Francisco Camps vuelve a bailar en el alambre. La Audiencia Nacional ha reabierto la pieza 5 del caso Gürtel, conocida como "Orange Market". La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ordena al Juzgado Central de Instrucción nº5 que investigue las indicaciones que habría recibido la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat valenciana Dora Ibars para la adjudicación de determinados contratos a la empresa del Grupo Correa. Se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción a raíz de las declaraciones de en el juicio por la financiación irregular del PP Valencia.
La confesión de Ricardo Costa marcó en enero un punto de inflexión en este sentido. El exsecretario general del PP valenciano, condenado a la postre a cuatro años de cárcel, certificó ante el juez que su partido financió las campañas electorales de 2007 y 2008 "con dinero negro de empresarios contratistas de la Generalitat" por indicación de Camps. Esa revelación se suma a las reproducidas antes por el líder de la trama Francisco Correa; su número dos Pablo Crespo y el hombre enlace en Valencia Álvaro Pérez el Bigotes. Los tres señalaron al expresidente como la persona que estableció el sistema corrupto: si su sociedad Orange Market quería cobrar por los actos electorales que organizaba, tenía que emitir facturas falsas con cargo a empresarios beneficiarios de adjudicaciones amañadas de contratos públicos.
Los magistrados retoman el procedimiento con Dora Ibars, de momento, como única acusada ya por un delito de prevaricación administrativa. La Sala recuerda que los hechos imputados se refieren a la contratación directa de Orange Market en 2005 para la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat y un pen drive de regalo institucional. Una operación sustraída del control administrativo mediante la emisión por las partes de varias facturas por valor de 88.975,59 euros de los que se llegaron a pagar a la empresa de Francisco Correa 58.580,96.
La Fiscalía también acusa a Ibars por la participación de Orange Market como adjudicataria, de forma directa, del montaje del stand para grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur de 2009, con participación de varias instituciones y organismos oficiales a los que se obligaba a contratar con esa empresa, utilizando el mismo sistema del fraccionamiento del precio en varias facturas.
El auto indica que el motivo de la petición de la Fiscalía radica en las revelaciones al inicio del juicio con las declaraciones de Costa, Correa, Crespo y Álvaro Pérez "de las que se podría desprender que la contratación directa de Orange Market por la Administración valenciana era por decisión de las primeras autoridades y la realización y montaje del stand de grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009 podría ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente para el partido Popular en la Comunidad Valenciana". La Sala explica que la influencia de estas declaraciones es "fácil de comprender, dada la íntima relación entre ambas causas en las que son coincidentes muchos de los acusados".
Aunque en este caso se trata de averiguar si Ibars es quien adoptó las decisiones finales en lo relativo a la contratación directa de Orange Market o bien "tal decisión fue adoptada por otras autoridades superiores jerárquicamente a la acusada, a las que se refirieron los acusados en el juicio", en referencia a Francisco Camps. Los magistrados señalan que "no puede adelantar el resultado de la investigación y la eventual responsabilidad de terceras personas en esos hechos".
Posibles delitos y versión de Camps
Correa reconoció que Orange Market cobró en esos dos años –2007 y 2008– 3,4 millones de euros en negro del PP valenciano. De esa cantidad, alrededor de 1,2 millones fueron sufragados por nueve empresarios que también confesaron.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó la reapertura de la causa apreciando el delito de prevaricación, del que está acusada la Directora de Promoción Institucional de la Generalidad Valenciana. Dicho cargo dependía directamente de la Presidencia del Gobierno Valenciano y el posible ilícito no habría prescrito de acuerdo con el Código Penal vigente. "Valencia 5" se encuentra pendiente de señalamiento de juicio oral. Pese a que la nota de la Fiscalía habla del delito de prevaricación, fuentes internas de la investigación manejan también indicios de malversación de fondos públicos.
Francisco Camps reaccionó a la avalancha de acusaciones. Como actual miembro del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, cargo por el que cobra 58.000 euros anuales, el exdirigente del PP negó la financiación ilegal reconocida por el grueso de los acusados en el juicio de la Gürtel: "Es triste que el derecho a la defensa incluya la obligación a la ofensa. Es imposible que nadie pueda decir en concreto nunca nada de mí, jamás, porque nunca di ni una orden para una actitud irregular o ilegal". Como el juez instructor no le citó: "Es evidente, entonces, que no tengo ninguna responsabilidad, me tienen especial inquina".