El Tribunal Supremo remitirá la causa por corrupción de la candidata de JxCat, Laura Borràs, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en las próximas semanas. La Sala Segunda del Alto Tribunal la investigaba hasta el momento por delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Según la investigación, Borràs adjudicó 18 contratos menores por un importe total de 259.863 euros entre los años 2013 y 2017 al informático Isaías Herrero, con quien mantenía una relación de amistad. Dichas adjudicaciones se efectuaron a través de la Institución de las Letras Catalanas ILC, que ella misma dirigía.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "sólo hace falta que Borrás renuncie a su escaño en el Congreso de los Diputados y sea proclamada diputada en Cataluña tras las elecciones autonómicas celebradas este domingo. Posteriormente, el Supremo dictará un auto en el que afirmará que deja de ser competente y mandará las actuaciones al TSJC, ante el que estará aforada Borrás al convertirse en diputada del Parlamento catalán".
En los comicios del 14-F, JxCat era la tercera fuerza más votada y obtenía 32 escaños. No se descarta incluso que Borrás pueda convertirse en vicepresidenta de la Generalidad de Cataluña en un Gobierno presidido por Pere Aragonés de ERC.
A pesar de que el magistrado del Supremo, Eduardo de Porres, abría la causa penal contra Borrás en diciembre del 2019, a lo largo de este tiempo no se han logrado concluir las diligencias solicitadas por su defensa o por la Fiscalía. "La lentitud de la instrucción ha provocado que los hechos vuelvan a Cataluña. Si el Supremo hubiera dictado el auto de procedimiento abreviado (procesamiento) Borrás hubiera tenido que ser juzgada en el Supremo", afirman.
Cabe destacar que Borrás se negó en julio a declarar ante el magistrado instructor del Supremo alegando que estaba a la espera de practicar una prueba pericial solicitada por su defensa, dirigida por el letrado Gonzalo Boye, que también defiende al expresidenta catalán fugado, Carles Puigdemont.
Una vez la causa regrese al TSJC, se deberá designar a un nuevo instructor que tendrá que estudiar el caso desde su inicio. Posteriormente, el juez decidirá si realiza más diligencias de investigación, si procesa a Borrás o bien archiva la investigación.
Cabe destacar, que la propia candidata de JxCat puede solicitar al nuevo instructor declarar, tras negarse a hacerlo ante el instructor del Tribunal Supremo. "Puede tardarse un año y medio en saber el desenlace del caso Borrás", apuntan las mismas fuentes.
El recorrido de la causa
La Sala Segunda del Tribunal Supremo abrió en diciembre de 2019 la causa penal a Laura Borrás, tras recibir una exposición razonada del Juzgado de Instrucción nº 9 de Barcelona.
El Supremo destacó entonces que los hechos descritos en la exposición razonada enviada por el Juzgado de Barcelona y atribuidos a la persona aforada "podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental". El tribunal extendió su competencia, además de a Borrás, a Isaías Herrero Florensa, por la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye a esta persona y la que se imputa a la aforada.
Según los investigadores, Borrás y Herrero habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes.