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Rajoy quiere dejar en manos del Tribunal Constitucional la responsabilidad de frenar a Mas

El presidente traslada al Tribunal Constitucional la responsabilidad de multar o suspender a Mas si incumple sus sentencias.

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Rajoy quiere dejar en manos del Tribunal Constitucional la responsabilidad de frenar a Mas
García Albiol y Rafael Hernando, este martes en el Congreso | EFE

Mariano Rajoy dio orden de descargar en el Tribunal Constitucional la responsabilidad de parar los pies a Artur Mas si declara de forma unilateral la independencia de Cataluña. En un giro inesperado, el Grupo Popular presentó una proposición de ley urgente para reformar el Alto Tribunal a fin de que pueda multar e incluso suspender al mandatario regional en caso de que no cumpla sus sentencias y resoluciones. "Mientras yo sea presidente garantizo que la ley se va a respetar. España no se va a romper, como pretenden algunos", avisó desde Berlín, donde recibió el respaldo de Angela Merkel.

Desde el inicio del órgado, el Ejecutivo admite que tiene las herramientas necesarias para actuar contra Mas, ya que así quedan recogidas en la Carta Magna. Si bien, ahora, el PP pone todo el foco de atención en el Constitucional, que será el encargado de actuar contra la Generalidad. Fue Xavier García Albiol, el candidato popular al 27S, quién puso rostro a la iniciativa trasladándose expresamente al Congreso. "La broma se ha acabado", sentenció en declaraciones a los medios.

En concreto, la reforma otorga al TC la capacidad de imponer a Mas, o a cualquier otro funcionario o gobernante, una multa que oscila entre los 3.000 y los 30.000 euros. El órgano, además, tendría potestad de quitarle de su puesto en caso de que no acate sus decisiones. Según informó Rafael Hernando, el portavoz del Grupo Popular, el texto se tramitará por el procedimiento de urgencia, para que así pueda ser aprobado en lo que resta de legislatura. En concreto, se pretende que el pleno vote la toma en consideración la semana del 14 de septiembre y que vote el 29 del mismo mes, dos días después de los comicios regionales.

Pese a que así se evita tomar decisiones drásticas en primera persona, tal y como es su responsabilidad, el Gobierno y el PP trataron de transmitir la idea de firmeza. "Es la garantía de que nadie puede incumplir las resoluciones del TC y un mensaje muy claro", en palabras de Albiol, a quien Rajoy cedió el protagonismo. El candidato señaló directamente a Mas: "Va en contra de aquellos que pretenden saltarse las reglas de juego".

De modo que, según esta argumentación, el incumplimiento reiterado de la la ley y las sentencias judiciales por parte del nacionalismo catalán habría sido inevitable o consecuencia de una supuesta falta de instrumentos por parte de las autoridades para hacer cumplir la ley. Nada más lejos de la realidad. Desde la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permite la intervención del Gobierno central en las autonomías, hasta la aplicación del Código Penal bastarían para actuar contra Artur Mas, sin necesidad de recurrir a la suspensión de la autonomía, contemplada en el artículo 155 de la Constitución. Esta medida es de la que parece huir a toda costa el presidente Rajoy. Y curiosamente, el propio presidente del Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos, decía hace apenas un mes que no le "gustaría" que se aplicase este artículo.

"Nada hay que temer" si se cumple

Sea como fuere, el Gobierno salió en tromba a defender la "histórica" iniciativa. "Es garantizar el principio a la tutela judicial efectiva también en el ámbito constitucional y, si todos estamos dispuestos a cumplir la ley y las sentencias de los tribunales, pues nada hay que temer a este tipo de disposiciones, que lo que hacen es fortalecer el marco constitucional", afirmó Soraya Sáenz de Santamaría en los pasillos del Senado. Esto es, en la Moncloa aún aspiran a que, pase lo que pase el 27S, Mas no se atreva a seguir adelante. Si bien, en caso contrario, se pondrá en marcha la maquinaria del Estado, que pasará por presentar un recurso ante el Constitucional. "Todos los escenarios están cubiertos", insistieron las fuentes consultadas.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se sumó a la vicepresidenta: "No es una ley de sanciones ni mucho menos una ley de fortalecimiento de las capacidades del TC de hacer ejecutivas sus resoluciones".

Tras ser votada en el Congreso, la proposición de ley pasará al Senado, para que, en el caso de que se introduzcan enmiendas, pueda volver a tiempo al Congreso y ser aprobada definitivamente antes de que acabe la legislatura. El deseo del PP es que una mayoría de los grupos parlamentarios apoye la iniciativa, aunque Albiol se encargó de dirigirse especialmente a Unió Democrática de Catalunya y al PSOE. Pedro Sánchez "tendrá que retratarse", en voz de la dirección nacional. "Se comprobará cuál es la coherencia de los socialistas, que dicen una cosa en Madrid y lo contrario en Cataluña", insistió Albiol. Minutos después, los socialistas ya rechazaban la medida.

Tal y como recoge la agencia EFE, la proposición pretende modificar los artículos 83, 87, 92 y 95 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, al que dota de instrumentos para que pueda garantizar el incumplimiento de sus sentencias. Recoge así, entre otras cosas, las citadas multas en caso de incumplimiento y la posibilidad de suspensión a autoridades y empleados públicos responsables así como la posibilidad de que el TC recurra al Gobierno para que "adopte las medidas necesarias" para "asegurar el cumplimiento de las resoluciones".

Para los casos en los que se incumplan decisiones del TC como la suspensión de actuaciones o disposiciones en "circunstancias de especial trascendencia constitucional", se permite al tribunal de oficio, a instancias del Gobierno, tomar las medidas necesarias para el cumplimiento "sin oír a las partes". Y además se da un plazo de tres días para comunicar a las partes y al fiscal y para que el Tribunal Constitucional dicte resolución. Según la versión del PP, en los últimos años se han visto situaciones de "desacato" e incumplimiento de las sentencias del TC, y esto "se tiene que acabar".

"Yo no le tengo ningún miedo a los tribunales, al contrario, son los que dan garantía, y creo que ahí la Generalidad debería verlo", se reafirmó la vicepresidenta. La respuesta del Ejecutivo catalán no tardó en llegar: la propuesta es "inconstitucional y electoralista", según denunció su portavoz, Neus Munté. El anuncio se produce a cuatro días de que Rajoy regrese a Cataluña para clausurar la primera gran cita política del PP, que se celebrará en Lloret del Mar.

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