La Generalidad hace todo lo posible por entorpecer las tareas del Ejército en la lucha contra el coronavirus en Cataluña. Las autoridades regionales ponen pegas a que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se haga cargo de la desinfección de las residencias de ancianos, a pesar de las peticiones directas de los responsables de las mismas, y también a las instalaciones sanitarias habilitadas de urgencia tanto por el Ejército como por la Guardia Civil.
El último episodio ha sido la negativa de la consejería de Salud, en manos de Alba Vergés (ERC) a utilizar el hospital de campaña montado por la Guardia Civil en la localidad barcelonesa de San Andrés de la Barca, unas instalaciones que fueron pedidas por el alcalde, el socialista Enric Llorca, y visadas por representantes de la Organización Mundial de la Salud. Se trata de un hospital de campaña con 140 camas medicalizadas que el gobierno catalán ha decidido no utilizar a pesar de las peticiones del municipio.
La negativa ha dado pie a una querella por homicidio contra el presidente de la Generalidad, Quim Torra, y contra la consejera Alba Vergés. La denuncia ha sido presentada en un juzgado de Martorell sobre la base de que la utilización de las camas disponibles en el polideportivo de San Andrés de la Barca podría haber rebajado la presión sobre el hospital de referencia, el de Martorell, y permitido un mejor tratamiento para muchos ancianos que han tenido que soportar la enfermedad en sus casas o en residencias de la tercera edad, en algunos casos con el resultado de su fallecimiento.
Esta denuncia se suma a la presentada en un juzgado de Sabadell por el bloqueo del hospital de campaña que el Ejército habilitó en otro polideportivo de esa ciudad. En ese caso, la Generalidad paralizó las obras de acondicionamiento porque no le gustaba la "estética militar" en la disposición del recinto. Finalmente, el hospital se pudo concluir y utilizar por la presión de las autoridades municipales y los responsables del centro hospitalario de Sabadell, el Parc Taulí.
Por su parte la organización constitucionalista Impulso Ciudadano ha elevado una queja ante el Defensor del Pueblo ante el hecho de que la Generalidad "esté dificultando de manera premeditada la actuación de las Fuerzas Armadas en las labores asistenciales, de prevención y de control de la pandemia del coronavirus por razones espurias y sectarias".
Según el presidente de esta asociación, José Domingo, el Defensor del Pueblo debe reclamar al Gobierno que ordene a las autoridades autonómicas "que cesen en el comportamiento obstaculizador" y debe también elevar las actuaciones a las autoridades judiciales y al Minisiterio Fiscal por si aprecian indicios de comportamiento delictivo.