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Duro alegato de la Fiscalía contra Homs: "Democracia es la sumisión de todos los poderes públicos a la ley"

Se ratifica en su petición de nueve años de inhabilitación para Homs por la convocatoria del referéndum del 9-N. 

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Se ratifica en su petición de nueve años de inhabilitación para Homs por la convocatoria del referéndum del 9-N. 
Homs ante el Supremo | EFE

El fiscal del Tribunal Supremo Jaime Moreno ha señalado este miércoles durante su alegato final en el juicio contra el exconsejero y diputado del PDeCAT Francesc Homs que el denominado "proceso participativo" que se celebró el 9 de noviembre de 2014 en Cataluña "no fue más que un desafío a la legalidad, un pulso al Estado de Derecho", por lo que ha elevado a definitiva su petición para el aforado de 9 años de inhabilitación para el ejercicio de ningún cargo público.

El representante del Ministerio Público considera que hay indicios suficientes para condenar a Homs por los delitos de prevaricación y desobediencia que cometió al participar en la organización de la consulta del 9-N, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

Ha añadido que lo que se está analizando por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo "no es la intervención de los voluntarios ni la conducta de quienes en base a esa llamada acudieron a votar", sino cómo los gestores políticos de la Generalidad "se conciertan para hacer su propia voluntad frente a lo que ha establecido el máximo interprete de la Constitución".

"La democracia no es sino la sumisión de todos los poderes públicos a la ley", ha incidido el representante del Ministerio Público, que ha recordado que lo que hizo el Tribunal Constitucional fue dictar una medida cautelar, la suspensión de la consulta, mientras decidía sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre la constitucionalidad de la convocatoria.

"En definitiva, esa providencia priva a la comunidad autónoma de la competencia para celebrar la consulta mientras resolvía el fondo de esta cuestión", ha insistido en fiscal en referencia a la providencia dictada por el tribunal de garantías el 4 de noviembre de 2014. Dicha providencia se recibió por el Gobierno de Cataluña, pese a lo que se decidió no paralizar el proceso y realizar "actos de impulso" de la convocatoria, que se acabó celebrando.

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