La Abogacía del Estado está encontrando serias dificultades para que alguno de sus integrantes firme el escrito sobre la libertad de Oriol Junqueras. Según las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, "nadie quiere firmar el escrito" en el que supuestamente se pediría la excarcelación de Junqueras para acreditarse como eurodiputado por su "difícil encaje jurídico". La abogada general del Estado es Consuelo Castro, mientras Rosa María Seoane representó a la Abogacía en el juicio sobre el 1-O, tras el cese de Edmundo Bal.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenciaba la semana pasada que Junqueras tenía inmunidad como europarlamentario desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones europeas de mayo y que por tanto, gozaba de inmunidad para "desplazarse al Parlamento Europeo y participar en la sesión constitutiva de la nueva legislatura". El Supremo daba traslado al Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, acusación popular y a la defensa de Junqueras para presentar alegaciones en un plazo de 5 días hábiles, que vence el 2 de enero y que se prorrogaría hasta el mediodía del viernes día 3.
La propia ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, habría transmitido internamente su intención de que el escrito de la Abogacía del Estado fuese remitido al Supremo el pasado lunes 23 de diciembre. Sin embargo, el difícil encaje jurídico de lo que supondría un "gesto" del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez con los separatistas catalanes para acordar la investidura, ha provocado este retraso y que los integrantes de la Abogacía se muestren reticentes a firmar el escrito para "no quedar marcados profesionalmente" con dicha decisión.
Las mismas fuentes sostienen que la hipotética libertad de Junqueras para acreditarse como diputado del Parlamento Europeo sólo podría solicitarse por la Abogacía atendiendo a dos supuestos. En el primero, solicitando permiso penitenciario para acreditarse como eurodiputado, que ya no tiene fundamento porque Junqueras ha incurrido en una "causa de inegibilidad" tras ser condenado a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación por sedición y malversación en el golpe del 1-O. El Supremo tendría la última palabra en dicho permiso al ser tribunal sentenciador y obviamente lo rechazaría.
El segundo supuesto en el que la Abogacía podría reclamar la libertad de Junqueras pasaría por impugnar y pedir la nulidad de la sentencia sobre el 1-O, que por cierto solicitó este martes la defensa del propio exvicepresidente catalán. En el caso de que la sentencia fuera anulada, extremo completamente imposible, Junqueras obtendría la libertad al haber cumplido su tiempo máximo de 2 años en prisión provisional.
Otras fuentes jurídicas consultadas aseguran que el documento que ningún miembro de la Abogacía General del Estado quiere firmar lo han elaborado directamente "asesores" de la Moncloa. Por este motivo, la reticencia a estampar su firma es aún mayor.
Tras conocerse la sentencia del TJUE en contestación a las preguntas planteadas por la propia Sala Segunda, el Supremo anunciaba que estudiaría "en profundidad el contenido íntegro" de dicha sentencia y que "acordaría lo procedente". Previsiblemente, la decisión del Supremo no conllevará la puesta en libertad de Junqueras, ya que el TJUE hace referencia a que gozaba de inmunidad cuando se encontraba en "prisión provisional". Ahora su situación ha cambiado al ser condenado a 13 años de cárcel.
Un episodio muy similar sucedió con el que fuera abogado del Estado y actual diputado de C´s, Edmundo Bal. Éste se negó a firmar el escrito de acusación de la Abogacía que recogía el delito de sedición y no de rebelión en el golpe del 1-O. Tras haber representado a la Abogacía durante toda la instrucción, Bal fue cesado y su cargo fue ocupado por Rosa María Seoane. El documento fue firmado finalmente por la abogada general del Estado, Consuelo Castro. La historia podría volver a repetirse en este caso.
El resto de partes ya han contestado
Mientras tanto, el resto de las partes ya ha contestado al Tribunal Supremo. La defensa de Junqueras solicitaba este martes al Supremo en su escrito que declarase la nulidad de la sentencia por el golpe del 1-O y ordenase su "inmediata liberación" para que pueda acudir al Parlamento Europeo y obtener su acta de eurodiputado.
La Fiscalía ya solicitó la semana pasada tras conocerse la sentencia del TJUE que Junqueras fuera inhabilitado y perdiera su condición de eurodiputado. El Ministerio Público solicitaba la ejecución inmediata de la pena de inhabilitación y la comunicación, a la mayor brevedad posible, al Parlamento Europeo la situación procesal del citado y que se remitiese la sentencia dictada contra él, a fin de que surta los efectos oportunos en relación con la pérdida de su condición de Europarlamentario".
Por su parte, Vox, que ejerce de acusación popular en la causa del 1-O, mantenía el criterio seguido por la Fiscalía al considerar que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE no afecta a su condena, y pedía al Supremo mantener en prisión al líder de ERC y que ejecute su inhabilitación.