PP y Vox han llegado esta semana a un acuerdo para investir al candidato popular como presidente de la Junta de Andalucía. En el documento de este pacto, exactamente en el punto 28 y a propuesta del partido que lidera Santiago Abascal, ambas formaciones se comprometen a "apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de nuestras fronteras".
La decisión ha sido aplaudida este viernes por dos de los sindicatos policiales con representación en el Consejo de la Policía, la Confederación Española de Policía (CEP) y la Unión Federal de Policía (UFP), que han calificado como "un éxito rotundo" que esta medida haya sido incluida finalmente en el acuerdo, ya que era una reivindicación que habían realizado durante el mes de diciembre a la Junta de Andalucía.
Ambos sindicatos pidieron al futuro Gobierno andaluz días después de las elecciones autonómicas, ocupase quien ocupase la presidencia regional, que facilitase a la Policía Nacional las copias de los pasaportes o cartas de identidad de cerca de 52.000 inmigrantes ilegales que obran en poder del Servicio Andaluz de Salud, con el objetivo de facilitar la identificación de los mismos, y que la Junta se estaba negando a entregar al cuerpo policial.
La competencia en materia de control de la inmigración son exclusivas del Estado y están asignadas a la Policía Nacional, para lo que tienen desplegada en cada provincia una Brigada de Extranjería y Fronteras que se encarga de la expulsión de los inmigrantes irregulares. Para proceder a la expulsión hay que identificar de manera fidedigna a cada inmigrante para que pueda ser devuelto a su país de origen, lo que es muchas veces realmente complicado.
Los inmigrantes, que vienen perfectamente asesorados por mafias y ONG, entran ilegalmente en el país sin una documentación que acredite su verdadera identidad o, si la llevan, tratan de ocultarla a las Fuerzas de Seguridad. Suelen aportar una identidad y nacionalidad falsa que impide que sean expulsados a sus países de origen, pese a que se procede a tomarles las huellas, se les hace una tarjeta decadactilar y se le abre un expediente de expulsión.
Una vez han quedado en libertad, y siguiendo los consejos de las ONG, estos inmigrantes ilegales suelen acercarse a los ayuntamientos para empadronarse (para demostrar los 3 años de estancia en el país que la Ley de Extranjería pide para regularizarse por arraigo) y a los servicios de Salud de las comunidades autónomas para poder acceder a una tarjeta sanitaria que les proporcione la misma sanidad a la que tiene derecho cualquier otro ciudadano.
Pero se da la circunstancia de que para acceder a la tarjeta sanitaria se les solicita un pasaporte o carta que verifique su identidad. Es entonces cuando sacan sus pasaportes aquellos que lo tienen y lo ocultaron a la Policía. Los que han llegado sin esa documentación se lo piden a los familiares que tienen en sus países de origen y suelen recibirlo a las semanas a través del correo ordinario. Estos pasaportes quedan almacenados en los servicios de salud autonómicos.
Tanto CEP como UFP denunciaron que la Junta de Andalucía se estaba negando desde hace varios años a facilitar copias de estos pasaportes y cartas de identidad a la Policía Nacional, dificultando gravemente la tareas de este cuerpo para identificar y expulsar a los inmigrantes ilegales.