Lejos de mantener la prudencia sobre la nueva remesa de grabaciones del comisario Villarejo, el Gobierno ha decidido pasar al ataque sobre unas filtraciones "ilegales" que se negaron a valorar en el caso de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por formar parte del "chantaje al Estado de un corrupto", dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Ha sido este martes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien mandó un dardo envenenado a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal: "Quien a hierro mata a hierro muere", dijo la número dos del Ejecutivo de Sánchez en una referencia a las grabaciones que implican a Ignacio López del Hierro, marido de la ex dirigente popular.
En los pasillos del Congreso, Calvo se congratuló por el "efecto boomerang" que ahora recibe el PP a quien pidió "afrontar su nueva situación". A diferencia del caso Delgado, que jamás motivó una declaración del Ejecutivo, ahora sí entra el Gobierno en el fondo de las acusaciones al denunciar que "una responsable máxima hablando con Villarejo en la sede de su partido para entorpecer la acción de la Justicia".
La vicepresidenta del Gobierno siguió los pasos de la portavoz del Comite Electoral del PSOE, Esther Peña, quien este lunes abogó por "ser coherente" y no entrar en "las filtraciones de las cloacas" que, añadió, "nos merecen el mismo respeto (poco) que otras", en referencia a las que afectaron a su ministra de Justicia. Pero acto seguido, Peña pidió al líder del PP, Pablo Casado, "darle importancia" y "reprobar" a los responsables por las "preocupantes" informaciones conocidas.