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El Gobierno, sobre Sijena: "Se cumple con la ley" pese haber autorizado a la Generalidad recurrir el traslado

El ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, explica que lo permitió para "garantizar los derechos" del Ejecutivo catalán.

El ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, explica que lo permitió para "garantizar los derechos" del Ejecutivo catalán.

La entrega de los bienes de Sijena está suponiendo más de un quebradero de cabeza al Gobierno de Mariano Rajoy y en especial al ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, es el máximo responsable del departamento de Cultura del Ejecutivo catalán.

Este lunes, después de que se haya hecho efectivo el mandato del juez que ordena devolver los bienes a Sijena, Méndez de Vigo intentó explicar la posición del Gobierno. "Desde el primer momento fui requerido por el juez para el cumplimiento de la ejecución provisional. Yo dije públicamente que este gobierno cumplía con las decisiones judiciales y se está cumpliendo. Eso es lo normal, lo que debe de ser. Lo raro es que no se cumplan", aseguró el ministro en declaraciones a los medios.

Un cumplimiento, sin embargo, que el propio ministro intentó perjudicar permitiendo al Gobierno catalán interponer un recurso el pasado jueves pedir la paralización del traslado de las obras. Según Méndez de Vigo fue el propio departamento de Cultura del Gobierno de Cataluña el que le pidió "defender jurídicamente la posición de la Generalidad", razón por la que aceptó la presentación de ese recurso que "no paralizaba la ejecución de la sentencia" y que a su juicio "garantiza los derechos" del Gobierno catalán.

Sea como fuere, el ministro consideró que el traslado se está llevando a cabo con "profesionalidad" y señaló que todo se ha hecho "correctamente, con inteligencia y con prudencia". Palabras del titular de Cultura a la salida del desayuno informativo protagonizado por Mariano Rajoy en el que también se le preguntó por este asunto.

El jefe del Ejecutivo afirmó que "las resoluciones judiciales conviene acatarlas" salvo que lo que se pretenda sea "sustituir a los jueces en el ejercicio de sus funciones y, por tanto, hacer algo diferente de lo que es un Estado de derecho".

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