Julián Muñoz: “Soy un humilde camarero que firmó todo sin dinero a cambio”
El exalcalde de Marbella, en tercer grado por su delicado estado de salud, acumula un año más de prisión y se sienta otra vez en el banquillo.
Julián Muñoz es culpable de más delitos de corrupción en el caso Goldfinger, vinculado con la recalificación urbanística de la parcela donde veraneaba Sean Connery. Acumula ya más de una quincena de años de prisión que no cumplirá debido a su delicado estado de salud. Un informe médico –que subraya las dificultades de Muñoz para sobrevivir más tiempo en régimen de reclusión– le abrió la puerta del tercer grado. Y mientras, el exalcalde de Marbella sigue sentándose en el banquillo de los alrededor de 80 juicios pendientes que le restan por delante según su abogado.
En una de esas vistas se ha presentado como "un humilde camarero", que firmó todo lo que le dijo el fallecido Jesús Gil "sin dinero a cambio". Quien fuera pareja sentimental de Isabel Pantoja –fueron condenados juntos por un caso de blanqueo de capitales– ha declarado en el juicio del caso Marina Mariola. Está acusado con, entre otros, el exasesor Juan Antonio Roca. Ambos se enfrentan a diez años de prisión por supuestas irregularidades urbanísticas mediante la firma de varios convenios con una sociedad para construir un edificio de viviendas.
Muñoz ha asegurado en la Audiencia Provincial de Málaga nunca se llevó dinero: "Saben que estoy viviendo de mi pensión y de mala manera". De hecho, ha depositado la responsabilidad en su antecesor al frente del Ayuntamiento de Marbella: "Es mentira que yo ejerciera como alcalde, yo no tomaba decisiones; había un alcalde titular. Solo firmaba porque hábilmente Gil se quitó de medio". Por su parte, Roca ha manifestado que no participó de esta trama: "Estoy aquí porque me llamo Roca, todo lo que huele a Marbella, pues venga".
Anticorrupción entiende que se suscribieron acuerdos urbanísticos ilícitos entre el Ayuntamiento de Marbella y la sociedad Marina Mariola, que da nombre a la investigación. Los hechos se remontan a abril de 1995, cuando se firmó la primera cesión de terrenos. La Fiscalía acusa a Roca como inductor por los delitos de prevaricación administrativa, fraude en concurso con malversación y contra la ordenación del territorio, mientras que a Muñoz le atribuye los mismos delitos pero en calidad de autor.
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