El Ministerio del Interior llevaba algo más de un mes trabajando para no perder a uno de los asesores clave de Fernando Grande Marlaska. La legalidad marca que los funcionarios de la Policía Nacional deben dejar su puesto a los 65 años. Y las urgencias empezaban a llegar porque la fecha límite se cumplía a mediados de este mes marzo.
El comisario José Antonio Rodríguez González, conocido como con el sobrenombre de Lenin en los círculos policiales por su afinidad política al PSOE, cumple en unos días los 65 años y tenía que abandonar a la fuerza su puesto como director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, uno de los puestos clave en la dirección de las Fuerzas de Seguridad del Estado desde el Ministerio del Interior.
Marlaska quería mantenerle en su puesto. Le designó para el cargo al poco de tomar posesión, por consejo del PSOE, pese a que ese puesto llevaba décadas ocupado por altos mandos de la Guardia Civil, y ahora no quería dejarle marchar. La única opción era rebuscar en la maraña legal para encontrar una modificación orgánica que pudiese dar cobertura a su permanencia, y así se ha hecho.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes al mediodía un real decreto del Ministerio de Política Territorial y Función Pública que varía la estructura básica orgánica del departamento de Fernando Grande Marlaska para trasformar el Gabinete de Coordinación y Estudios en una dirección general dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. De este modo, al frente de la misma puede estar un cargo político de libre designación y no un técnico policial.
De la misma forma, el cónclave ministerial nombraba a José Antonio Rodríguez González como nuevo director general del Gabinete de Coordinación y Estudios. Es decir, la operación para salvar al soldado Lenin ha consistido en crear un puesto político de libre designación por encima del que estaba ocupando para que pueda seguir ocupando el cargo que tenía. Eso sí, sin fecha de caducidad por la edad –solo por cambios políticos– y con más salario.
La operación de Marlaska no ha sentado bien en buena parte de las Fuerzas de Seguridad, ya que consideran que este movimiento lo único que hace es politizar una estructura de Interior que estaba conformada por personal técnico –altos mandos de Policía y Guardia Civil– y cuya estructura se venía manteniendo con independencia de los cambios que producen en el Ministerio por la alternancia de ministros o de partidos en el Gobierno.
El culmen del malestar se centra en la propia redacción del Real Decreto, en la que se dice que "es preciso contemplar la posibilidad de que la persona titular de la Dirección General de Coordinación y Estudios pueda no ostentar la condición de funcionario público, atendiendo a las especiales características de este órgano" puesto que "el elevado número de funciones asumidas actualmente por el Gabinete de Coordinación y Estudios entrañan por su propia naturaleza un evidente cariz político, más allá del carácter exclusivamente técnico-profesional que inicialmente se le confirió".
Es decir, el decreto reconoce que Interior cree que ha llegado el momento de que ese órgano que dirige a las Fuerzas de Seguridad deje de ser técnico-profesional y pase a ser político, para lo que se ampara en la asunción de competencias sobre protección de infraestructuras críticas, la coordinación en ciberseguridad y la coordinación del Plan de Prevención Antiterrorista, que se vienen ejerciendo sin intencionalidad política desde hace bastantes años.
El comisario Lenin nació en 1956 e ingresó en el Cuerpo Superior de Policía en 1977, pasando a la jubilación este mes. Siempre vinculado a los sindicatos más de izquierdas del cuerpo (Plataforma Unitaria de Policía-PUP y Sindicato Unificado de Policía-SUP) llegó por primera vez al Ministerio del Interior con Juan Alberto Belloch en 1994. Allí fue jefe del Servicio de Análisis y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, que entonces mandaba Margarita Robles.
Con la llegada del PP y José María Aznar al Gobierno en 1996, Lenin abandonó Interior y creó el Instituto de Estudios de Seguridad y Policía (IESP), que dependía del SUP, entonces el sindicato más grande del cuerpo, comandado por José Manuel Sánchez Fornet. Y allí se mantuvo hasta que en 2004 volvió el PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno y a él se le nombró asesor del secretario de Estado de Seguridad.
Como asesor de Antonio Camacho, número dos de Alfredo Pérez Rubalcaba, solo estuvo dos años, pues ascendió a director de Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI). Y de ahí, en 2012, saltó a la Embajada de España en Pekín, un destino con un salario de más de 20.000 euros mensuales que fue considerado un premio a su labor en Interior. Volvió a España en 2015 y había ocupado puestos relacionados con su cargo de comisario hasta que volvió a ser reclamado por el PSOE para ayudar a Marlaska en 2018.