Pese a que la Fiscalía se rige por el principio de la unidad de actuación, no siempre se cumple ese estadio utópico en el que todos sus representantes piensan y actúan al unísono. Hemos asistido este viernes a un ejemplo.
El Ministerio Público (Fiscalía) ha enviado un escrito donde solicita a la Audiencia Nacional que remita las dos sentencias contra Otegi a la Junta Electoral de Guipuzcoa, el órgano que decidirá en primera instancia si es o no legítimo que el condenado por terrorismo se postule como candidato a lehendakari. Ese mismo documento considera “inelegible” al hombre que intentó reconstruir Batasuna por orden directa de ETA. Entiende que aún cumple parte del castigo en forma de dos inhabilitaciones: para ejercer cargo público y para sufragio pasivo, es decir, ser votado en unas elecciones.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha cerrado la puerta al salvoconducto de Otegi. Una posibilidad que responde a imprecisiones en la redacción de la sentencia que condenó al exmiembro de ETA a diez años de prisión e inhabilitación especial para cargo público hasta 2021. No se especificó a qué cargos concretos no podría acceder, un error sistemático de la Sala de lo Penal que no había tenido consecuencias antes dado que se ilegalizaban los partidos políticos afines a la banda terrorista. Iker Casanova ya salvó su escaño como representante de EH Bildu en el Parlamento vasco pese a que estaba inhabilitado por los mismos delitos. La Fiscalía admitió el error en junio de 2015, pero aseguró no tener herramientas para corregirlo.
El Partido Popular, Ciudadanos y UpyD se han pronunciado en contra de la candidatura del proetarra y la califican como una “burla a las víctimas”. El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha asegurado este viernes que el nombre de Arnaldo Otegi no estará en las urnas el 25 de septiembre.
“Argumentos legítimos”
Pero la firmeza de la Fiscalía se ha tambaleado minutos después de trascender el comunicado. Concretamente a raíz de una entrevista en la emisora de radio Onda Vasca con el representante del Ministerio Público en el País Vasco. Ha sostenido lo mismo que adelantábamos esta semana en esRadio y Libertad Digital: que Otegi puede encontrar salvoconductos jurídicos en la ambigüedad de los magistrados de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Según Juan Calparsoro, los jueces tendrían que haber especificado para qué cargos públicos quedaba suspendido y, además, no dejan claro el plazo de la inhabilitación para el sufragio pasivo (ser votado).
En este sentido, Calparsoro cree que "hay argumentos para sostener la postura de EH Bildu" según la cual Otegi es un aspirante legítimo. Ha añadido que en derecho "nada es blanco y negro", la interpretación es decisiva aunque "a veces genere inquietud". En base al criterio del fiscal del País Vasco, la Fiscalía de la Audiencia Nacional "se ha adelantado" al actuar antes incluso de que se presente la candidatura del terrorista.
La Junta Electoral de Guipúzcoa proclamará las listas definitivas el 29 de agosto y hasta el 1 de septiembre, la Fiscalía y los candidatos pueden recurrir. Un juez resolverá como tarde el 3 de septiembre y existen otros dos días para solicitar amparo ante el Tribunal Constitucional. Éste notificará su resolución antes de la medianoche del 8 al 9 de septiembre, cuando comienza la campaña de las elecciones vascas del 25 de septiembre.
Después de 2.331 días, Otegi abandonó el 1 de marzo de 2016 la cárcel de Logroño. Le esperaban a las puertas unas 200 personas, entre familiares, simpatizantes de Bildu y dirigentes de ERC y la CUP con gritos de "independencia" y "presos vascos a la calle".