El Tribunal Supremo ultima su decisión sobre las querellas presentadas por la pandemia de la covid-19 contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que el Alto Tribunal pretende tener lista su resolución si no hay contratiempos antes de las vacaciones de Navidad. De hecho, las deliberaciones de los magistrados de la Sala Penal se producirían en estos días.
La Fiscalía solicitó al Supremo en septiembre el archivo masivo de la veintena de querellas presentadas contra el Ejecutivo por su gestión de la pandemia. El teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, firmaba el informe de 310 páginas en el que se efectuaban distintas valoraciones orientadas a defender la actuación del Gobierno de PSOE y Podemos y responsabilizar a las Comunidades Autónomas de las consecuencias negativas de esta crisis sanitaria.
El informe de Navajas provocó una gran indignación en el seno del Ministerio Público, ya que se consideraba que había actuado como un "abogado del Gobierno", al defender las decisiones de Sánchez, del ministro de Sanidad, Salvador Illa, o del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
En la elaboración del citado informe, colaboraron el fiscal de Sala Jefe de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, la fiscal de Sala Delegada en materia de Tutela y Protección de los Intereses de las Víctimas en el proceso penal, Pilar Fernández Valcarce, la Unidad Especializada de Siniestralidad Laboral, así como la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado que encabeza Álvaro García Ortiz, mano derecha de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que, a falta de las deliberaciones, los magistrados tienen claro que las querellas presentadas contra el Ejecutivo son "muy diferentes y diversas", abarcando numerosos hechos presuntamente delictivos que deben ser estudiados detalladamente antes de tomar una decisión generalizada al respecto. Es decir, inicialmente podría rechazarse la tesis de la Fiscalía de un archivo masivo de las mismas. "Todo está en el aire", afirman.
En este contexto, cabe destacar que las querellas presentadas contra Sánchez, Illa o directamente contra todo el Consejo de Ministros apuntan presuntos delitos tan variados como malversación, delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, homicidios y lesiones imprudentes, genocidio, delito de lesa humanidad, prevaricación administrativa u omisión del deber de socorro. Algunos de ellos con nulo recorrido judicial.
"Muchas de las querellas están mal planteadas o son inverosímiles jurídicamente. Sin embargo, otras están bien elaboradas y además sólo se trata de que se abra o no una investigación, no de procesar a nadie todavía", aseguran otras fuentes.
Los querellantes son el partido político Vox, asociaciones como la Asociación de Abogados Cristianos, Asociación HazteOir.org, Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL), Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Asociación de Médicos Titulados Superiores, Central Sindical Independiente de Funcionarios CESIF, Central Unitaria de Trabajadoras (CUT) y Asociación Terra Sos-Tenible, así como diversos particulares, además de una asociación que representa a 3268 personas.
Los argumentos de la Fiscalía
En el informe remitido por la Fiscalía al Supremo, Luis Navajas aseguraba que "no resulta cierto que los querellados no desarrollaran actuación alguna con anterioridad al 14 de marzo de 2020, pues resulta notorio que el Gobierno, y en particular el Ministerio de Sanidad, desarrolló diversas actuaciones dentro del limitado marco de sus competencias en materia de coordinación de la sanidad interior".
También defendía a los ministros por el 8-M: "Resulta evidente que no es posible atribuir a los miembros del Gobierno de España responsabilidad por las manifestaciones y demás celebraciones del día 8 de marzo, pues lo cierto es que en aquella fecha no gozaban de facultad o competencia alguna asociada a la celebración de aquellos eventos, resultando por ello inviable atribuirles los resultados lesivos derivados de su celebración".