El Gobierno ha forzado a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los presos golpistas. La decisión del Ministerio de Justicia que dirige Dolores Delgado ha sido acusar por el delito de sedición, que aunque conlleva penas elevadas son siempre inferiores a las de la rebelión, y por malversación, según publican varios medios.
La decisión supone que en el juicio del 1-O la Abogacía sostendrá que nunca llegó a haber episodios de violencia suficientes como para acusar por rebelión. Las penas que pide este órgano del Ministerio de Justicia suman un mínimo de 14 años.
Por contra, el escrito de la Fiscalía sostendrá la rebelión y la malversación. A lo largo de la fase de instrucción, la Abogacía del Estado había respaldado siempre la tesis del Ministerio Público de que sí se habían producido episodios de violencia como para justificar la acusación más grave. El pasado mes de agosto la Abogacía pidió al Supremo que diera por concluida la investigación y llevase el caso a juicio por rebelión, malversación y desobediencia.
No obstante, en las últimas semanas, el presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, Carmen Calvo, han sugerido que no estaban de acuerdo con la imputación de rebelión porque entienden que para que exista ese delito tendría que haber existido violencia. Según publica El País, el núcleo duro del Gobierno se reunió el pasado lunes en la Moncloa. Allí fue donde decidieron trasladar la orden política a la Abogacía del Estado.
El escrito sobre Trapero se conocerá este viernes
En la causa contra el major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, la intendente Teresa Laplana y los exjefes políticos de la policía autonómica Pere Soler y César Puig, el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que también se conocerá este viernes, revelará si se les pide penas por los delitos por los que fueron procesados –sedición y organización criminal– o esta petición se agrava también hasta la rebelión.
Por lo que se refiere a la causa del Supremo, el texto que ultiman los fiscales Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza apuesta por calificar lo ocurrido como rebelión, al entender que los hechos encajan en esta previsión del Código Penal al existir la violencia que exige el tipo, han señalado fuentes del Ministerio Público. Esta violencia la ve claramente la acusación pública tanto en la concentración ante la Consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017 como en los hechos del 1-O, señalan fuentes del Ministerio Público.
La aplicación de estas penas más altas obedece, según esta valoración de la Fiscalía, a la integración del delito de malversación de caudales públicos en el principal de rebelión, lo que obliga a aplicar las penas agravadas. No obstante, la petición de cárcel para los líderes separatistas podrán verse finalmente rebajada una vez se celebre el juicio, en el turno de conclusiones definitivas, según señalan las mismas fuentes.