Policías piden la inmediata distribución de las pistolas eléctricas tras las últimas agresiones

La Dirección General de la Policía Nacional anunció en octubre de 2020 la compra de 600 táser o pistolas eléctricas. Un elemento que permite a los agentes reducir a personas violentas sin que se ponga en riesgo la integridad física de los policías que participan en la actuación. En ese mismo anuncio se informaba de que se iban a realizar cursos de formación a los agentes antes de su distribución. Nada se sabe desde entonces.

La cúpula policial argumenta que hay un problema y que tiene que ver con la Ley de Protección de Datos. Las pistolas eléctricas adquiridas incluyen pequeñas cámaras de vídeo para grabar las intervenciones policiales en las que son empleadas y parece que en la Dirección General no tienen claro el encaje legal. Aunque en el cuerpo también se sospecha que el motivo es el rechazo a las mismas de los socios parlamentarios del Gobierno (Podemos, ERC, EH Bildu…).

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha exigido este lunes a la Dirección General el inmediato reparto de estas pistolas eléctricas: "la seguridad de los policías y de los ciudadanos no puede depender de la falta de interés de la Dirección General de la Policía. Cada día que pasa sin que se haga entrega de los medios eléctricos de control a la Policía Nacional, aumenta el riesgo para todos, y la única responsable es la Dirección General".

La exigencia del sindicato policial llega después de que este fin de semana media docena de agentes hayan sido agredidos en intervenciones policiales en Córdoba y Zaragoza. En unas intervenciones en las que la agresividad de los finalmente detenidos no habría tenido consecuencias físicas para los agentes si hubieran podido utilizar pistolas eléctricas para reducirlos.

"Han pasado 15 meses desde la compra y las táser siguen cogiendo polvo en un almacén y no se ha formado en el uso del nuevo armamento a los policías de Seguridad Ciudadana que son los que más lo necesitan. El Ministerio del Interior debe entregar de inmediato los dispositivos eléctricos a los policías nacionales que lo necesitan, o explicar si es cierto que el retraso en la entrega de los dispositivos tiene un trasfondo político", plantean desde el SUP.

"Desde el SUP denunciamos que lo que no vale para la Policía Nacional, sí vale para otros cuerpos policiales autonómicos y locales de España que desde hace tiempo usan las llamadas pistolas Taser con éxito como alternativa al empleo de armas de fuego en situaciones con riesgo evidente para policías, infractores y ciudadanos", añaden desde el sindicato policial.

"Denunciamos la discriminación y el desamparo que sufre la Policía Nacional a manos de quienes precisamente deben velar por el bienestar de los policías, y volvemos a insistir en que se distribuyan de forma inmediata los cientos de dispositivos eléctricos que el Ministerio del Interior compró para la Policía Nacional. La integridad de los policías no puede verse en peligro por no disponer de los medios que ya estaban adquiridos", concluyen desde el SUP.