergaron dudas respecto a su existencia, tantas que IU-CA anunció que llevaría el caso al Parlamento por irregularidades jurídicas del concurso. Se empezaba a hacer realidad el pronóstico de Ignacio Romero de Solís: "Aún más grave es el caso de la televisión regional, porque su coste es muchísimo más elevado y supondrá la creación de un ejército de funcionarios, a los que se les exigirá el carnet; además, resultará una caricatura de la televisión que actualmente padecemos: su nivel artístico será ínfimo y su objetividad informativa aún menos que escasa".
Enchufismo socialista generalizado
Más virulento incluso fue el enfrentamiento de Domínguez con la Asociación de la Prensa de Sevilla (recuérdese que se estaba en plena contienda Guerra-Borbolla) –ya debía ser grave la cosa -, que rechazó la convocatoria que el nuevo director de la RTVA hizo para cubrir plazas de reporteros de radio con todo tipo de personas sin necesidad de titulación expresa. El letrado Jesús López de Lemus, en nombre de la Asociación de la Prensa de Sevilla, requirió notarialmente al director general de RTVA, Salvador Domínguez, para que en el plazo de 24 horas dejase sin efecto la convocatoria de exámenes de las plazas de reporteros de radio por considerar que la misma "vulnera los artículos 14 y 23.2 de la Constitución española".
El estilo marrullero y tramposo de Domínguez se reflejó en el hecho de que, a espaldas de los periodistas andaluces y sevillanos, el entonces presidente de de la Asociación de la Prensa sevillana, Ángel Botana, director de la SER, actuó en nombre de la Coordinadora de Asociaciones de la Prensa de Andalucía y llegó a un acuerdo con Domínguez. Todo valía para colocar a quienes debían ser colocados, por encima de la polémica sobre las titulaciones.
El día 9 de junio de 1988, la Asociación de la Prensa de Sevilla volvía a rechazar los planes de Domínguez y el gobierno de Borbolla considerando favorecedoras del "intrusismo" en la profesión las normas y las consecuencias de su convocatoria.
Para rematar, las oposiciones convocadas por Domínguez estaban extrañamente relacionadas con la Productora Audiovisual Omeya, propiedad de Antonio Pérez, dueño, además, de Videoplaning, de la que ya hemos hablado en páginas anteriores por sus relaciones de privilegio con el director general de la RTVA. Pues la presentación de solicitudes para aquellas oposiciones tenía que hacerse en un chalé de la avenida de Manuel Siurot número 34, chalé en el que se encontraba ubicada la Productora Audiovisual Omeya, propiedad de Pérez y Vázquez.
Que además Domínguez se negara a publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y en ningún otro medio de comunicación las fechas de las pruebas o las listas de admitidos, a pesar de que estaba previsto en las normas, no puede extrañar a nadie.
El PSOE, dirigido ya por el guerrista Carlos Sanjuán, aprovechó la ocasión para presionar al presidente Rodríguez de la Borbolla y logró que el Grupo Parlamentario Socialista votara favorablemente una resolución en el Parlamento andaluz que desautorizaba la actuación de Salvador Domínguez como director general de RTVA y le obligaba a negociar con los profesionales la modificación de la convocatoria de oposiciones para acceder al nuevo canal de radio y televisión "público".
Pero Domínguez siguió adelante para su convocatoria de 46 plazas tras haber colocado a dedo a toda la estructura directiva de la RTVA. Pocos pueden expresar mejor la situación que lo hicieron Javier Pérez Royo y su asesorado, López de Lemus: "Al no existir la titulación, se devalúa el ejercicio de la profesión, la retribución económica de los profesionales, se abre el abanico extraordinariamente, lo que convierte en muy difícil la selección por parte del tribunal, dando pie a una posible arbitrariedad, y, por último, todos estos factores confluyen en la posible docilidad de los profesionales finalmente elegidos a las órdenes del director general, que es, en definitiva, lo que creemos que se pretende". Es evidente con quiénes dentro del PSOE se relacionaba ya el antiguo comunista, enemigo de Borbolla.
De las discrepancias internas del PSOE da cuenta el hecho de que los miembros mayoritariamente borbollistas del PSOE en el Consejo de Administración de RTVA se negaran a paralizar las oposiciones para cubrir las cuarenta y seis plazas de reporteros de radio a pesar del acuerdo del Parlamento andaluz, PSOE incluso, que deseaba una salida airosa al conflicto. La UGT apoyaba a Domínguez, pero no CC.OO. Un lío descomunal sin salida visible.
Finalmente, las pruebas para reporteros fueron suspendidas por la Audiencia Territorial de Sevilla. La gestión de Domínguez empezaba a dolerle en la cabeza al presidente Rodríguez de la Borbolla.
Pero no fue sólo el caso de los periodistas o reporteros de radio. Pronto se hizo patente la decisión de Salvador Domínguez, en representación del PSOE de constituir una televisión partidista, no pública.
El sectarismo de los tribunales de las pruebas
El último día del año 1987, los consejeros de la oposición calificaron de impresentable y escandalosa la composición del tribunal que seleccionaría a los futuros profesionales de la radio y la televisión andaluzas, y que presidiría, tomen nota, el propio Salvador Domínguez – conocido "experto" en materia de periodismo y televisión -, e iba a estar compuesto por varios altos cargos de RTVA ya nombrados a dedo por Domínguez. La oposición pedía que fueran personas expertas e independientes los que mayoritariamente compusiesen el Tribunal.
Poco a poco comenzaron a surgir nuevas irregularidades y sospechas. Publicado fue el caso de la convocatoria de cuatro plazas de licenciados en Derecho para la RTVA en unas oposiciones generales para 200 plazas diferentes de personal fijo. Sólo uno de los miembros del tribunal era profesor de Derecho. El resto eran el propio director general y sus amiguetes ya colocados en la RTVA. [27] De hecho, el propio Domínguez reconoció que la nueva RTVA iba a tener unos 350 empleados de los que 29 altos cargos, con un coste de 200 millones de pesetas al año, ya habían sido libremente designados por él mismo.
El tribunal, además del letrado mencionado, estaba compuesto por personas que o eran socialistas o afines.
- Salvador Domínguez, del que ya hemos dicho que abandonó los estudios de Económicas, en el primer curso;
-Francisco Cervantes Bolaños[28], director del Canal Sur de Televisión, ex técnico de discos en Radio Nacional de España;
-José María Durán Ayo, director del Canal Sur Radio y periodista;
-Luis Eduardo Orbe, director del gabinete Económico-Financiero de la Empresa Pública de Radio y Televisión de Andalucía:
-Inés Gete, directoras del gabinete jurídico de la RTV-A
-Pedro Jiménez Campos, secretario general de la Empresa Pública Radio y Televisión de Andalucía.
Todos ellos menos uno, el letrado, colocados a dedo por Domínguez. Al grupo había que sumar los dos representantes sindicales, de UGT y CCOO, que no tenían cualidades profesionales para enjuiciar una prueba de esta envergadura. Por cierto, el representante de CCOO era Blas Ballesteros Sastre, que fue expulsado posteriormente de la organización sindical por oscuras circunstancias y luego fur un alto cargo del PSOE andaluz que se ha visto envuelto en no pocos escándalos.
No había duda alguna de que los criterios políticos iban a prevalecer sobre los profesionales en las más altas esferas de Canal Sur TV y Radio ya que el propio Domínguez había dicho públicamente que los altos cargos de la radio y la televisión "públicas" andaluzas iban a ser "hombres del PSOE", era previsible ese iba a ser el objetivo de las demás contrataciones. Un jurado como el decidido por Domínguez sólo se constituye para "politizar" arbitrariamente el resultado de las pruebas, no para preservar su objetividad y rigor.
Ni siquiera estas pruebas fueron limpias. Los opositores participantes denunciaban las anomalías que detectaban. Una de ellas, la prohibición de presentarse a las mismas por varias plazas aunque se hubieran pagado los derechos. El opositor que hubiera satisfecho diez mil pesetas para tener diez oportunidades, a mil pesetas la oportunidad, se encontraba con la sorpresa de que sólo tenía derecho a un único examen, como los que habían pagado 1.000 pesetas.
Otra anomalía surgía de la falta de rigor del Jurado. La primera fase de las pruebas para técnicos de sonido consistía, contó ABC, "en grabar en cinta abierta tres secuencias diferentes, procedentes de una cassette cuya señal pasaba por una mesa de mezclas. Cada opositor grababa en el mismo segmento de cinta facilitado por el tribunal, con lo cual cada opositor borraba automáticamente el ejercicio del que le precedía en el examen, por lo que los "listillos del PSOE" sólo disponen del último examen del último opositor. Si alguien hubiera impugnado la prueba, no sé cómo se las hubieran arreglado estos señores".
Hasta la UGT, que en triple salto mortal oportunista, se enfrentó a Domínguez después de haberle apoyado, dijo que las pruebas parecían más una criba que una selección. De las 10.000 personas que se presentaron para diferentes puestos, sólo superaron la primera fase alrededor de 800, entre auxiliares administrativos, operadores de sonido, auxiliares de documentación, recepcionistas, etc. En el tribunal calificador seguían, cómo no, la propia y coherente UGT, y, desde luego, el director general y los componentes de su equipo designado por él mismo. Ni se respetaban las mínimas garantías ni los más elementales criterios de evaluación de los aspirantes.
Luego se supo que los trabajadores contratados previa y eventualmente por Domínguez que se presentaron a las pruebas obtuvieron las máximas puntuaciones.
Por si fuera poco, uno de los que participaron en la elaboración de las pruebas, el abogado eventual Carlos Salazar Murillo, consiguió la máxima nota en la primera prueba para la plaza de jefe de departamento de Recursos Humanos. También otro de los participantes en la citada elaboración, el abogado eventual Carlos Millán Raynaud logró la puntuación más alta en el primer examen para la plaza del Gabinete de Relaciones con la Administración de Justicia. Carlos Millán ya trabajó con Inés Gete, actual asesora jurídica de la RTVA y miembro del tribunal examinador.
Por seguir digamos que un diez sacó Inmaculada Martínez Fernández (exsecretaria de Inés Gete en el IFA). Carmen Blanco, exsecretaria de Salvador Domínguez, alcanzó la máxima nota para técnico del Gabinete del director general, un 8. Manuel Cadaval, ex delegado en Sevilla de la agencia Efe y uno de los contratados por Salvador Domínguez para poner en marcha el Tercer Canal, había obtenido también la máxima nota, un 8,5, para la plaza de director de comunicación y relaciones externas de la Rtva. Y la lista era más amplia.
Silvia Caballero Galnares, secretaria personal de Francisco Cervantes en la RTVE y ahora en la Televisión Autonómica, obtuvo una de las mejores notas en su epígrafe, secretaria de dirección. Mercedes Adell Buqueras, contratada por Domínguez desde enero, obtuvo un 9, la máxima nota, para el puesto de jefe de Departamento de la Administración. Juan Miguel Castro Marín, que logró un 8, también la máxima nota, para optar al puesto de jefe de la Segundad Social, fue contratado con anterioridad por la RTVA.
Y naturalmente, Francisco Javier Chaves González, hermano de Manuel Chaves, entonces ministro de Trabajo y luego presidente de la Junta de Andalucía, conseguía la mejor calificación de los que aspiraban a la plaza de jefe de sección Laboral o Servicios Generales.
La prueba final consistía en una entrevista personal con…el propio Salvador Domínguez.
Y más y más enchufismo
Como pasó lo de los reporteros. A la vista de la paralización de las pruebas convocadas por la RTVA, su director, Domínguez, "un golfo en la RTVA" según ABC, reconoció a los miembros del consejo de administración que se estaba procediendo a la contratación directa de profesionales de la información sin esperar que se resolviese el contencioso pendiente en los tribunales. Es decir, los contrató a dedo puenteando a la Audiencia de Sevilla. El propio Domínguez admitió que las contrataciones, sobre las que no informaba ni al Consejo de la RTVA, fueron numerosas y que muchas coincidían con los perfiles exigidos en las oposiciones.
Izquierda Unida afirmó que desde el 1 de septiembre al 18 de octubre de 1988, la dirección general de RTVA había contratado a treinta y tres personas destinadas, fundamentalmente, a Canal Sur Radio, bien para programas determinados o para funciones habituales dentro de la programación. "Con este ritmo de contratos (cuya cuantía desconocemos), el personal igualará o superará en breve plazo la plantilla orgánica de RTVA, lo que supone una alteración profunda en la gestión de las empresas públicas".
Finalmente, el conflicto de los reporteros de radio fue zanjado admitiendo Domínguez la presencia de reporteros titulados aunque sólo se comprometió a meter a uno. El pacto especificó que para obtener una plaza de redactor bien en radio o en televisión, había de acreditar o el título de Licenciado en Ciencias de la Información o la inscripción en el Registro Oficial de Periodistas, en el que el requisito era más que nada la experiencia acumulada dada la situación del sector.
En noviembre de 1988 se anunciaron nuevas oposiciones a redactores de radio y televisión con nuevas bases, pero el jurado seguía presidido por Salvador Domínguez, cinco miembros nombrados a dedo por él (entre ellos Francisco Lobatón, luego propietario de una de las productoras "pata negra" y que había dirigido una Escuela Taller aprobada ad hoc para suministrar personal a la RTVA), dos sindicalistas y un profesor de Periodismo. Tampoco las nuevas oposiciones estuvieron exentas de irregularidades, como denunció Comisiones Obreras.[32]UGT recurrió las oposiciones por "inconstitucionales". Fíjense.
Ya en abril de 1988, el cese de Domínguez fue exigido por la oposición política porque, como era habitual, Domínguez se negaba a presentar documentación económica alguna, ni siquiera al Consejo de Administración de la RTVA. Manuel Ponce, presidente de dicho Consejo y militante de AP, basó la petición de cese -que secundaron todos los consejeros de la oposición- en "varios incumplimientos" de la ley de creación de Canal Sur como la no aprobación del plan de actividades de la empresa ni la memoria anual de las actividades de la RTVA, así como la contratación de numerosos profesionales, desconocida por el consejo. El PSOE de Borbolla salvó a Domínguez.[33] Y siguió salvándolo durante demasiado tiempo.
Después de todo lo que había llovido, en octubre de 1988, a pocos meses de la inauguración del Canal Autonómico Andaluz, Domínguez se atrevió a decir que no renunciaba a la contratación directa de algunos profesionales "afectos o adictos a las simpatías políticas del director general de turno, en este caso las mías".
Respecto a la programación, iba deduciéndose que la nueva RTVA deseaba competir directamente con las emisoras de radio y TV privadas desde su financiación con dinero público jugando en el mercado publicitario común.
Los "enchufados" siguieron apareciendo. Uno de los más escandalosos fue el nombramiento de su amiguete del coro carnavalesco, José Antonio Cervantes y Segura, ATS de profesión, como director de Canal Sur Radio en Cádiz. Domínguez intentó también que el autor de las letras y la música de su coro, Julio Pardo Melero, se incorporara a la empresa pública en calidad de responsable de los programas musicales. A esto había que añadir el rosario continuo de anomalías y denuncias provocadas por las oposiciones.
La voracidad de control por parte del PSOE quedó igualmente manifiesta con los nombramientos de las personas que compondrían el primer Consejo Asesor de la RTVA.
Sus miembros fueron:
a) Juan Jiménez Costilla, Carlos Díaz Medina y César Martín Cuadrado, por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Costilla era concejal por IU en Córdoba y no alejado del PSOE. Luego fue asesor del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba. Carlos Medina era alcalde socialista de Cádiz y César Martín Cuadrado fue alcalde socialista de Vera (Almería) desde 1979.
b) José María Diez Miguélez, José María Oliver Pozo, Joaquín Risco Acedo y Pedro Navarro Imberlón, por la Junta de Andalucía. Díez Miguélez fue uno de los 32 dirigentes socialistas de Cádiz que acompañaron a Manuel Chaves en el impago de un préstamo de la Caja de Ahorros de Jerez. Oliver Pozo, de familia socialista, fue nombrado en 1990 secretario general técnico de la Consejería de la Presidencia y luego viceconsejero de Igualdad y Bienestar Social. Joaquín Risco era un ugetista de toda la vida, desde la fundación de la FETE y fue director general y miembro del consejo social de la Universidad de Sevilla. Pedro Navarro era en el momento de los hechos un peso pesado del socialismo, a pesar de su origen comunista. En los Gobiernos de Escuredo, Borbolla y Chaves, este almeriense de Adra ocupó cargos de delegado provincial, director general y viceconsejero. Luego, en 1996, lo dejó todo y se retiró de la política.
c) Concepción Vega García, por el Consejo Andaluz de Consumo. Apenas hay datos, salvo que fue la primera en ser nombrada por Rodríguez de la Borbolla y que era miembro de la Unión de Consumidores de Andalucía, una organización filosocialista que presidía por aquel entonces Ana Arnáiz, una factótum del PSOE en esa época, que tal vez fue la que propuso a Vega.
d) Santiago Herrero León y Antonio Moya Monterde, por la Confederación de Empresarios de Andalucía.
e) Antonio Ordóñez Clemente, por la UGT. Ordóñez era jefe de prensa y mano derecha de Cándido Méndez en Andalucía y lo siguió siendo cuando se fue a Madrid.
f) José María Martín Delgado, por el Consejo Andaluz de Universidades. Ha sido siempre un "tapado" del PSOE hasta que aceptó coordinar la campaña del PSOE en Málaga en 2007.
Con estos mimbres, podemos decir sin riesgo de error alguno que el PSOE dominaba absolutamente el Consejo, con una mayoría que excedía notablemente la obtenida en las urnas. La oposición, como ya es conocido, no tenía función alguna en el organismo. No pintaba nada.
Domínguez, además, concedió la exclusiva publicitaria del medio a una agencia poco conocida entre los profesionales, Multiexclusivas, al parecer, creada con ese fin y detrás de la cual se decía estaban personas que eran socios de Domínguez en otros negocios. A unos días de la inauguración del nuevo Canal, en febrero de 1989, el secretario general de RTVA presentaba su dimisión a Domínguez por las discrepancias mantenidas con el propio Director General y con Francisco Cervantes, director de Canal Sur TV.
Como si fuera un aviso del destino, la carpa donde iba a tener lugar la fiesta inaugural de la cadena andaluza fue destrozada por los vientos. La inauguración tuvo lugar el día de Andalucía de 1989 y trajo consigo otra gavilla de escándalos menores, desde el costo final del festejo al de haber sido realizada en buena parte por trabajadores de fuera de la RTVA.
La madre de todos los escándalos de la RTVA
El día 23 de abril de 1989, Diario 16 sacó la primera entrega de lo que sería la noticia bomba del año: las irregularidades y la disipación del dinero público en la RTVA a dos meses de su inauguración. Fue el primer trabajo de investigación de Pedro de Tena, uno de los autores de esta serie, junto a otras dos personas cuya identidad no se ha desvelado. Los hechos más relevantes fueron los siguientes.
- Domínguez falseó el coste de la gala inaugural del canal en el consejo de administración de la RTVA. Dijo que no sobrepasó los 120 millones cuando en realidad fueron casi 200. Tampoco dijo la verdad sobre los ingresos por publicidad.
- El criterio del director de Canal Sur TV, Cervantes Bolaños, de contratar con productoras de amigos casi siempre vinculados al PSOE por simpatía o filiación, - la mayoría recién fundadas e incluso por fundar -, produjo un encarecimiento tan frenético de los precios que hicieron sospechar que tal sangría de dinero no podía ser ajena a los propósitos de la Dirección. El programa Adivina quién viene esta noche, producido por Producciones Itaca, SA recién fundada por el presentador y amigo de Cervantes, Joaquín Petit Fernández y conducido por él mismo, su esposa, Esperanza Sánchez, pieza clave de la cadena SER de Polanco en Sevilla y la actriz María Barranco, supuso un desembolso calculado por Diario 16 en casi 200 millones de pesetas en sólo tres meses para Canal Sur TV, a 15 millones largos de pesetas por cada entrega. Por si fuera poco, el programa se realizaba con medios y personal de la televisión pública.
- Si se tiene en cuenta que el propio Cervantes cifró el coste medio de una hora de televisión en la RTVA en 4-5 millones de pesetas, el coste por hora del programa de su amigo Petit, 10 millones, duplicaba escandalosamente la media.
- Pepe Navarro y la productora Tesauro, regida por el socialista Ramón Colom, costaban a 32 millones de pesetas por programa de dos horas los viernes, pero no utilizaba los medios de la RTVA como era el caso de la empresa de Joaquín Petit.
- Por el controvertido programa "El Patio"dirigido por Gonzalo García Pelayoy producido por la firma Hacia el Sur, S.A., una productora fundada en los días inmediatamente anteriores a la puesta en marcha del Canal Sur Televisión y regida por el propio Pelayo, doce millones por cada media hora.
- El programa de Emilio Aragón, cuando era todavía Milikito y con pocos posibles, "Saque Bola", se embolsaba once millones de pesetas sin incluir IVA y era producida por Vídeo Sport.
Estos precios, aún hoy, y ya hace más de veinte años de los hechos, están por encima de toda media. Si a ello unimos el espectáculo de viajes sin justificación, alquileres de coches a mansalva, alquileres millonarios de locales, sueldos de directivos y "enchufados", podemos imaginar lo que fue "la madre de todos los escándalos" de Canal Sur, que continuaron tras la casi inmediata dimisión de Salvador Domínguez y Francisco Cervantes.
De este último, gracioso como pocos, hay que referir la anécdota de que en el meollo de esta vorágine económica y de dineros, dijo que le había tocado la Lotería, concretamente, el "cuponazo" de la ONCE. Fue poco después de que se destapara el vaivén de millones de la RTVA y un poco antes de tener que confeccionar la declaración de Hacienda, en mayo de 1989.
Decía Diario 16 con sorna que se veía claramente el papel de hada madrina que estaba ejerciendo la RTVA "con estas productoras nacidas al calor de la televisión autonómica y promovidas y regidas por amigos personales de los altos cargos de la RTVA."
Un mes después, en mayo, El País informó inicialmente de este modo: "Según la oposición, en los contratos con las citadas productoras -en su mayoría de reciente creación y dirigidas por personas cercanas a los altos cargos de la televisión andaluza- existe un "evidente sobreprecio" y reflejan la concesión de anticipos millonarios con escasas garantías."
Zarrías, el responsable político directo de la operación Canal Sur, dijo que las cuentas y los costes dados por la prensa no eran correctos, pero jamás dio otros ni interpuso querella alguna contra el periódico que publicó la información ni contra los autores de la misma.
Una vez dimitido Domínguez, del que apenas había hablado durante todo el tiempo de su gestión y al que le debía el favor del suculento contrato con la SER, en editorial solemne, El País, inexplicablemente, sugirió la necesidad de acciones más contundentes contra él: "Pese a lo infrecuente de las dimisiones en el ámbito político español, la de Salvador Domínguez es, probablemente, una de las que no debían de haberse producido, al menos sin ser estudiada a fondo su gestión, radicalmente desastrosa, en el corto período de tiempo que dirigió la televisión autonómica. En su última comparecencia parlamentaria, a la que fue obligado a asistir por el Gobierno regional, reconoció que la deuda de Canal Sur, de la RTVA, era de 4.000 millones de pesetas, en un ejercicio que apenas excedió los cuatro meses. Domínguez anunció que el presupuesto elaborado por su equipo para 1990 superaba los 23.000 millones de pesetas, más del doble de lo que la Junta de Andalucía tenía previsto gastar en el segundo año de emisión. Un balance no sólo lamentable, sino ante el que cabe preguntarse si es ortodoxo dejar dimitir al responsable de tal desaguisado sin exigirle otras responsabilidades que recoger el despacho. Hoy, Salvador Domínguez está a la expectativa de destino y cargo, y los españoles – todos - tenemos 4.000 millones de pesetas menos. Que no falte de ná."
Pues ni a Domínguez, ni a Cervantes ni a ninguno de los que participaron con ellos en este saqueo del dinero público se les aplicó la más mínima investigación ni judicial ni parlamentaria. Todos los que se hicieron ricos, tal vez siguen ricos y los españoles, singularmente los andaluces, nos quedamos con muchos miles de millones de pesetas menos. Lo que pasó después –que muchos ex directivos acabaron formando productoras -, aclararía cuál fue el destino de muchos de esos dineros. Habían dejado a la RTVA con graves problemas de tesorería aunque hablar de "quiebra técnica" le parecía aún muy fuerte a Domínguez.
La Cámara de Cuentas corroboró irregularidades
Fue mucho después, en agosto de 1991, casi año y medio después de habérsele encargado, cuando la Cámara de Cuentas andaluza – tómese nota de cuándo empezó a funcionar el órgano fiscalizador tras la victoria socialista de 1982 y cuánto tiempo estuvo la Junta sin control alguno -, realizó su primera fiscalización, que fue sobre la empresa pública RTVA desde 1989, englobándolo en un informe general sobre la Junta de Andalucía y las empresas públicas.
El resultado del informe de la Cámara de Cuentas no vino sino a confirmar lo que la prensa andaluza – especialmente Diario 16 y ABC -, ya habían investigado. El Consejero Mayor, el socialista Cabrera Bazán detectó lagunas en materia económica-financiera, presupuestaria y contable y confirmó que la RTVA presentó programas de actuación, inversión y financiación sin cumplir la Ley General de Haciendas Públicas.
La Cámara de Cuentas observó que Canal Sur cayó en los mismos vicios que el Servicio Andaluz de Salud al no justificar suficientemente la utilización de los procedimientos excepcionales de la adjudicación de contratos. No cumplía ni sus propias normas ni justificaba contratos desventajosos para la empresa pública. Ni siquiera constaba un seguimiento de las condiciones que se pagaban con los contratados o contratistas.
El colmo consistió en subrayar que "determinado equipamiento de la RTVA fue adquirido por la Junta de Andalucía sin que se encuentre formalmente adscrito a esta empresa, lo que supone una importante irregularidad". Igualmente, recogió la existencia de trabajadores contratados inadecuadamente y la inexistencia de "garantías suficientes de que el personal contratado temporalmente haya superado pruebas que se ajusten a la filosofía de las pruebas de acceso del personal fijo, tal y como se especificaba en la normativa interna".
Pero era el principio. De aquellos polvos vinieron innumerables lodos que siguen hasta el día de hoy.