Toda la prensa y digital andaluza se hace eco de la investigación que la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía, realiza sobre los 36,1 millones esfumados de Santana Motor, dinero cuya desaparición ya fue denunciada por la propia Intervención andaluza. La Junta concedió un préstamo de 36,1 millones de euros a la empresa, luego transmutado en ayuda a fondo perdido sin que nadie se responsabilice de ello, cuando la Junta era propietaria en su totalidad de la entidad con sede en Jaén.
Esto es, alguien tuvo que modificar el préstamo público autorizado por la Intervención para convertirlo en dinero a fondo perdido de modo que los 36,1 millones nunca fueron devueltos a la Junta de Andalucía. Naturalmente, la investigación, iniciada por la juez Alaya, implicaba un horizonte de menoscabo de caudales públicos y sus delitos correspondientes.
El atestado de la UDEF ha llegado en septiembre al juzgado de María Núñez Bolaños y recoge las irregularidades detectadas por la propia Junta en un crédito por esa cantidad que la misma Junta concedió, como siempre, a través de la agencia IDEA, en 2009. Pero lo que era en principio un préstamo que había que devolver se transformó, irregularmente y contra la legalidad de la Unión Europea, en ayuda a fondo perdido. Esto es, los andaluces perdieron 36,1 millones de euros y nadie los ha devuelto desde entonces.
Esta fue una de las últimas ayudas concedidas por la Junta a Santana Motor para lograr la recuperación de la empresa, algo que no se consiguió enterrándose con ella más de mil puestos de trabajo y millones de euros en una gestión no sólo discutible, sino presuntamente delictiva.
Santana Motor, nido de irregularidades
En su informe, la UDEF vuelve a destacar la presencia de las transferencias de financiación, cuya legalidad se dirime estos días en el juicio de los ERE, que hicieron posible la llegada de dinero a Santana Motor antes incluso de la formalización del préstamo.
Añade la UDEF, y lo subraya El Mundo, que hasta el llamado Plan Linares Futuro, que la Junta diseñó y puso en marcha en 2011 para reindustrializar la comarca jiennense tras el cierre de la factoría Santana, está plagado de irregularidades que sirvieron para pagar actuaciones y ayudas a los antiguos empleados de Santana Motor que podrían ser ilegales.
Incluso destaca la obstrucción del Gobierno de Susana Díaz a la investigación. Dice que la Junta, y no es nada nuevo a tenor de lo ocurrido en los casos de los ERE y de la formación, ha obstaculizado la fluidez en la entrega de la documentación requerida.
Por ejemplo, el año pasado la UDEF solicitó a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio el organigrama de esta en el momento en el que se firmó el convenio de Santana Motor con el Ministerio de Ciencia en 2008, el convenio con la Agencia Idea en 2009 y la relación de sus empleados desde 2008. La Consejería dijo que no había podido obtener la información.
Mientras el PP trata de acusar a Susana Díaz, que no estaba en el gobierno cuando se originaron los hechos, el PSOE y la Junta blanden el auto del Tribunal de Cuentas que negaba la existencia de un menoscabo de fondos públicos, a pesar de que, indudablemente, los 36,1 millones de euros transmutados de préstamo en ayuda a fondo perdido, han desaparecido. Olvida la Junta precisar que Susana Díaz era presidenta cuando la Intervención andaluza puso de manifiesto las irregularidades y el presunto daño al dinero público.
Santana Motor: historia interminable de una chapuza
En efecto, la propia Intervención General de la Junta y la Cámara de Cuentas señalaron que los préstamos de IDEA podrían suponer menoscabo de fondos públicos. Uno de los casos emblemáticos que deberán ser investigados es el caso de Santana Motor, algo que Libertad Digital destacó en 2016.
En El Demócrata Liberal se contó detalladamente la historia con el que comienza, probablemente, el caso ERE porque fue para resolver éste y otros problemas económicos de empresas administradas por la Junta de Andalucía por lo que se necesitaron instrumentos supuestamente "más ágiles" y sin control de la Intervención. Estaban en juego importantes intereses electorales y de imagen pública.
En febrero de 2011, y tras 600 millones de euros gastados por la Junta de Andalucía, se terminó liquidando Santana Motor. Los entonces consejeros de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila; de Empleo, Manuel Recio; y de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo -los tres hoy imputados por los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía- junto a los secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, igualmente imputado en el caso de las facturas falsas de UGT; y CCOO-A, Francisco Carbonero, presentaban el plan Linares Futuro, ante un abarrotado salón de plenos del Ayuntamiento de Linares, como un gran acuerdo.
Tras el disfraz habitual, el plan no era otra cosa que liquidar definitivamente una empresa que tenía 1.431 trabajadores, firmando un acuerdo de prejubilaciones para 742 trabajadores mayores de 50 años e intentando recolocar al resto en empresas de la zona a través del plan Linares futuro, incluyendo un plan de formación hasta diciembre de 2012 y una ayuda de 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.
Recuérdese que "tras la retirada de la japonesa Suzuki en 1991, la Junta se convirtió en accionista mayoritario, en 1993 tomó el 83,75% restante y en 1995 los japoneses se retiraron por completo de la empresa. Desde entonces no paró la inyección de dinero público. Se llegaron a firmar acuerdos: con CAF (2005) para fabricar vagones de trenes ligeros metropolitanos, con Gamesa (2005) para elaborar componentes de equipos de energías renovables, o con la compañía israelí Ener-t (2007) de la industria solar. Como luego Delphi y otras.
Hasta UGT llegó a ser consejera de la empresa Santana Motor (2010), pero lo relevante es que en el mismo acto se nombró presidente de su Consejo de Administración a SOPREA (Sociedad para la Promoción y la Reconversión Económica de Andalucía), dependiente de IDEA. Luego, en 2011, IDEA fue nombrada liquidadora y poco después, se acaba todo.
Fue trascendental en el caso que un informe de Soprea, hoy agencia IDEA, reconociera que "con fecha 27 de noviembre de 2001 la Sociedad concedió un préstamo a Santana Motor SA por importe de 39 millones de euros, el cual estuvo dispuesto en su totalidad a 31 de diciembre de 2007".
Posterior y recientemente, la Cámara de Cuentas indicó en un informe publicado este mismo año que los préstamos entre IDEA y Santana podrían suponer un menoscabo de fondos públicos. Lo dijo de este modo:
"A 31 de diciembre de 2012, todos los préstamos participativos formalizados entre IDEA y Santana se encuentran completamente deteriorados. Con base en la información analizada se puede entender que los pagos autorizados por el Consejo Rector y ratificados por el Consejo de Gobierno han sido, de facto, ayudas a fondo perdido concedidas por la Agencia IDEA al Grupo Santana Motor, con independencia de que se hayan podido formalizar y contabilizar como un contrato de préstamo participativo. No se contiene en los expedientes documentación que permita comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas por parte de la entidad beneficiaria, ni la aplicación de los fondos a la finalidad para que fueron concedidos".
Con fecha 26 de febrero de 2014, la IGJA (Intervención General de la Junta de Andalucía) emitió un Informe de Actuación en relación con el citado convenio. En el informe se ponían de manifiesto incidencias detectadas en las actuaciones de control financiero consistentes en la supresión y modificación de determinadas cláusulas del texto del convenio que se sometió a fiscalización previa. Las modificaciones suponían, a juicio de la IGJA, una alteración sustancial de su contenido y naturaleza jurídica de forma que lo que IDEA (y posteriormente Santana Motor) recibe no es un crédito reintegrable, como había autorizado el Consejo de Gobierno, sino una ayuda a fondo perdido.
Las conclusiones del informe de actuación de la propia Intervención de la Junta, cuando Susana Díaz era ya presidenta de la Junta, fueron las siguientes:
"En conclusión, nos encontramos ante un nuevo convenio firmado entre la Consejería y la Agencia IDEA incumpliéndose distintos preceptos:
- Se ha omitido la fiscalización previa (art. 88.1 TRLGHP).
- No ha sido autorizado previamente por el Consejo de Gobierno, incumpliéndose el art.21.1 Ley Presupuesto 2010 (Ley 5/2009, de 28 de diciembre).
- Se ha podido cometer una infracción de las previstas en el art. 109.b) del TRLGHP, consistente en comprometer gastos y ordenar pagos con infracción de lo dispuesto en la Ley del Presupuesto.
Lo descrito anteriormente podría suponer un menoscabo de fondos públicos, que han sido entregados a Santana Motor sin autorización del Consejo de Gobierno, y sin que los mismos hayan sido recuperados por IDEA dada la situación en que se encuentra Santana desde hace años".