El Gobierno catalán pugnará por su referéndum del 1-O en el Tribunal Constitucional, el garante de la Constitución que la consulta vulnera. Ha presentado este jueves el recurso de súplica para que el órgano retire la suspensión sobre la reforma del Reglamento del Parlamento que facilitaba la vía exprés para apoyar las leyes de ruptura. Alegan que se ha producido un "abuso de derecho" en la impugnación que impulsó el Gobierno central.
Según el equipo jurídico de la Generalidad, el procedimiento de lectura única para las proposiciones de ley impugnado figura en otros parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados. Entienden que solo se ha recurrido para evitar la aprobación de exprés de la ley del referéndum.
Resulta "a todas luces desproporcionado, excesivo, contrario a las reglas de la buena fe procesal y, en definitiva, abusivo, acudir a la impugnación en sede constitucional de una norma como es el Reglamento de una cámara parlamentaria", recoge textualmente el recurso de súplica.
Solicitan que el Tribunal Constitucional levante el veto cautelar y con ello "se impida el abuso de derecho y la desviación de poder que resultan de la impugnación planteada". En caso de que este recurso no surta efecto, el Gobierno catalán avanza que presentará alegaciones contra la resolución que admitió a trámite el texto del Ejecutivo de Mariano Rajoy que, a su juicio, "se funda no en la inconstitucionalidad del texto normativo impugnado, sino en la presunción de su futura aplicación a un supuesto determinado".
Para los letrados de la Generalidad, el recurso de inconstitucionalidad que acarrea suspensión inmediata "debiera usarse sólo excepcionalmente". De lo contrario, prosiguen, puede generar un "daño injustificado" en este caso a la autonomía parlamentaria del Parlamento de Cataluña, "impidiendo que pueda seguirse una especialidad del procedimiento legislativo reconocida y practicada en los Reglamentos de las cámaras legislativas de las 17 Comunidades Autónomas, en el Congreso de los Diputados y en el Senado"
La Fiscalía, con la Guardia Civil
Por otro lado, el Ministerio Público ha dado un portazo al ataque del Gobierno catalán contra la Guardia Civil. Según fuentes de la Fiscalía General del Estado, pedirá que se archive la denuncia que el Ejecutivo de Carles Puigdemont presentó contra los agentes que interrogaron la semana pasada a cargos de la Generalidad en relación con los preparativos del anunciado como referéndum del 1-O.
La Fiscalía argumentará en su escrito la "absoluta improcedencia" de la denuncia que los abogados del Gobierno catalán, por orden del consejero de Presidencia y portavoz Jordi Turull, interpusieron el sábado ante el juzgado de guardia de Barcelona. Dicho documento consideraba que la Guardia Civil había vulnerado derechos fundamentales de los interrogados
Apreciaban cinco delitos: contra los derechos individuales, obstrucción a la justicia, usurpación de atribuciones, falsedad documental y violación de secretos; y aseguraban que los interrogadores trataron de influir en la declaración de los testigos acusándolos "insistentemente" de mentir.
La Guardia Civil citó en el cuartel de Gracia al exportavoz del Pacto Nacional por el Referéndum Juan Ignacio Elena; al director de comunicación de la Generalidad, Jaime Clotet; al secretario de la Presidencia, Joaquín Nin, y a la jefa de Comunicación de la Consejería de Asuntos Exteriores Ana Molas.