El juez Pablo Llarena, que instruye la causa contra los máximos responsables del proceso separatista de Cataluña, ha dictado una providencia en la que cita para el próximo viernes 23 a las 10.30H a todas las partes personadas para notificarles el auto de procesamiento. A la misma hora, el magistrado cita a seis de los encausados que permanecen en libertad provisional bajo fianza Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Marta Rovira acompañados de sus letrados para decidir si les impone unas medidas cautelares distintas a las acordadas.
El de procesamiento es el auto donde el juez que ha instruido un sumario individualiza los hechos y los delitos que atribuye a cada uno de los investigados. Está considerado como el elemento que pone fin a la investigación y el paso previo al juicio. A partir de este documento, resta únicamente que el Ministerio Público y la acusación popular que conduce VOX armen su informe de conclusiones con las peticiones definitivas de condena que se someterán a práctica de prueba.
Una vez procesados, el Tribunal puede aplicar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que implica la suspensión automática para el ejercicio de cargo público a los investigados por terrorismo o rebelión contra los que se haya dictado este tipo de auto y decretado la prisión. De esta manera, si Junqueras continuará en la cárcel, quedaría suspendido. Esta medida se aplicaría también a los investigados que ahora están en libertad si Llarena decreta su encarcelamiento.
La intención del Tribunal Supremo, incluso después de declarar la causa compleja por si la investigación se alargaba más de lo previsto, era un auto de procesamiento en primavera, el juicio en otoño y la primera sentencia en el último mes del año o a principios de 2019. La gran batería de recursos y trámites que prevé la Ley de Enjuiciamiento criminal podría retrasar levemente los plazos, pero el Poder Judicial está dispuesto a agilizar lo máximo posible la resolución de esta causa.
¿Qué delitos se atribuyen a los responsables?
Delito de rebelión: prevé para quienes se levanten "violenta y públicamente" con el objetivo de "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución" o "declarar la independencia de una parte del territorio nacional" condenas de entre 15 y 30 años de cárcel e inhabilitación.
Cuando menos, según los escritos de la Fiscalía, el delito de sedición: que castiga con penas de 10 a 15 años de cárcel a quienes "se alcen pública y tumultuariamente" para "impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes".
Delito de malversación: cuya pena puede llegar a los ocho años de cárcel e inhabilitación si se produce un grave quebranto de las arcas públicas.
Los investigados, que todavía no procesados y puede modificarse la lista, son:
- La presidenta de la Mesa del Parlamento que permitió la declaración de independencia Carme Forcadell y sus integrantes Lluís María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet.
- Los miembros del Gobierno de Cataluña cesado en virtud del artículo 155 de la Constitución –el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Jordi Turul, Raül Romeva, Antonio Comín, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borras, Clara Ponsatí, Joaquim Forn, Lluis Puig, Caries Mundo, Santiago Vila y Meritxell Serret–;
- Los líderes de las entidades separatistas Jordi Sánchez de la ANC (Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart de Òmnium Cultural.
- Además, la portavoz a la fecha de Juntos por el Sí y secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña Marta Rovira, la presidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya y la portavoz Anna Gabriel, el entonces presidente del PDeCat Artur Mas y la coordinadora general de la formación Marta Pascal y la exdirectora de la AMI (Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras.
La causa por semejantes delitos contra quien fuera Mayor Josep Lluís Trapero y otros miembros de los Mossos corresponde todavía a la juez Carmen Lamela, titular del Juzgado de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional.