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Torra convierte la Generalidad en una agencia de recolocación de procesados

Cuatro exconsejeros, dos de ellos fugados, y una exdiputada de la mesa, colocados en la administración autonómica.

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Cuatro exconsejeros, dos de ellos fugados, y una exdiputada de la mesa, colocados en la administración autonómica.
Torra en una imagen de archivo. | EFE

El separatismo no repara en medios públicos para recompensar a sus "caídos", de modo que los ayuntamientos, diputaciones bajo su mando y la Generalidad se han convertido en agencias de empleo para procesados, fugados y hasta para "arrepentidos". El presidente Torra se sube el sueldo hasta los 146.000 euros, 240 altos cargos también cobran más que el presidente del Gobierno y no hay problema alguno en sacar nuevos puestos de la chistera para proporcionar estabilidad económica a los huidos de la justicia o a procesados en libertad.

La primera beneficiaria de la operación recolocados fue la exconsejera de Agricultura, Meritxell Serret (ERC), nombrada delegada ("embajadora") de la Generalidad ante la Unión Europea. Otro fugado, Lluís Puig (PDeCAT), efímero consejero de Cultura, también ha sido premiado por renunciar al acta con un cargo de nueva creación, una especie de dirección general para internacionalizar la cultura catalana. Puig tiene estudios de música y danzas tradicionales y es un reputado experto en sardanas y otras muestras del folclore autóctono. Cobrará 85.000 euros al año, igual que Serret.

Carles Mundó, exconsejero de Justicia en el gabinete de Puigdemont, se retiró de la política en sede judicial y ante el magistrado Pablo Llarena. Renunció al acta de diputado, fue puesto en libertad, participó en un par de mítines de ERC durante la campaña del 21-D y mantiene un discreto segundo plano a la espera de juicio. Entre tanto, la Generalidad le ha nombrado miembro del consejo asesor jurídico de la Generalidad, cuyos miembros cobran por consulta. En el mismo consejo ha sido colocado Francesc Homs, quien fuera portavoz del ejecutivo de Mas, inhabilitado por la organización del 9-N. Homs también factura trabajos de consultoría a la Diputación de Barcelona.

El caso Barrufet

La última recolocada es Ramona Barrufet, convergente que formó parte de la Mesa del "Parlament" presidida por Carme Forcadell. Barrufet también prometió en sede judicial que abandonaba la política y renunciaba a la independencia. El independentismo la tachó de "arrepentida". El pasado mayo Llarena se avino a que declarara por videoconferencia al alegar problemas de salud. Acaba de ser nombrada asesora para asuntos de Lérida y el Valle de Arán del consejero de "Territorio y Sostenibilidad", Damià Calvet. Cobrará lo que un funcionario de categoría A con un complemento específico de 31.398,48 euros anuales.

El consejero Calvet no tiene reparos en acoger en su departamento a gente con problemas con la justicia. Así, nombró como director de su gabinete a Xavier Reinaldos, condenado por administración fraudulenta de una cooperativa. Aceptó una condena de seis meses de cárcel, seis de inhabilitación y el pago de 150.000 euros. La cooperativa quebró. A pesar de todo, Reinaldos, jefe del partido en Tarrasa, mantuvo la confianza primero de Mas, luego de Puigdemont y ahora del consejero Calvet y el "president" Torra.

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