Ahora Jordi Pujol se considera la víctima del caso que le investiga por haber amasado un patrimonio multimillonario a base de mordidas por conceder contratos públicos desde la Generalidad. Varios medios de comunicación catalanes publican que los abogados del expresidente están terminando una querella. El escrito se dirige contra los dos policías españoles que, según declaró uno de los mayores accionistas de Banca Privada de Andorra, Higini Cierco, habrían coaccionado a la entidad del Principado para obtener información bancaria secreta de Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras.
La Justicia andorrana ha abierto una investigación alrededor de este hecho. Con las afirmaciones de Cierco, uno de los hombres fuertes del banco, la defensa de la familia Pujol quiere impulsar más diligencias. Al parecer, el patriarca catalán se presentará en la denuncia como "víctima" de las presuntas amenazas de los dos policías que, según su criterio, derivaron en filtraciones de sus datos bancarios que se han utilizado en el llamado caso Pujol. Al parecer, reclamará que los agentes declaren ante un juez.
Uno de los dos policías es un agente de la embajada con inmunidad diplomática, aunque el otro sí tendría que atender las disposiciones ordinarias. Jean Michelle Rascagneres, abogado de la familia Pujol, espera ahora que "la justicia española dé las mismas facilidades que le ha de dado la justicia andorrana por obtener información y que no haya ninguna dificultad para que se pueda interrogar este comisario en Madrid".
Conexión con el caso Pujol
Higini Cierco sostuvo en su declaración que "el resultado de los datos que se facilitan (a los policías) es la publicación de una información en un rotativo español que obliga al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol a admitir la existencia de una herencia depositada en el extranjero". Los datos que quedaron en mano de los agentes habrían servido, por ejemplo, para que el expresidente diera su versión sobre la fortuna familiar. Aunque el clan defiende que proviene de la herencia del abuelo Florenci, la investigación da más empaque a la teoría de las sobrecomisiones.
El Juzgado Central de Instrucción calificó provisionalmente los hechos como constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda publica, así como, en su caso, de uno o varios delitos de falsedad en documento mercantil en un amplio mapa de corrupción que se mantuvo durante años y que mantiene a todos los miembros de la familia imputados.