Un juzgado de Alicante condena a Generalidad valenciana de Ximo Puig por no proteger a los sanitarios frente a la covid

El Juzgado de lo Social nº 5 de Alicante ha condenado a la Consejería de Sanidad de la Generalidad valenciana que preside Ximo Puig por no suministrar material de protección al personal sanitario durante la primera ola de la pandemia de la covid-19 "generando un grave riesgo para la seguridad y salud de los facultativos sanitarios".

Según la sentencia, desde que se inició el estado de alarma en marzo, la Consejería que dirige Ana Barceló "ha incumplido la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales, generando un grave riesgo para la seguridad y salud de los facultativos sanitarios de ámbito provincial pertenecientes al Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (menos los partidos de Elche y Benidorm)".

Ante esta situación, ha condenado a la Consejería a suministrar en cantidad y calidad suficiente los equipos de protección individual (EPI) necesarios a los profesionales afectados y a fijar las indemnizaciones a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Así responde el juzgado a la demanda del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CEMS-CV). El fallo apunta que la falta de material de personal sanitario provocó "su exposición directa al contagio" de coronavirus.

Tras esta resolución, el CEMS-CV ha aplaudido la sentencia y su secretario general, Víctor Pedrera, ha exigido la dimisión de la consejera Barceló, mientras subrayaba que el sindicato "no va a descansar hasta que se agoten todos los procesos judiciales derivados de su nefasta gestión de la pandemia". "Las autoridades sanitarias despreciaron al colectivo médico durante la primera ola del coronavirus y estamos satisfechos porque nuestros derechos hayan sido reconocidos por los tribunales", afirmaba.

En la misma línea, el responsable jurídico del sindicato, Guillermo Llago, sostenía que esta sentencia «deja sin lugar a dudas la necesidad de investigar la responsabilidad penal de la consellera y los directivos de la Conselleria, esperando que de forma urgente se proceda a la admisión de la querella interpuesta en abril ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV)". "La sentencia remite que se fijen las indemnizaciones que se merecen los médicos demandantes a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, una parte que va a recurrir el sindicato para que sea el TSJCV el que fije las cuantías», explicaba.

En las próximas semanas, están previstos nuevos juicios en los Juzgados de Benidorm, Elche, Castellón y Valencia por los mismos hechos.