La titular del Juzgado de Instrucción Nº 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha citado a la compañía Plus Ultra en calidad de investigada como persona jurídica para que declare el próximo 15 de junio.
La aerolínea chavista es investigada después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la rescataran con 53 millones de euros con un préstamo participativo por valor de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones.
La magistrada ha acordado interrogar por primera vez al representante legal de la aerolínea para esclarecer los hechos que darían lugar a un presunto delito de malversación y prevaricación. De esta forma, se ha estimado la petición de Vox, que ejerce la acusación popular en la causa junto al PP y Manos Limpias.
La instructora considera pertinente escuchar a la compañía después de que los peritos que redactaron el informe encargado por el juzgado y los que firmaron el solicitado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) presentaran sus conclusiones ante el Juzgado el pasado 29 de marzo. Los expertos aseguraron entonces que parte de la subvención concedida por el Ejecutivo a Plus Ultra se destinó a un pago realizado a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Además, los peritos del juzgado incidieron en que la compañía --apenas recibió la ayuda-- procedió al pago íntegro de una deuda con la estatal venezolana. Los peritos de Deloitte y DC Advisor, por su parte, explicaron que se trataba de un pago a un proveedor.
Desde Plus Ultra confirmaron que durante el careo se abordó el pago relativo a la petrolera. Indicaron que el equipo de peritos que asesoró a la SEPI aclaró que "la deuda con PDVSA no se había podido pagar por motivo del embargo y las sanciones internacionales". La empresa subrayó, además, que la petrolera es la proveedora de combustible de todas las compañías que operan en Caracas, no solo de Plus Ultra, e insistieron en que este "problema" afecta a todas las aerolíneas que vuelan a Venezuela.
Ante esta actuación, los peritos independientes del juzgado indicaron que "lo habitual" en una empresa que necesita una ayuda pública es aplazar la deuda y hacer esperar a los proveedores.
Durante el careo, estos cuestionaron que la compañía pudiera recibir la subvención de 53 millones de euros, mientras que los segundos defendieron la decisión de la SEPI de conceder la ayuda. Así, ambos equipos se ratificaron en los informes que aportaron al juzgado y que ya defendieron el pasado 18 de enero en un primer careo que tuvo que repetirse ayer a raíz de un fallo técnico.
Recordamos que en dos horas y media aproximadamente, los peritos respondieron a preguntas de la magistrada Esperanza Collazos, la Abogacía del Estado, la Fiscalía y las acusaciones populares ejercidas por Manos Limpias, PP y Vox.