Rodrigo Lanza ha sido declarado culpable del asesinato de Víctor Laínez, a quien golpeó hasta la muerte el pasado 8 de diciembre de 2017 en Zaragoza por el "delito" de portar unos tirantes con la bandera de España. No fue el primer crimen que cometió en España. El 4 de febrero de 2006, Lanza atacó a un guardia urbano de Barcelona, Juan José Salas, que intervenía en el desalojo de una fiesta okupa. El asesino le tiró una piedra que impactó en la cabeza del agente, quien a consecuencia de la lesión quedó en "estado vegetativo persistente" según sentencia de la Audiencia de Barcelona.
Aquel crimen no quedó impune, pero casi. Lanza salió de la cárcel a los cuatro años tras una imponente campaña de la izquierda barcelonesa que sembró toda clase de sospechas sobre el procedimiento judicial. Lanza, nieto de un almirante de la Armada chilena y notable del pinochetismo, contó con el apoyo de personajes como el letrado Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont y Torra (condenado por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla), Jaume Asens, portavoz de Podemos en el Congreso, Gerardo Pisarello, diputado de Podemos, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, Pablo Iglesias, Irene Montero, Rafa Mayoral o los periodistas Jordi Évole y Julia Otero, quienes a raíz de un documental que cuestionaba el veredicto se sumaron a la corte de amigos del "inocente" Rodrigo Lanza. La primera le entrevistó en su programa y se hizo cruces de cuan dura debía ser la cárcel para un inocente. El segundo escribió un artículo en El Periódico titulado Ciutat Morta o cómo la mierda flota en el que no albergaba la más mínima duda de que Lanza había sido torturado.
El "documental"
Ciutat morta es el título del documental, una pieza dirigida por Xavier Artigas y Xapo Ortega, que recibió el premio Ciutat de Barcelona, obtuvo el galardón de "mejor documental" en el Festival de Cine de Málaga y se emitió por TV3 generando un gran escándalo a favor de la candidatura de Ada Colau a la alcaldía de Barcelona. Los autores aceptaron el premio del Ayuntamiento, dotado con siete mil euros, pero se negaron a recibirlo de las manos del entonces alcalde, el convergente Xavier Trias, quien se quedó en el escenario con cara de circunstancias. Sería uno de sus últimos actos como primer edil de la capital de Cataluña.
A aquellas alturas, se daba por descontado que el encarcelamiento de Lanza se debía a un montaje policial. Además, el documental relataba el suicidio de una de las detenidas por aquellos hechos, Patricia Heras, lo que aportaba aún más carga dramática. Del agente postrado en una silla de ruedas nadie se acordaba. El movimiento okupa hacía bromas con Juan José Salas, quien según aquella gente se habría caído solo.
Boye y Asens formaban parte del amplio dispositivo jurídico que se dedicaba a defender en Barcelona a antisistema, okupas, anarquistas violentos y altermundistas radicales, la "fauna" antiglobalización que pululaba por la Ciudad Condal con la complicidad de instrumentos como el "Observatorio de Derechos Económicos Sociales y Culturales", la plataforma de dónde salieron catapultados hacia el Ayuntamiento Colau, Pisarello y Asens y en la que Boye ejerce como patrono.
Una vez instalados en el poder, no tuvieron el más mínimo empacho en financiar una asociación de la madre de Rodrigo Lanza, Centro para la Defensa de Derechos Humanos Iridia, con treinta mil euros. Pablo Iglesias, Irene Montero y Rafa Mayoral llegaron a reunirse con la mamá del asesino para mostrarle todo su apoyo y conmiseración. Lanza era entonces una víctima de las supuestas "cloacas" policiales de Barcelona en vez de un criminal con padrinos. Ahora, todos ellos guardan silencio. También en la Universidad de Salamanca, donde en 2009 llegaron a ceder sus instalaciones para que Lanza diera una conferencia con el título de "Proceso de fascistización y montajes policiales".