Ni los fiscales de Sala del Alto Tribunal, ni los máximos representantes del Ministerio Público en la Audiencia Nacional –el jefe y el teniente fiscal Jesús Alonso y Miguel Ángel Carballo– son partidarios de que el Supremo fagocite toda la instrucción por los presuntos delitos de rebelión o, cuando menos, sedición y malversación de caudales públicos relativos al órdago separatista. Entienden que, en línea con el criterio habitual y para evitar sumarios interminables, lo idóneo es que la juez Carmen Lamela se siga ocupando de los no aforados –los Mossos, los líderes de la ANC y Ómnium y los miembros del Gobierno autonómico cesado– y Pablo Llarena investigue en el más alto órgano a Carme Forcadell y los integrantes de la Mesa del Parlamento de Cataluña que conservan sus cargos y fueros en la Diputación Permanente.
Se investiga el mismo marco fáctico en las dos causas: el llamado proceso –el antes, durante y después del referéndum ilegal del 1-O y la declaración de independencia proclamada en el Parlamento autonómico–. La juez Carmen Lamela, que envió a prisión al grueso de sus querellados a diferencia de Pablo Llarena –puesto que los miembros de la Mesa recularon– ha enviado este martes al Supremo el informe solicitado por el magistrado para resolver sobre la acumulación a la causa que este instruye la que se sigue en la Audiencia Nacional. Expone una narración de los hechos investigados, sin valoraciones.
No corresponde a Carmen Lamela esa decisión. No obstante, si el magistrado Llarena asume la competencia para acumular la causa, la juez de la Audiencia Nacional podría recurrir. El Ministerio Público considera que los no aforados son su competencia al menos hasta que, a resultas de las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, adquieran eventualmente de nuevo el privilegio.